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Por: Luis Rafael Moreira Flores
En los próximos días, una delegación oficial de El Salvador partirá hacia Ginebra con una misión clara: convencer a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que el país ha subsanado sus deudas históricas y debe ser excluido de la «Lista Corta» de países violadores de estándares laborales. Sin embargo, tras la narrativa de éxito que proyecta el Gobierno y la Vicepresidencia, se esconde una realidad de desmantelamiento sindical que contradice cualquier discurso de progreso.
¿Por qué estamos en la lista?
Para entender el presente, hay que recordar que la permanencia de El Salvador en la mira de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT no es gratuita. Durante años, dos expedientes han sido el ancla del país en dicha lista: la impunidad en torno al asesinato de Victoriano Abel Vega un líder sindical de Santa Ana y las persistentes quejas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) sobre la falta de canales efectivos de diálogo tripartito.
Históricamente, la queja de la ANEP servía, paradójicamente, como un paraguas para los movimientos sindicales independientes, pues garantizaba que la mirada internacional permaneciera sobre el país. No obstante, el tablero ha cambiado.
El actual despliegue mediático, liderado por la Vicepresidencia y el Ministerio de Trabajo, no es fruto de una mejora en las condiciones laborales, sino de una hábil ingeniería política. La estrategia gubernamental se ha basado en cuatro pilares cuestionables:
- La pacificación de la empresa privada: La llegada de José Luis Saca Jiménez—vinculado a sectores tradicionales y en sintonía con la nueva dinámica política— a la dirigencia de la ANEP, parece haber facilitado un pacto de silencio. El objetivo es que la patronal retire sus demandas internacionales a cambio de una «armonía» que favorezca la imagen país para la atracción de préstamos y respaldo internacional.
- El descabezamiento del liderazgo: Mientras se da la orden desde la presidencia, en las instituciones se han ejecutado despidos sistemáticos del liderazgo de las centrales sindicales que mantenían vivas las demandas por violaciones a la libertad sindical. Sin líderes, no hay queja; sin queja, parece haber paz. Teniendo en cuenta la débil sinergia de sectores sociales que apoyen las luchas justas.
- Sindicatos a medida: La conformación del Consejo Superior del Trabajo se ha visto empañada por denuncias de «compra de voluntades», creando un foro tripartito donde las voces obreras no son representativas, sino afines a las directrices del Ejecutivo.
- Otras Centrales Sindicales con miedo y apatía, sobreviviendo sin ningún beneficio, ni protección. Más bien con la amenaza de ser intervenidos si no se unen al juego.
La realidad detrás de la propaganda
Frente a las cámaras en Ginebra, se hablará de modernización. Pero en las calles de San Salvador, los datos cuentan una historia de terror laboral. La cifra es alarmante: más de 500 líderes sindicales con fuero legal han sido despedidos de diversas instancias gubernamentales mediante resoluciones amañadas que ignoran la protección constitucional que su cargo les confiere.
A esto se suma una purga masiva en el sector público. Se estima que alrededor de 47,000 trabajadores gubernamentales han sido despedidos en los últimos dos períodos, una cifra que desestabiliza a miles de familias y precariza el servicio público. El cerco se cierra también en lo administrativo: hoy existen más de 200 sindicatos sin credenciales vigentes, asfixiados por la burocracia del Ministerio de Trabajo que se niega a reconocerlos, mientras que 30 nuevas organizaciones independientes esperan, una respuesta que no llega. La impunidad de dos dirigentes sindicales con fuero asesinados en prisión, tres sindicalistas presos y la salida de lideres sindicales del país por persecuciones policial.
El grito internacional y la lucha sindical
En documentos presentados a la OIT en los últimos años por las organizaciones Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), junto a la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS), la Confederación Union de Trabajadores Salvadoreños CUTS y la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS), se unieron para buscar otras resoluciones de la OIT, denuncias sistemáticas, como resultado una serie de reuniones entre la OIT de la región y liderazgos sindicales, pero sin resoluciones claras. Pero ha sido la CNTS la que mantiene la labor de documentar cómo la estrategia oficial busca no solo despedir, sino aniquilar la dirigencia para terminar con la figura misma del sindicato.
Estas denuncias han trascendido fronteras. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Federación Sindical Mundial (FSM) mantienen un monitoreo constante. Delegaciones salvadoreñas, como la del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) que acudió a la oficina regional de la OIT en Costa Rica en febrero de 2025 y la reciente delegación de la FESTRAJUSAL del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), entre otras organizaciones sindicales, han presentado pruebas irrefutables de que el Estado salvadoreño ignora los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva.
Un lugar ganado a pulso
El Salvador busca salir de la lista corta para limpiar su imagen ante los organismos financieros internacionales, necesitado de liquidez y reconocimiento. Pero la salida de esta lista no debería ser un trámite diplomático o el resultado de un acuerdo bajo la mesa con sectores patronales y sindicatos «amigos».
Si la OIT decide retirar a El Salvador de su lista de vigilancia en las sesiones de junio en Ginebra, estará ignorando el clamor de miles de trabajadores despedidos y la agonía de un movimiento sindical independiente que está siendo asfixiado. Mientras persista la persecución, mientras las credenciales sean un arma política y mientras el fuero sindical sea papel mojado, El Salvador no solo merece estar en esa lista, sino que es el espejo de lo que la comunidad internacional no debe permitir.
La propaganda puede engañar a algunos, pero el hambre de los despedidos y la ausencia de justicia laboral son realidades que no se pueden maquillar con discursos diplomáticos. La lucha de los trabajadores continúa, esperando que, al final del día, la verdad en Ginebra sea más fuerte que el luces de San Salvador.
