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Por: Luis Rafael Moreira Flores
El Observatorio y Control Legal Ciudadano de Justicia Social presentó su más reciente informe titulado «Balance Legislativo: Aprobación de Leyes y Constitución en Tensión». La Licenciada Roxana Cardona, representante de la organización, fue la encargada de desglosar una realidad institucional que, según el documento, apunta a una «parálisis legislativa» disfrazada de hiperactividad burocrática.
Una ley cada 38 horas
El dato más alarmante revelado por la Licda. Cardona es la velocidad con la que opera el primer órgano del Estado. En apenas tres meses, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ha aprobado un total de 60 leyes. Este ritmo equivale a la ratificación de una normativa cada 38 horas.
Sin embargo, para el Observatorio, esta eficiencia es engañosa. El informe denuncia que la mayoría de estas aprobaciones se realizan sin discusión real en comisiones y mediante el uso sistemático de la «dispensa de trámite». Según Cardona, esta práctica no solo deshabilita el debate parlamentario, sino que viola directamente el artículo 135 de la Constitución de la República.
Radiografía de los datos
Al analizar el contenido de lo aprobado, el informe de Justicia Social y Contraloría Ciudadana arroja cifras contundentes sobre las prioridades de la actual legislatura:
- Ramas del Derecho: El 84% de las leyes aprobadas son de carácter administrativo, centradas principalmente en préstamos, traslados presupuestarios y autorizaciones.
- Distribución por materias: El derecho Administrativo lidera con 17 modificaciones, seguido por el Laboral con 16.
- Leyes sustantivas: En contraste con el volumen administrativo, solo se registran dos reformas sustantivas (al Código Penal y al Código Procesal Penal) y dos de carácter constitucional.
«El Estado legisla para sí mismo y no para la población», señaló Cardona durante la conferencia. Según la experta, se priorizan las estructuras institucionales mientras se descuida el bienestar y los derechos individuales, transformando al ciudadano en un simple «administrado».
El 90% de las iniciativas provienen de los ministros
El documento también destaca una marcada disparidad en el origen de las iniciativas de ley. La función legislativa parece haber sido delegada casi en su totalidad al gabinete de gobierno:
- Iniciativas por cargo: El 90% de las propuestas (54 iniciativas) fueron presentadas por ministros, mientras que solo el 10% (6 iniciativas) surgieron de los Diputados.
- Instituciones protagonistas: El Ministerio de Hacienda encabeza la lista con 15 iniciativas, seguido por el Ministerio de Economía con 7. La propia Asamblea Legislativa y el Ministerio de Seguridad y Justicia empatan con 6 propuestas cada uno.
Esta dinámica ha llevado al Observatorio a calificar a la Asamblea como un «buzón de correspondencia» que se limita a recibir y aprobar lo enviado desde Casa Presidencial, concentrando el poder en una sola figura y eliminando el filtro de los representantes del pueblo.
La representatividad política es otro de los puntos críticos del balance. De las iniciativas aprobadas por fracción política, el partido Nuevas Ideas acapara el 86.7% (52 iniciativas), dejando a la fracción de VAMOS con un 13.3% (8 iniciativas). Partidos como ARENA, PDC y PCN aparecen con un registro de cero iniciativas aprobadas en el periodo analizado (aclara que se solicitó información a cada una de las fracciones).
Geográficamente, la actividad se concentra en la capital, con 27 iniciativas vinculadas a diputados del departamento de San Salvador, mientras que departamentos como Ahuachapán, Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Morazán no registran iniciativas presentadas.
Los temas olvidados
La Lic. Roxana Cardona cerró la presentación advirtiendo sobre las consecuencias de ignorar las voces de la oposición y de la sociedad civil. Al centrar la agenda en la gestión inmediata de los ministerios, temas vitales como salud, género y derechos humanos han quedado excluidos de la discusión legislativa.
«Legislar no es solo aprobar; es debatir y representar las diversas voces de la sociedad», concluye el comunicado de prensa entregado a los medios. El balance de este trimestre deja una pregunta en el aire: ¿hasta qué punto la celeridad legislativa es un síntoma de eficiencia o una señal de la erosión democrática?
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