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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Araíz de la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros presentada por el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, las organizaciones consideraron que la normativa implica medidas despectivas, no solamente a las organizaciones, sino también a la ciudadanía. Zaira Navas, representante legal de Cristosal, manifestó que es un proyecto de ley con restricciones, al poseer conceptos jurídicos indeterminados, no dejando claro quién es el agente extranjero y pretende someter a las organizaciones a registrarse cuando ya existe un registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
“Se quiere restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que realizan contraloría ciudadana, que defienden los derechos humanos y que en algún determinado momento observan y advierten violaciones a los derechos por parte de las organizaciones estatales”, dijo Navas.
Con la aprobación de la ley se violaría el derecho a la asociación, a la libertad de expresión y a la investigación, restringiendo servicios que prestan las organizaciones civiles y no desarrollan las entidades gubernamentales.
Mientras tanto, Gabriela Santos, directora de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), sostuvo que la ley tiene una “narrativa manipuladora”, pues el objetivo de la ley es la transparencia, sin embargo, ya existen marcos regulatorios los cuales permiten hacer uso de herramientas jurídicas que garantizan actuar con transparencia.
Santos resaltó que el proyecto de ley tiene cuatro características; ambigüedad, discrecionalidad, arbitrariedad y la desproporcionalidad, aspectos que reflejan una “pobre técnica legislativa” por parte de la Asamblea legislativa. “El gobierno se ha desmarcado diciendo que esta ley responde a la ley FARA, a sabiendas que no tiene relación a la ley que implementan el gobierno estadounidense”, recalcó.
Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señaló que la propuesta de ley “es demasiada ambigua, y, por ende, quedará a discreción de las autoridades de cómo será ejecutada”.
“Nosotros seguimos invitando a la Asamblea Legislativa a que este tipo de discusiones sean abiertas, que permitan la participación de los diversos sectores de la sociedad, porque el presupuesto público no es del presidente ni del ministro ni de los diputados, es de toda la ciudadanía porque se financia con los impuestos que paga toda la población”, recalcó Castaneda.
Para Xenia Hernández, de la Fundación de DTJ, lo que está en riesgo no es solamente la libertad del derecho de asociación y la libertad expresión. La propuesta de ley lo que hace es censurar completamente el trabajo de las organizaciones que a lo largo del año han pedido transparencia. Usar la narrativa de transparencia es solamente un mal uso, para que quienes desconocen la ley no tengan represalias.
