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“Las victimas del conflicto armado estarían inconformes con una ley que no contemple sanciones”, así lo aseguró el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, en el informe preliminar de insumos para la Ley de Reconciliación.
Ante un presunto intento de los diputados de la Asamblea Legislativa de aprobar una Ley de Reconciliación, el titular de la PDDH advirtió que esta no puede ser aprobada sin las peticiones de las victimas.
El funcionario afirmó que la población afectada mostró insatisfacción ante el estancamiento de los procesos judiciales.
Además de exigir que los delitos desarrollados durante el conflicto no prescriban, precisó el reconocimiento de los que cometieron “excesos” durante el mismo, y que los funcionarios que aparezcan mencionados, no se les permita optar a cargos públicos y no participen en política de nuevo.
También consideraron indispensable abrir archivos de la Fuerza Armada.
Las víctimas también exigieron una reparación individual, que incluya una pensión digna equivalente a un salario mínimo mensual, particularmente para personas adultas mayores que no tienen ingresos permanentes. Así como una reparación colectiva donde el Estado adquiera la obligación de reparar centros escolares en las zonas afectadas por el conflicto armado.
Si bien afirmaron que el actual gobierno no es el responsable de su situación, expusieron que si no hace lo que le corresponde también será su responsabilidad dentro de unos años.
Respecto a las garantías de no repetición, el procurador dijo que las personas se mostraron preocupadas por lo ocurrido el 9 de febrero en el Palacio Legislativo, ya que no hay garantía de que no vuelva a surgir un conflicto.
