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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“La defensa de Derechos Humanos en El Salvador se ejerce en un ambiente hostil, de difamación, persecución, repudio, prácticas violentas, abusivas y estigmatizantes, que en el último tiempo no solo vienen de particulares, sino también de representantes gubernamentales”, así lo afirmaron representantes de las organizaciones sociales que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
Loida Robles -representante de FESPAD- denunció una serie de agresiones que están sufriendo personas defensoras de Derechos Humanos, por parte de la Presidencia de la República y algunos funcionarios del Órgano Ejecutivo, no solo en conferencias de prensa sino también a través de redes sociales.
“Las agresiones a periodistas y al rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) vienen principalmente del presidente de la República, quien también tiene una responsabilidad por ser persona defensora de derechos humanos, además, hay una convención que le obliga como representante del Estado ante los sistemas de protección de derechos humanos”, afirmó Robles.
Enfatizó que las organizaciones esperan un cese de las agresiones por parte del Ejecutivo, pero también piden a la Asamblea Legislativa dar trámite urgente a la propuesta de “Ley de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos”, la cual fue presentada el 6 de septiembre de 2018, pero hasta este año tienen analizado y consensuado el articulado de la propuesta.
El titular de la PDDH, Apolonio Tobar señaló que en el país los defensores de Derechos Humanos están siendo estigmatizados, criminalizados y atacados de diferentes formas, pues en las cadenas nacionales han pretendiendo minimizar el resultado de un trabajo genuino en beneficio de la población.
“Ninguna organización social de Derechos Humanos, ni la institución nacional de Derechos Humanos (PDDH), busca generar más conflictos, ni pretende generar más muertes como se ha dicho, al contrario, se pretende generar consenso, llamados al diálogo, a la concertación, al entendimiento objetivo, claro y eficaz; y que cesen las afectaciones a los derechos humanos. Pero ante un señalamiento de violación a los Derechos Humanos que se haga público, lo más fácil es decir que se tiene una línea política partidaria, porque eso evade la responsabilidad o intenta desviar la atención para no atender la situación que está señalando”, recalcó Tobar.
Asimismo, dijo que la normativa presentada por las organizaciones pretende generar un avance a nivel nacional para contar con una ley que reconozca a las personas defensoras de Derechos Humanos, además, de adecuar la normativa interna conforme a los reglamentos internacionales de derechos humanos y protección a los defensores.
“Estamos claros que la ley por sí misma no resuelve el problema, pero ayudaría a que el Estado reconozca en primer lugar la existencia de los defensores de Derechos Humanos; se elimine la retórica gubernamental, el acoso y la estigmatización de estas personas, se establezca un entendimiento genuino para comprender que la actividad de todas las organizaciones está encaminada a evidenciar no errores, sino afectaciones a derechos humanos, para que no continúen y se cambie el rumbo de la política pública implementada o las medidas tomadas, con el propósito de no afectar a la población”, sostuvo.
Agregó que durante la pandemia del COVID-19 se dio una serie a afectaciones a Derechos Humanos, a través de normativas emitidas desde el Ejecutivo, las cuales fueron señaladas por las organizaciones como “inconstitucionales”, pero fue hasta que la Sala indicó que los decretos eran inconstitucionales cuando se dejó de emitir este tipo de leyes.
Hizo un llamado a la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para que avance en la discusión del anteproyecto de ley, concluyan lo más rápido posible su discusión, emita un dictamen favorable y llegue al pleno donde se apruebe la normativa por unanimidad, lo cual demostraría al país que los diputados tienen un compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y las personas que los defienden.
“La Asamblea sigue en deuda con las víctimas en proporcionar una ley que se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos y los requisitos establecidos en la sentencia del 13 de julio de 2016, en que se elimina o se excluye del ordenamiento jurídico salvadoreño la Ley de Amnistía y genere garantías para la población, que no se volverán a repetir esas situaciones a los Derechos Humanos, conocer la verdad, tener acceso a la justicia y se repararen los daños. Este proyecto de ley presentado en 2018 ha pasado desapercibido o no ha tenido el interés de los diferentes grupos parlamentarios”, reiteró el titular de la PDDH.
A la vez, exhortó al presidente de la República, Nayib Bukele, que en su mandato constitucional del proceso formativo de la ley, una vez le llegue el decreto legislativo aprobado lo sancione, pues enviaría un buen mensaje a la población que desea tener un entendimiento entre el accionar del Ejecutivo, la PDDH y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Para las organizaciones, la exigencia que se protejan a las personas defensoras de Derechos Humanos es porque El Salvador tiene una historia triste, donde a muchos defensores se les arrebató la vida por el ejercicio de este derecho, uno de los más significativos es Herber Anaya, quien fue el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
