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Redacción Nacionales
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La abogada penalista Roxana Cardona aseguró en Encuentro con Julio Villagrán que en El Salvador se está produciendo una “normalización” de medidas extraordinarias bajo el régimen de excepción, mientras el poder político se impone sobre el derecho y las garantías constitucionales.
Durante la conversación, Cardona sostuvo que muchas personas han comenzado a asumir como normales situaciones que, desde su perspectiva, representan graves vulneraciones a derechos fundamentales. La jurista afirmó que existe una resignación social alimentada por el miedo y por la falta de resultados visibles de las protestas o reclamos ciudadanos.
“Hay gente que está normalizando porque está viendo que la lucha se hace pero no tiene ningún tipo de resultado”, expresó.
Aunque, dijo Cardona, el régimen de excepción se encuentra en un proceso de desgaste político y social. Aseguró que, a medida que la población pierde el miedo a las pandillas, también empieza a perder el miedo al Gobierno y comienza a reclamar por otras problemáticas como el desempleo, el deterioro de calles, la falta de agua y otros problemas sociales.
La abogada afirmó que el Ejecutivo mantiene una narrativa permanente de temor para conservar apoyo popular, pero también la gente está comenzando a cuestionar. Señaló que la difusión de mensajes sobre un eventual regreso de las pandillas que el gobierno mantiene en la televisicón nacional, busca mantener un “enemigo común” en la mente de la población.
En ese contexto, criticó videos divulgados en medios y redes sociales donde se advierte que, si la oposición obtiene más diputados en la Asamblea Legislativa, las pandillas regresarían a las calles.
“Esa publicidad va dirigida a neutralizar votos de personas indecisas”, afirmó, tras lamentar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ordena la divulgación de esos mensajes de campaña adelantada.
Durante la entrevista, explicó que aunque el régimen de excepción pudiera eliminarse formalmente, las reformas legales aprobadas en los últimos años han creado una estructura jurídica paralela difícil de desmontar.
Mencionó entre ellas las reformas penales, los juicios colectivos y la creación de tribunales especializados. Según explicó, esto ha convertido medidas extraordinarias en mecanismos permanentes del sistema judicial.
“No va a ser de la noche a la mañana volver al estado anterior. Va a costar años”, aseguró, en referencia a reestablecer el Estado de Derecho en el país.
Cardona también cuestionó la rapidez con que la Asamblea Legislativa aprueba leyes. Según afirmó, en algunos períodos se han aprobado decenas de normativas en pocos meses sin suficiente discusión pública ni análisis técnico.
“La gente no alcanza a procesar qué es lo que están aprobando”, señaló. “Las leyes deben ser claras, precisas y discutidas” para que le queden claras a la gente, dijo la abogada.
La jurista indicó que esta situación provoca contradicciones entre leyes y genera inseguridad jurídica, ya que distintos jueces podrían interpretar de forma diferente normas que, según ella, fueron aprobadas sin suficiente debate.
En otro momento de la entrevista, Cardona habló sobre las capturas realizadas bajo el régimen de excepción y relató casos de personas detenidas tras denuncias anónimas.
Explicó que existe un decreto que permite reportes telefónicos sobre presuntos pandilleros y afirmó que, en algunos casos, las capturas se producen más por sospechas o apariencia que por pruebas directas de delitos.
“A mucha gente la han capturado porque parece delincuente, no porque haya cometido un delito”, expresó.
La abogada aseguró que actualmente el “poder” tiene más peso que el derecho y puso como ejemplo casos donde personas con órdenes de libertad continúan detenidas en centros penales.
“Centros Penales no tiene potestad para negarse a cumplir una orden judicial, pero lo están haciendo”, afirmó.
En materia política, Cardona rechazó la idea de que una eventual oposición legislativa pudiera liberar automáticamente a personas detenidas bajo el régimen de excepción.
Explicó que cualquier reforma necesitaría pasar por el Ejecutivo y enfrentaría además controles del sistema judicial.
“No es tan fácil como decir que el lunes siguiente van a abrir las cárceles”, sostuvo. La gente debe conocer el proceso de la ley: la Asamblea Legislativa, la aprueba, luego ésta pasa al Ejecutivo para su aprobación, observación o veto, explicó la abogada, al refutar la propaganda del Ejecutivo de que al ganar la oposición van a dejar libres a los pandilleros.
La centralización
La entrevista también abordó el tema de la centralización de funciones municipales. Cardona criticó el traslado de competencias de las alcaldías hacia la Dirección de Obras Municipales (DOM), argumentando que eso ha alejado las soluciones de las comunidades.
Comentó declaraciones del alcalde de Santa Ana Oeste, quien explicó que mercados y calles ya no son responsabilidad directa de las alcaldías, sino de instituciones como la DOM.
Para la abogada, esto ha generado frustración ciudadana, ya que muchas personas siguen acudiendo a sus alcaldes locales en busca de soluciones y no las encuentran.
“La centralización aleja más al municipio del habitante”, afirmó.
Cardona señaló que varias comunidades han comenzado a organizarse por cuenta propia para reparar calles o desarrollar obras, incluso, con apoyo de salvadoreños residentes en el exterior.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía comienza a reclamar mayor equilibrio institucional y contrapesos políticos frente a la concentración de poder.
“Cuando se le da todo el poder a un solo sector, después la gente empieza a pedir controles”, concluyó.
