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LA FALAZ MENTIRA DE BUKELE SOBRE SU APOYO A LA EDUCACIÓN
Por: Raúl Amílcar Palacios
El pasado domingo, el país presenció una nueva entrega masiva de infraestructura escolar: 70 centros educativos inaugurados bajo el sello de Mi Nueva Escuela. La narrativa oficial presentó el evento como un logro histórico, una prueba irrefutable de una transformación profunda del sistema educativo. Sin embargo, cuando se contrastan los datos con las promesas originales, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se sostiene un discurso de éxito cuando la aritmética revela un incumplimiento superior al 95%?
El espejismo de las cifras
La administración Bukele inició con una promesa contundente: construir o remodelar tres escuelas por día, lo que equivaldría a casi 1,000 centros anuales. Bajo esa proyección, al cierre de siete años El Salvador debería contar con 7,000 escuelas transformadas.
Ante la imposibilidad física de cumplirlo, la meta se redujo a dos escuelas diarias, unas 730 por año.
Pero los datos oficiales muestran otra realidad. Si después de siete años el hito a celebrar es un paquete de 70 escuelas, y el acumulado total apenas supera las 200 intervenciones profundas, el promedio real ha sido una escuela cada 12 días.
Esta brecha no es un simple error de cálculo: es una distorsión estadística que intenta sustituir la cobertura nacional con eventos de alta visibilidad. La estrategia consiste en presentar inauguraciones puntuales como si fueran equivalentes a una reforma estructural, cuando en realidad representan una fracción mínima del universo escolar.
El “misterio” del financiamiento: menos presupuesto, más deuda
Uno de los puntos más críticos es la contradicción entre el presupuesto del Ministerio de Educación (MINED) y la magnitud de la obra física presentada. Mientras el Presupuesto General ha mostrado reducciones o estancamientos en educación, el gobierno sostiene públicamente que se está realizando “la mayor inversión de la historia”.
La pregunta es inevitable: ¿de dónde provienen los fondos?
La respuesta no está en una gestión eficiente de los impuestos, sino en endeudamiento externo acelerado y opaco. El análisis de las cuentas públicas revela que la infraestructura escolar se sostiene sobre préstamos internacionales:
- $200 millones del BCIE, destinados exclusivamente a Mi Nueva Escuela.
- Fondos adicionales del Banco Mundial y el BID, que superan los $250 millones.
Este modelo ha desplazado la responsabilidad del MINED hacia la Dirección de Obras Municipales (DOM), una institución que opera bajo regímenes de reserva total. Esto impide conocer el costo real de cada obra, los procesos de contratación y el origen exacto de los fondos.
El resultado es una infraestructura financiada con deuda externa masiva, que no aparece reflejada en el gasto corriente del ramo y que crea una ilusión de sostenibilidad financiera.
De la reparación a la fachada
La comparación con administraciones pasadas suele usarse como distractor. Gobiernos anteriores reportaban cientos de “reparaciones” que, aunque de bajo impacto estético, mantenían la operatividad básica de la red escolar.
La administración actual ha optado por la “reforma integral”: demoler y reconstruir pocos centros con estándares modernos.
El problema surge cuando esta estrategia se convierte en herramienta de campaña preelectoral. La prioridad se desplaza hacia el hardware (laptops, tablets) y la estética del edificio, mientras se descuida la infraestructura esencial.
Un centro escolar con fibra óptica en una zona sin agua potable, sin acceso vial digno o sin servicios básicos es, en esencia, un set de televisión para la narrativa gubernamental, no una solución educativa integral.
La educación no se sostiene únicamente con edificios nuevos, sino con maestros capacitados, programas pedagógicos sólidos, mantenimiento continuo, conectividad real y condiciones dignas para el aprendizaje.
La verdad incómoda: 70 escuelas no son un sistema educativo
El país cuenta con más de 5,100 centros escolares. Transformar 70 equivale a intervenir apenas el 1.3% de la red nacional. Incluso sumando todas las intervenciones profundas reportadas, el porcentaje no supera el 4%.
La narrativa oficial presenta estos avances como una revolución educativa, pero la aritmética revela otra cosa: la inmensa mayoría de escuelas permanece en el mismo o peor estado que hace una década.
A esto se suma el peso de la deuda externa adquirida para financiar la infraestructura. Los estudiantes que hoy reciben una computadora serán los mismos ciudadanos que, en el futuro, deberán asumir el costo de los préstamos que financiaron estas obras.
Conclusión: entre la propaganda y la realidad
El gobierno ha sustituido la planificación educativa por el marketing de infraestructura. La política pública se ha reducido a eventos de inauguración, fotografías aéreas y discursos que apelan a la emoción, mientras la red escolar continúa enfrentando problemas estructurales que no se resuelven con pintura nueva ni con tabletas distribuidas en actos oficiales.
La educación requiere visión de largo plazo, transparencia financiera, mantenimiento continuo y un compromiso real con la equidad territorial. La aritmética del incumplimiento no es un detalle técnico: es el reflejo de un modelo que privilegia la imagen sobre la transformación profunda.
Y mientras la propaganda celebra 70 escuelas, la realidad exige mirar con honestidad el estado del 98% restante.
