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Comunidades y pueblos indígenas se mantienen en resistencia contra la construcción de un mercado en el parque municipal de Cuisnahuat, Sonsonate. Foto Diario Co Latino/Everardo Piche

“Nuestra sangre indígena es de lucha y resistencia”: Rosa Galeano

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Son dos meses y un par de semanas que un centenar de mujeres y hombres, de diversos caseríos, se tomaron el parque Baldomero Simo, sobre la calle 15 de septiembre de Cuisnahuat en Sonsonate, para denunciar y exponer la lucha contra la decisión unilateral del alcalde Gustavo Sierra, que intenta tomar el costado poniente del parque para construir un mercado, pese al rechazo de la población.

Esta situación llevó a la denuncia contra el alcalde Gustavo Sierra, por la  Asociación de Desarrollo Comunal Cuisnahuat (ADESCO); la Asociación de Desarrollo El Progreso (ADESCOELPRO), la  Asamblea Popular de Cuisnahuat y ACPAMEC de R.L. Este día se realiza la inspección por el Juzgado Ambiental de Santa Ana, para verificar las observaciones presentadas por la población que rechaza la obra de cincuenta puestos comerciales al costado del parque central.

Rosa Isabas Galeano, quien forma parte de este inusitado movimiento social, pertenece a la Asamblea Popular de Cuisnahuat, fundada en marzo de 2009, y es activista de la Red Ambientalista Comunitaria de El Salvador (RACDES), formación que le ha permitido visualizar el poder de la organización social, como herramienta para defender los derechos ciudadanos y la incidencia política.

“Si estamos organizados podemos hacer muchas cosas, la Asamblea Popular está constituida por un 60 % en los 32 caseríos de los 5 cantones del municipio de Cuisnahuat. El pueblo en sí, necesita un mercado –lo entendemos- pero como organizaciones desde el 2019 le dijimos al alcalde Sierra, pero que no fuera construido en el parque. Le llevamos firmas y propuestas de tres terrenos que podían ser comprados para que construyera el mercado, pero caprichosamente el alcalde lo quiere hacer en el parque”, denunció Galeano.

El parque Baldomero Simo no solo es lugar de esparcimiento del pueblo, agregó Rosa, es un espacio que sirve para que la cultura indígena permanezca y se herede a nuevas generaciones, a través de celebraciones de sus costumbres ancestrales.

“Nuestra sangre indígena es de lucha y resistencia y estamos aquí, defendiendo nuestro patrimonio. Y el alcalde debe entender que fue elegido por el voto popular, que las decisiones no las puede tomar a capricho, sin una consulta con el pueblo que lo eligió. Y mucho menos, utilizar a la Policía Nacional Civil para amenazarnos, intimidarnos. Nos sentimos asediados, acosados, porque los agentes en lugar de cuidarnos como ciudadanía, nos reprime y golpea, mientras protegen los intereses del alcalde que insulta al pueblo que defiende el parque”, denunció. Juan José Hernández señaló que la postura prepotente del  alcalde Gustavo Sierra, los llevó a presentar la denuncia ante el Juzgado Ambiental, que no ha tomado en cuenta una consulta pública con la población para tomar decisiones consensuadas.

“Hablamos con él (alcalde), le dijimos que no construyera en el parque y estábamos esperando su respuesta a esa petición y lamentablemente, nos hizo desalojar con los cuerpos de seguridad. Nos sacó violentamente y ahora, solo recibimos el asedio constante de la Policía Nacional Civil, cuando nuestra protesta es pacífica, no alteramos o provocamos desórdenes públicos, solo estamos en resistencia a ese mercado en el parque”, manifestó.

Asimismo, lamentó  también, que  este movimiento social, el edil de Cuisnahuat los señale de un movimiento “político partidario”, para tratar de deslegitimar su lucha social y ambiental.

“Aclaro, que cualquier persona tiene una inclinación política, pero en este momento nos hemos unido como población y tenemos un mismo objetivo que no es político es la defensa de nuestro medio ambiente y que este señor siga destruyendo nuestro parque. Lamentable que diga eso el alcalde Sierra -incluso- cuando le presentamos 300 firmas en oposición al proyecto, al préstamo millonario (1.8 millones de dólares) al que metió al pueblo y llegamos 23 personas a su oficina y desde ese momento nos tildó que éramos parte de un partido político, para ocultar que evadió la consulta ciudadana”, señaló.

Para Zulma Larín -directora de RACDES- consideró que este movimiento social que incluye a personas de diversos sectores, es inédito por la exigencia a los derechos ambientales que los ha unido y que ha formado una red social de solidaridad y resistencia.

“Es importante este lunes la visita de la jueza del Juzgado Ambiental de Santa Ana, porque se dará cuenta de la verdad de nuestra denuncia y de eso dependerá que aplique justicia. Es una expectativa sobre la justicia ambiental sobre nuestra defensa de los árboles, el agua y nuestro patrimonio cultural”, afirmó.

Para Zulma Larín, se ha puesto a trabajar el sistema justicia del país, y aumenta la expectativa de la población originaria de Cuisnahuat, frente a la diligencia judicial, de la que esperan la protección de sus bienes ambientales y culturales.

“Esta es una gran lección para  RACDES, porque traemos experiencia de luchas ambientales, hemos contribuido a la defensa de los derechos humanos y ambientales, pero Cuisnahuat nos ha enseñado que al cuidar de la identidad y el empoderamiento de las zonas que les pertenecen, consolidan esfuerzos como este, donde mujeres y hombres permanecen con la contención de una obra municipal inconsulta. Porque estamos conscientes que la justicia en los derechos humanos o ambientales, se ponen a prueba diariamente su cumplimiento”, concluyó.

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