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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Improvisación, incapacidad e incompetencia”, dijo el médico Eduardo Espinoza, quien integra los colectivos de el Foro Nacional de la Salud (FNS) y ALAMES “Margarita Posada”, al referirse al manejo del Gobierno del presidente Nayib Bukele, en la pandemia del COVID-19, luego de decretar una Emergencia Nacional de Salud en marzo de 2020.
Las observaciones del exviceministro de Políticas Públicas del Ministerio de Salud (MINSAL), se enfocaron en el “grave error” del desmontaje de la red de servicios de salud del Primer Nivel de Atención en el Sistema Nacional de Salud. Así como, la opacidad del destino de las finanzas públicas, el bloqueo a la participación social y la gestión socio ambiental, que llamó “desatinada”, por haber elevado el riesgo de la salud de millones de salvadoreños y salvadoreñas, en el marco del COVID-19.
“Hubo un manejo irresponsable y represivo de la pandemia, en donde se priorizaron el control político poblacional, mediante abusos de poder e intimidación por la PNC y la Fuerza Armada, que exageraron las medidas sugeridas por la OMS, como la insólita cuarentena de 30 días, cuando el resto del planeta tenía en rango 15 días. Lo que le sirvió para justificar detenciones arbitrarias y traslado de -infractores- a los centros de contención, bajo maltratos y abusos, pese a que la población tenía justificaciones razonables de búsqueda de medicamentos, alimentos o agua potable”, expresó.
En cuanto a los centros de contención, Espinoza reiteró que estos al final se convirtieron en “lugares de contagio”, que violentaron los derechos humanos de la población, los cuales, a su criterio fueron manejados a través de medidas inadecuadas y de corte populista, porque no contaron con distanciamiento y constante atención médica.
“Los cercos que establecieron fueron militares, más que sanitarios, y cuando ya no eran necesarios por la circulación activa del virus en todo el territorio, como La Libertad, Metapán, Corinto, San Francisco Gotera y pasos fronterizos. Cuando se manejo de manera populista la entrega de los paquetes alimentarios y los 300 dólares, de subsidio, en donde hubo aglomeraciones y no hubo control”, sostuvo.
Entre las deudas del Gobierno -consideró Espinoza- se encuentra la “negación deliberada de las voces técnicas en cuanto al manejo y atención de la pandemia”, al considerar que el abordaje focalizado en los hospitales como en el Hospital El Salvador, y no en la comunidad, deja entrever falta de conocimiento y las experiencias exitosas pasadas en el país y del mundo.
“El personal de salud fue dotado con Equipos de Protección Personal (EPP), de forma tardía a irregular, lo que generó entre sus integrantes contagio, enfermedad y muerte . Convirtiendo a El Salvador, en uno de los países del continente con una de las más altas tasas de mortalidad del personal de salud por COVID-19”, expresó.
Magdalena Arce -lidereza de la Zona Sur (SIBASI)- lamentó que desde el 2019, el presupuesto de salud esté sufriendo recortes o modificaciones, que suman alrededor de los 21,497,864.00. Así como, los “Hogares de Espera Materna”, fruto de la Reforma de Salud, implementada en el año 2010, por la exministra María Isabel Rodríguez.
“Estos lugares han sido abandonados a su suerte. Y quienes integraban los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), que son el Primer Nivel de Atención en Salud, han sido reubicados en establecimientos, modificado sus funciones o despedidos. Cuando estratégicamente pudieron ser los elementos claves en la contención, seguimiento y capacitación a la población por el Covid, porque son aspectos fundamentales para garantizar el derecho a la salud”, manifestó Arce.
Asimismo, es de la opinión que la “contraloría social de la gestión pública” por el COVID-19, les permitió registrar datos importantes como que, el 37 % de la población, aseguró que les fue negada la atención de emergencias en establecimientos de salud pública. Y que, un 31 % de mujeres embarazadas quedaron sin controles prenatales o ginecológicos durante la cuarentena.
“Estos desmontajes de capacidades en el Primer Nivel de Atención (PNA), condujo al abandono de los grupos más vulnerables, como las personas con enfermedades crónicas, tercera edad, vacunación, transplantados, terapias para personas con cáncer, hemodiálisis a personas con Insuficiencia Renal. Y embarazadas, esto explica el incremento de la mortalidad materna, que a septiembre, es de 42 muertes de mujeres por 100,000 recién nacidos vivos. Totalmente sobrepasada a la cifra de 25 muertes maternas por cien mil recién nacidos vivos, con la Reforma de Salud”, consideró.
Osmín Posada, de ALAMES, recalcó que el manejo poco transparente de las finanzas públicas, por el Gobierno repercuten en la atención de la salud, al recordar los 3 mil millones dólares, entregados por la Asamblea Legislativa al órgano Ejecutivo, para atender la Emergencia Nacional por el Coronavirus.
“Hemos visto que la pandemia se manipuló para emitir decretos presidenciales que bloquearon el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sobre la razón de por qué no se aplicó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, cuando se ha sabido de contratos que se concedieron a las familias de sus funcionarios o los allegados al Gobierno. Una prueba es la adquisición de la Cloriquina, medicamento innecesario, así como la compra de Equipo de Protección Personal para el personal médico y de enfermería que no cumplía normas de calidad y seguridad, que regula la Organización Mundial de la Salud”, dijo.
ALAMES Margarita Posada y el Foro Nacional de Salud (FNS), señalan como arbitraria la decisión presidencial de cualquier información relacionada a la Pandemia COVID-19 sea “Reservada”, que prohíbe a cualquier instancia gubernamental o social, pedir “rendición de cuentas”, con los fondos del Estado.
Moisés García, del FNS, declaró que el “pésimo manejo de las alertas ambientales y sanitarias que careció de flujo de información a las comunidades”, fue la situación de mayor vulnerabilidad para la población salvadoreña.
“La falta de planificación, desorganización y desinterés a las personas afectadas por los fenómenos socio ambientales, el oportunista manejo por el partido en el poder, mientras es depredado el medio ambiente y la ausencia de apoyo a las comunidades productores de granos básicos, afectados por la incapacidad del Gobierno, para atender este tipo de crisis, le cuesta dolor y muerte a la población”, puntualizó
