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Por: Luis Rafael Moreira Flores
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), entre otros sectores laborales, alzaron la voz contra lo que denominan una estrategia de «engaño y desinformación» por parte del ejecutivo salvadoreño. Las organizaciones denunciaron que el Gobierno de Nayib Bukele, en complicidad con sectores de la empresa privada y estructuras sindicales paralelas, pretende sacar a El Salvador de la «lista corta» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una fachada de cumplimiento que contrasta con la cruda realidad de persecución y despidos masivos.
Una crisis sistémica oculta bajo la propaganda
Los representantes laborales fueron enfáticos al señalar que las recientes declaraciones del ministro de trabajo, Rolando Castro, sobre una supuesta salida inminente de la lista de países que violan convenios internacionales, son «falsas y tendenciosas».
Wilfredo Berríos, portavoz del Frente Sindical Salvadoreño (FSS), fue contundente en su diagnóstico: «Estamos ante una crisis sistemática de retrocesos en materia laboral en El Salvador. No se puede hablar de avances cuando la libertad sindical es castigada con el despido o la cárcel, y cuando se utiliza el aparato estatal para asfixiar cualquier voz disonante».
Berríos denunció que el gobierno ha desplegado a «personeros sindicales» —dirigentes afines al oficialismo— en diversos medios de comunicación para desinformar a la población, proyectando una armonía laboral inexistente mientras miles de trabajadores enfrentan la precariedad y el miedo.
La crítica también alcanzó al sector empresarial. Ovidio Hernández, dirigente sindical que ha sufrido en carne propia la persecución, señaló directamente la alianza entre el gobierno y la cúpula empresarial: «La ANEP y su nuevo presidente siguen el juego de las violaciones laborales y se vuelven cómplices, al igual que el comité sindical de aplausos financiado por el Ministerio. Mientras ellos celebran en hoteles de lujo, en las calles y oficinas públicas se violan sistemáticamente los Convenios 87 y 98 de la OIT».
Hernández denunció que la pretensión de salir de la «lista corta» responde únicamente a una lógica económica para atraer inversión extranjera bajo falsas promesas de estabilidad, ocultando que el costo de esa «paz» es la supresión de los derechos más fundamentales de la clase trabajadora.
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue la denuncia de la situación en el sector salud. Las organizaciones manifestaron su total rechazo al proceso de despido iniciado contra el Dr. Rafael Aguirre, secretario general del sindicato SIMETRISSS y coordinador de CONADESA.
Inés Dávila, en representación del Movimiento Universitario UES en Resistencia, calificó el caso como un ejemplo emblemático de la represión actual: «La OIT debe estar clara de la persecución sindical que impera en el país. El caso del Dr. Rafael Aguirre es un caso reciente y grave que requiere investigación internacional inmediata. No es un hecho aislado, sino una represalia directa por denunciar la crisis de insumos y el desmantelamiento de la salud pública».
Dávila subrayó que el uso de figuras como la «supresión de plazas» y la criminalización de la protesta pacífica bajo el régimen de excepción son herramientas que el gobierno utiliza para «limpiar» las instituciones de voces críticas.
Datos alarmantes, exigencias internacionales y frente común
Durante la conferencia de prensa se compartieron cifras que contradicen el discurso oficial:
- Más de 41,000 despidos acumulados en el sector público, municipal y autónomo desde 2019.
- 7,700 trabajadores de la salud afectados por procesos arbitrarios solo en el último año.
- 561 directivos sindicales despedidos violando el fuero sindical.
- Invisibilización sistemática de los contratos colectivos y negativa a inscribir nuevas juntas directivas no alineadas al gobierno.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral y las organizaciones aliadas hicieron un llamado urgente a la OIT, que celebrará su Conferencia Internacional del Trabajo el próximo mes de junio en Ginebra. Exigen que:
- Se mantenga a El Salvador en la «lista corta» de países bajo observación especial, dado que no existen reformas estructurales que garanticen el fin de las violaciones.
- Se envíe una misión de expertos in situ para verificar la situación real de los líderes sindicales perseguidos y los despidos masivos.
- La comunidad internacional no se deje engañar por los informes tripartitos «fabricados» que el gobierno presentará, donde los representantes de los trabajadores son en realidad empleados estatales disfrazados de sindicalistas.
El comunicado conjunto, firmado por la UES en Resistencia, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la MPJL, concluye con una advertencia clara: la clase trabajadora no permitirá que se negocie su dignidad para mejorar la imagen de un gobierno que «mercantiliza la salud y castiga el pensamiento crítico».
«La salud pública se defiende y los derechos laborales no se mendigan, se conquistan», sentenciaron los líderes al finalizar la conferencia, reafirmando que la vigilancia sobre el cumplimiento de los convenios internacionales será permanente y combativa frente a cualquier «artimaña» oficialista.
