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Movimiento social espera el diálogo desde el Gobierno

Sucesos Social


Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Los balances anuales de diversas organizaciones no gubernamentales y movimientos populares han coincidido en demandar del Gobierno del presidente Nayib Bukele “apertura, diálogo, transparencia y rendición de cuentas”, que en su primer año y seis meses de gestión ha prescindido de las propuestas o estudios sobre las diversas problemáticas nacionales, desde la sociedad civil organizada.

Las deficiencias señaladas al Gobierno por colectivos y organizaciones de mujeres, ambientalistas, derechos humanos, Memoria Histórica, soberanía alimentaria, salud y vivienda, se vincularon desde la exclusión participativa de la sociedad en temas de nación hasta el impacto causado por las disposiciones en torno a enfrentar la pandemia por Covid-19.

“Nosotros haremos la lucha de calle, vamos a presionar a este Gobierno, para que cumpla con lo que prometió a este pueblo, porque solo nos ha llevado con mentiras”, agregó Carlos Rodríguez, de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), quien calificó al Gobierno de Bukele con visión “empresarial con el control de los recursos del Estado”.

Rodríguez, que integra la Mesa de Justicia Climática El Salvador, expresó su preocupación por más de 250 mil campesinos que cultivan, quienes sufrieron los impactos de la estación lluviosa anormal, debido a las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, ETA e IOTA. “Van a generar inseguridad alimentaria a la agricultura y la subsistencia o familiar”, agregó.

Mientras, el colectivo de Profesionales por la Transformación (PROES), calificó de “saldo negativo” este año que concluye este día a la medianoche. El economista César Villalona consideró que el panorama para el 2021 no es “alentador” para la población salvadoreña que carece de empleo, un sistema de salud inapropiado frente al Covid-19, que se prevé una segunda ola de contagios y con incertidumbre en cuanto a los préstamos del Ejecutivo, para sostener la economía.

“Este año arrancó con un Golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele irrumpió en la asamblea con fuerzas militares y policiales, en una acción ilegal, que calificó la Sala de lo Constitucional como violatoria de la Constitución de la República. Y el fallo es claro, la PNC y la FAES violaron el orden constitucional, y les llamó a respetar la Constitución de la República”, resumió Villalona.

PROES, también ha señalado reiteradamente como una debilidad institucional, por no acatar las diligencias judiciales, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y la falta de transparencia en el manejo de recursos financieros otorgados por la Asamblea Legislativa, en el marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19. La Asamblea le aprobó al Gobierno de Bukele tres mil millones de dólares en préstamo.

El medio ambiente tampoco ha escapado a los señalamientos de las organizaciones en su lucha social por una Ley General de Aguas, que cumplió 14 años de exigir su aprobación. Así como, la soberanía alimentaria, la prohibición de pesticidas y reformas constitucionales que permitan a la población el acceso el agua, como derecho humano, entre otros problemáticas.

Este año la marcaron protestas reiteradas por la construcción de complejos habitacionales, como la Acrópolis, en Nahulingo, Sonsonate, que destruyó el sitio ceremonial de Tacushcalco, y la contaminación con aguas negras del río Ceniza. Y la controversial entrega del permiso ambiental a la empresa constructora de la familia Dueñas, que se apresta a construir una ciudadela con centro comercial en Valle El Ángel.

“Aquí está en juego el derecho humano del agua de la población que será afectada, y no solo será Apopa y sus comunidades aledañas, sino también el Área Metropolitana de San Salvador, que por ahora ya sufre los efectos del desabastecimiento del agua”, dijo Carlos Flores (ECCOS), que integra el Colectivo Salvemos Valle El Ángel.

La lucha por los bienes naturales, espacios culturales o la seguridad alimentaria, formó parte de la resistencia social, como la población indígena de Cuisnahuat, que defendió junto RACDES, la conservación del parque, frente a una decisión municipal de construir un centro comercial. Y otras, determinantes como la seguridad alimentaria, en donde decenas de organizaciones rurales, campesinas, pueblos indígenas y mujeres, señalaron una inminente hambruna entre los agricultores y agricultoras de subsistencia o familiar.

FECORACEN, que conforman cooperativas de la Reforma Agraria, interpretaron que ante las pérdidas de hasta un 80%, en frijol y un 20% en maíz, a nivel nacional, una crisis humanitaria en la zona rural es inminente.

El enfoque de derechos humanos para abordar las diferentes problemáticas es el ideal de las organizaciones de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, quienes urgen la aprobación de una normativa jurídica, que daría protección a las personas que se dedican a la defensa de derechos individuales o colectivos.

José Lazo, de Pro Búsqueda, afirmó que la ley no está vinculada a dar privilegios, sino a garantizar el derecho de las personas defensoras de derechos humanos a fortalecer la justicia y democracia del país.

“Lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, son expresiones estigmatizantes, es un Estado con un enfoque sesgado, que ve a las personas defensoras de derechos humanos como los enemigos del Estado. Ahora, el presidente Nayib Bukele ha dicho que somos organizaciones de fachada, un lenguaje de la guerra que lo considerábamos superado, entonces, ante esta deuda el Estado salvadoreño de ponerse al día con la agenda de derechos humanos, para marcar avances”, declaró Lazo.

Las organizaciones sociales que en sus agendas se encuentran en la atención de las víctimas del pasado conflicto armado, sin indicios de obtener una pronta y cumplida justicia del Estado salvadoreño. Sumando 40 años de impunidad ininterrumpida.

La emblemática Masacre de El Mozote y sitios aledaños, que cobró la vida de alrededor de mil personas, entre niños, niñas, mujeres y adultos mayores en diciembre de 1981, y que el juez de instrucción, la declarara, delito de Lesa Humanidad, no logró obtener acceso a los archivos militares sobre planes u operativos de esas fechas.

Los abogados acusadores Wilfredo Medrano (Tutela Legal DMJH) y David Morales (Cristosal), junto a la Fiscalía General de la República, buscan la condena para un grupo de militares de alto rango, vinculados a la masacre, señalaron su preocupación por las acciones de obstáculo desde el Ejecutivo.

“Esto es revictimizar a los familiares de las víctimas, a casi los 40 años de buscar justicia”, dijo Medrano. Mientras, Morales consideró que “son obstáculos y retrocesos muy preocupantes. Y es inadmisible que el asesinato de mil personas, no sea objeto de justicia en El Salvador. Y que el Gobierno que significó un relevo generacional, sea ahora cómplice también de la impunidad al proteger a los criminales de la masacre”, subrayó.

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