Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las campañas ciudadanas AltavozES, que denuncian las malas prácticas del monocultivo de la caña de azúcar, unieron sus iniciativas para exigir del gobierno nacional, una estrategia integral para atender a pacientes con Enfermedad Renal Crónica y reformar la Ley de Incentivos Fiscales, que permite al sector cañero, evitar el pago de impuestos.
Las campañas ciudadanas se dan en el marco de la presentación del Presupuesto General de la Nación, para el año fiscal 2023, realizado recientemente por el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa, que según Alejandro Labrador Aragón, integrante de la UNES y de la Campaña Azúcar Amarga, era el “momento adecuado” para presentar las valoraciones ante esta injusticia social.
“Como lo hemos denunciando desde mucho tiempo atrás, la dificultad que tiene la ciudadanía para participar en la toma de decisiones respecto a los intereses del Estado, o sea, como se organiza para atender los derechos de la población, aquí están los liderazgos de ADESCOS, Juntas de Agua, Mujeres y organizaciones”, dijo.
“Hemos evidenciado las grandes desigualdades en los territorios respecto al acceso de los servicios básicos, la preservación de los bienes naturales y falta de una vía de participación en donde se toman decisiones sobre el modelo de desarrollo que se instalan en las comunidades, que son injustas y que afectan a miles de familias”, sostuvo Labrador.
Y es que para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el subsector del azúcar en el país, se considera uno de los “pilares económicos” por el volumen de mano de obra que emplea y por ser uno de los principales productos de exportación a países como: Canadá, Chile, Portugal, Rusia, China y Europa, y por ocupar alrededor de 100 mil manzanas en 8 de los 14 departamentos, en especial los ubicados en la costa marina del país.
“Como Juntas de Agua estamos preocupados por el monocultivo de la caña de azúcar, porque nos deforestan nuestros bosques que son los filtros para que llegue el agua a los mantos y, a nuestros hogares y que sea sana”, señaló, Doris Elizabeth Robredo de Pocasangre, integrante de la METSUSO, Izalco, Sonsonate.
“Nos están contaminando el agua con los agrotóxicos que ellos riegan y luego se vierten en las aguas. Ya hay gente que padecen de problemas renales, tenemos niños con severas infecciones urinarias, con riñones uno más grande que el otro, que es un inicio para terminar padeciendo de una Insuficiencia Renal, además, nos contaminan los regadíos para el cultivo de nuestras hortalizas”, reseñó Robredo.
Investigaciones realizadas por organizaciones ambientalistas, como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) daba cuenta que entre los años 2009 a 2018, más de 9 mil 900 personas murieron por la Enfermedad Renal Crónica, que era la tercera causa de mortalidad en el país. La primer causa en hombres y quinta en las mujeres. Y que estos casos estaban asociados a “factores tóxicos-ambientales y ocupaciones agrícolas”, lo que evidencia una exposición a pesticidas, venenos y fertilizantes.
Por tanto, ambas campañas ciudadanas demandaron la asignación de recursos que permitan implementar de manera “urgente” una estrategia integral de atención a personas con Enfermedad Renal Crónica, y a sus familias, quienes enfrentan los altos costos económicos, sociales y emocionales.
“Queremos informar sobre el estado de vulnerabilidad en la que vivimos en el país y nos preocupa esta situación ambiental que enfrentamos por la ausencia de políticas que vayan orientadas a rescatar y cuidar los pocos bienes naturales y comunes que nos quedan”, afirmó, Bernardo Belloso, de CRIPDES y Campaña Azúcar Amarga.
“Son 113 mil manzanas del parque cañero, pero seguimos insistiendo que hay muchas más áreas cultivadas en el territorio y es una información que no están presentando actualmente los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, y lo sabemos porque solicitamos la información y la han negado y no sabemos el dato real de cuánta caña se esta produciendo”, acotó Belloso.
Sobre la situación de la zona costera en donde se asienta la mayor parte del cultivo de la caña de azúcar, Belloso dijo que a esto se une la siembra de eucalipto para la producción de bioenergía, que genera problemas para las comunidades en el territorio.
“Tenemos el sobre abuso en el uso de agrotóxicos como los madurantes para la caña de azúcar y ahora nos afecta la reserva de aguas subterránea por la demanda del cultivo del eucalipto que provoca pérdida de vertientes naturales y la gente tiene que caminar más tiempo para contar con agua para consumir”, sostuvo Belloso.
A esta situación de injusticia social en el acceso a los servicios básicos y bienes naturales, se añade la falta de aplicación de las obligaciones tributarias al sector cañero.
José Luis Magaña, de AltavozES, resaltó que pese a todos los impactos que genera el monocultivo de la caña de azúcar en los territorios y comunidades, siempre obtienen beneficios tributarios de parte del Estado salvadoreño.
“Estos beneficios tributarios amparados en la Ley de Fomento de Energías Renovables, del cual, sabemos como los ingenios cañeros utilizan parte del bagazo de caña -que no pagan los productores- generan lo que llaman energía limpia y con esto se amparan para no pagar impuestos”, explicó Magaña.
“Particularmente no pagan aranceles por 10 años y el impuesto sobre la Renta hasta por 20 años, es decir, que además de tener impactos en las comunidades y territorios en el agua, el suelo y la salud de la población, el Estado le perdona impuestos, cuando por esos impactos deberían pagar más impuestos”, dijo.
Sobre las posibles reformas a la Ley de Incentivos Fiscales, Magaña, argumentó, que los ingresos que se están dejando de percibir por parte del Estado salvadoreño en el esquema de “privilegios fiscales”, es difuso, porque no se está midiendo por parte de las autoridades en cualquier rubro económico.
“No sabemos cuánto pierde el Estado salvadoreño, lo que hay son estimaciones por parte del Ministerio de Hacienda, de cuanto es el gasto tributario (ingresos dejados de percibir) estas estimaciones marcan alrededor de 95 millones de dólares, de todos los incentivos que da esa ley”, agregó.
“Esta estimación la hizo el Ministerio de Hacienda, en un documento fiscal que se llama Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo, que esta Cartera de Estado debería publicar cada año, sin embargo el disponible es de 2019, y de ahí no se ha vuelto a actualizar”, expresó Magaña.
Como campañas ciudadanas Azúcar Amarga y AltavozES demandaron del gobierno del presidente Nayib Bukele, un rol más activo y protagonista por resguardar la vida de las personas y los ecosistemas, la salud y bienestar de la población, aplicando el marco jurídico de la ley de Medio Ambiente y conexas.
Así también, repensar una “estrategia fiscal” para que las élites económicas que desde el siglo pasado se han favorecido de estos mecanismos de pago de impuestos se reoriente a un enfoque redistributivo y de sustentabilidad para atender la desigualdad y fortalecer el combate de la pobreza, generando empleos y salarios dignos.
Además, sugieren reformar las condiciones legales y administrativas para fortalecer las sanciones aplicables a las infracciones de las leyes de incentivos fiscales y eliminar la posibilidad de que beneficiarios de la Ley de Incentivos Fiscales para el fomento de las Energías Renovables, se anulen sus prerrogativas cuando no cumplan sus compromisos adquiridos.
