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Mujeres agricultoras acompañan a Lilian Vega (al centro) habla sobre la demanda de políticas públicas para las mujeres en la zona rural. Foto Diario Co Latino/Gloria Orellana.

Programas y políticas públicas demandan mujeres agricultoras

Gloria Silvia Orellana
@ DiarioCoLatino

“Queremos acciones concretas como la creación de programas específicos enfocados a mujeres agricultoras que permitan reducir las brechas de género”, dijo, Krissia Romero, integrante de ACUA, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre por resolución de la ONU.

Diversas asociaciones de mujeres cooperativistas, junto a ECOS El Salvador, ACUA y FEDECOPADES, denunciaron la situación de “crisis de hambre” que se extiende en el territorio nacional como efecto del modelo capitalista, que genera acciones de violencia contra la población y en especial contra las mujeres agricultoras salvadoreñas.

“Queremos exigir al gobierno medidas concretas y efectivas para hacerle frente. Como sabemos, cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es un momento oportuno para revisar y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres que va desde la violencia física, el maltrato psicológico, violación, feminicidios, y el hambre que son expresiones de violencia”, sostuvo Romero.

Sobre el modelo capitalista y patriarcal, Romero, agregó que esta violencia es una herramienta para someter y forzar roles que históricamente han sido asignados a la población femenina como la reproducción, los oficios del hogar y la tarea del cuido de la familia.

“Esta vez, como mujeres organizadas queremos alzar la voz para denunciar el hambre como la otra expresión de violencia física igual de crítica, pero a la vez, ha sido normalizada en la sociedad actual. Y es que, las desigualdades de género forman parte de las causas y de las consecuencias del hambre”, agregó Romero.

Otros obstáculos que enfrentan las mujeres son la falta de oportunidades académicas y laborales, la baja representación en espacios de toma de decisión, que termina generando dependencia de terceras personas, escaso control en situaciones de producción y acceso a la alimentación de ella y sus familias.

“En el Salvador son evidentes estas brechas de género. En cuanto al acceso para producir los alimentos tenemos que del total de productores agropecuarios propietarios únicamente el 12% son mujeres”, dijo.

“Las mujeres tienen menos acceso a recursos económicos para comprar alimentos, y el 31% de los hogares salvadoreños son liderados por mujeres, pero son las que tienen menor acceso al trabajo formal y un ingreso fijo”, sostuvo Romero.

En cuanto a la crisis de alimentación y el COVID-19, reiteró que esta fue la situación más crítica del año 2020, con repercusiones en el presente año, dejándolas sin oportunidades de sobreponerse a las pérdidas económicas y sociales que vivieron durante la cuarentena de más de cinco meses.

“EL informe 2021 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, señaló que casi 1 de cada 3 personas en el mundo, o sea, 2,370 millones de personas, no tuvieron acceso a una alimentación adecuada durante el año 2020, un aumento de casi 320 millones de personas en 12 meses”, manifestó Romero.

Mientras, Lilian Vega, integrante de ECOS, se manifestó sobre el alza de precios de la Canasta Básica, que golpea la economía familiar y con mayor énfasis a las mujeres jefas de hogar. Una realidad que muchas veces es ignorada por los tomadores de decisión en el gobierno.

“Esta es una expresión de violencia estructural en donde las mujeres sufrimos, podemos producir la tierra y consumimos los alimentos, pero no podemos vender excedentes para mejorar economías. Y lo otro, es que hay alimentos que tenemos que adquirir y estos alimentos sufren el aumento de precios y no tenemos la capacidad económica de adquirir, por nuestros bajos ingresos”, explicó.

En cuanto a los paquetes agrícolas que para el año 2019 aún eran comprados los granos a los productores y productoras agrícolas nacionales; ahora ya nadie adquiere esas producciones solo las cadenas de supermercados grandes, en donde las relaciones que se establecen son complejas y en desventaja para quienes producen la tierra.

“Estamos haciendo por producir y logramos mejorar ligeramente la capacidad nutricional de nuestras familias, y los excedentes no los podemos colocar en los mercados. Y los alimentos que tenemos que adquirir están cada vez, menos accesibles para nosotras”, manifestó.

“Esta situación parece que no le importa al gobierno, que las mujeres estamos sufriendo y muchos menos en la zona rural. El gobierno tiene sus temas prioritarios y están relacionados con el tema del Bitcoin, por decir algo, le interesa la minería (metálica), que en su concepción significa desarrollo y no tiene relación con la vida que enfrentamos nosotras en la zona rural”, puntualizó Vega.

Las organizaciones de mujeres cooperativistas y agricultoras, que según el Informe Mundial de Crisis Alimentaria 2021,  un total de 155 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de emergencia o crisis alimentaria. El informe señala que El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití fueron 11.8 millones de personas en situación de crisis o peor por la carencia de alimentos el año pasado y las condiciones del presente año, continúan similares.

Por tanto, exigieron del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la creación de políticas públicas que permita que las mujeres jefas de hogar puedan acceder a un empleo con un salario digno y justo que le permita garantizar alimentos saludables y nutritivos para su grupo familiar.

Asimismo, piden la ejecución de programas educativos en escuelas e institutos que sensibilicen sobre las tareas y roles en el cuidado del hogar, especialmente las que están referidas en la obtención y preparación de alimentos, que han sido asignadas a las mujeres exclusivamente.

Esto con el fin de permitir un mayor involucramiento de las familias a través de la promoción e interiorización de las “responsabilidad compartidas”.

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