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Saúl Méndez
Colaborador
El Colectivo EPU-DESC El Salvador presentó un informe en el que documenta restricciones al espacio cívico en el marco de las movilizaciones del 1 de mayo. Entre los hallazgos señala la instalación de retenes policiales y militares en puntos estratégicos del país, la implementación de prácticas de vigilancia sobre personas en tránsito y participantes de la movilización, así como incidentes de hostigamiento y la difusión de discursos orientados a deslegitimar la protesta social.
Según la organización, el informe tiene como objetivo documentar y analizar una serie de hechos que constituyen limitaciones al espacio cívico en El Salvador, en el contexto de las movilizaciones realizadas el 1 de mayo de 2026, en conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora.
El informe detalla que el operativo se caracterizó por la instalación de controles desde tempranas horas del día, lo que, a juicio de la organización, evidencia un nivel de planificación anticipada.
«Estos retenes se ubicaron en carreteras nacionales de alta circulación, corredores interdepartamentales y accesos directos a la capital, configurando un patrón de control territorial extendido», revelaron.
«Se observó un enfoque dirigido hacia el transporte colectivo, incluyendo buses y microbuses, así como hacia personas que se desplazaban con el propósito de participar en las actividades conmemorativas del 1 de mayo», relataron.
EPU-DESC también detalló que, a partir de la sistematización de la información disponible, se identificaron al menos 17 puntos específicos donde se instalaron retenes.
«Cabe destacar que, en algunos tramos, se documentó la presencia de múltiples retenes consecutivos. Dado que estos controles fueron instalados para regular el acceso a San Salvador en el marco de la movilización desarrollada ese día en la capital, es ineludible concluir que su objetivo era ejercer control, intimidación y reducir el impacto de la convocatoria impulsada por distintas organizaciones», denunciaron.
La organización explicó que la ubicación de los retenes permite identificar un patrón consistente orientado a cubrir los accesos desde el occidente, norte, nororiente y oriente del país hacia San Salvador, así como los puntos inmediatos de ingreso a la capital.
«Esta configuración sugiere la implementación de un esquema de control del flujo de personas hacia el centro de la movilización, particularmente en una fecha de alta relevancia para el ejercicio del derecho a la protesta», aseveraron.
Además, denunciaron que en distintos dispositivos policiales y militares recibieron reportes de que agentes tomaban fotografías a personas que se trasladaban en buses detenidos, así como a sus Documentos Únicos de Identidad (DUI).
«De igual forma, el observatorio instalado por el Colectivo EPU-DESC recibió denuncias según las cuales agentes de la Policía Nacional Civil tomaron fotografías a personas participantes en la marcha. Esta práctica no constituye un hecho aislado, sino que ha sido documentada de manera recurrente en actividades similares», detallaron.
Otra acción registrada a partir de denuncias ciudadanas fue la retención de dos autobuses que trasladaban a personas que pretendían participar en la marcha. Según los reportes, a las unidades de transporte se les impuso una multa y se les obligó a retornar bajo la advertencia de que, de no hacerlo, serían decomisadas.
«Como consecuencia, las personas pasajeras quedaron en el lugar donde fueron retenidas, sin posibilidad de continuar su desplazamiento», explicó la organización.
También se registraron incidentes de hostigamiento contra personas participantes en la movilización por parte de una persona identificada como creadora de contenido afín al oficialismo.
«De acuerdo con denuncias y material audiovisual difundido en redes sociales, este actor realizó acciones de provocación, grabación insistente y exposición de participantes, particularmente en las inmediaciones del Parque Cuscatlán. Esta misma persona habría incurrido en conductas similares durante una de las concentraciones convocadas por organizaciones de mujeres en el marco del 25 de noviembre de 2025, lo que sugiere un patrón de comportamiento reiterado en contextos de movilización social», reportaron.
«Asimismo, funcionarios públicos emitieron declaraciones en redes sociales descalificando la movilización y haciendo referencia a una supuesta baja participación», manifestó la organización.
Entre estos, identificaron publicaciones realizadas por Christian Guevara, jefe de fracción del partido oficialista en la Asamblea Legislativa, quien a través de su cuenta de Facebook señaló a periodistas y personas participantes, además de calificar la movilización como una «fallida marcha».
«Este tipo de acciones se articulan con la actividad de cuentas anónimas y creadores de contenido afines al oficialismo. La difusión de estas declaraciones en redes sociales y otros espacios públicos genera un entorno adverso para la participación ciudadana», alertaron.
«Estos elementos, analizados de manera conjunta, permiten observar un entorno restrictivo para el ejercicio del espacio cívico en una fecha de alta relevancia para la expresión colectiva de demandas sociales», denunciaron.
A partir del monitoreo realizado por el Colectivo EPU-DESC, así como de la revisión de información proveniente de medios de comunicación, registros en redes sociales y denuncias ciudadanas, la organización afirmó haber identificado diversos patrones de actuación por parte de agentes estatales y otros actores que, según sostiene, afectan el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de reunión pacífica y la movilización social.
«La información presentada ha sido recopilada mediante un proceso de triangulación de fuentes, que incluye la observación directa a través de un observatorio instalado durante la jornada, el seguimiento de medios de comunicación, el monitoreo de plataformas digitales y la sistematización de denuncias recibidas», revelaron.
El Colectivo EPU-DESC afirmó que el informe busca contribuir a la documentación de la situación del espacio cívico en el país, aportar insumos para el análisis público y promover el respeto de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
«Este enfoque metodológico busca garantizar la mayor rigurosidad posible, reconociendo al mismo tiempo las limitaciones inherentes para obtener más información», concluyeron.
