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José M. Tojeira
El peor modo de pasar una crisis es pasarla a la brava. Indignarse, gritar, insultar a los causantes o supuestos causantes de la crisis. Castigar o golpear a quien no le comprenda, puede ser el último recurso individual de una persona desesperada. Normalmente los gritos no le sirven de nada. Y si golpea, se expone a ser golpeado. Esta situación que puede comprenderse, aunque no aceptarse ni recomendarse en el caso de individuos desesperados, no puede ser nunca la actitud de una organización social, y mucho menos del Estado. Aunque no hemos llegado a esa situación de reacciones desesperadas, algunos hechos de la primera quincena de mayo nos llevan a pedir moderación en el manejo de la crisis actual. Está el caso de Luis Iván Bonilla, acusado de participar en un crimen y denunciado por un testigo criteriado (para variar), que muere estando detenido y cuyo cadáver es entregado a su familia con la exigencia de no reabrir el féretro por haber muerto a causa del COVID-19. Cuando la familia abre el féretro, se encuentra con que el joven tenía severos signos de tortura. Tras el enterramiento y la denuncia de la familia, se procede a la exhumación del cadáver. Y en ese momento la policía impide a un periodista estar presente en la exhumación. Esperemos que la fiscalía actúe de tal manera que no puedan repetirse ese tipo de abusos.
Otros dos casos se producen en circunstancias de supuesta violencia, en la que, atendiendo a las propias declaraciones policiales, se puede presumir un abuso de fuerza. Una joven estaba con un grupo de mareros cuando se produce un enfrentamiento con miembros de la PNC. Aunque la joven no estaba armada los policías insisten en que era miembro de maras y murió en un fuego cruzado. La familia lo niega. Un joven manejando un vehículo -probablemente con exceso de velocidad- se salta un retén y los policías disparan, muriendo el conductor del vehículo. Posteriormente los policías se disculpan diciendo que el chofer del carro había intentado atropellarlos y alegan defensa propia, cuando ya el vehículo había sobrepasado el retén y no había golpeado a ningún miembro de la PNC. La familia insiste en que el joven era taxista. El último caso fue la desaparición de una joven comprometida en la defensa de los Derechos Humanos. Tras cuatro días desaparecida, fue encontrada inconsciente en una zona solitaria. Las protestas en centros de contención masivos e inadecuados, por otra parte, se sofocan con la UMO y con el traslado a lugares lejanos de San Salvador sin explicación a quienes llevan ya más de treinta días retenidos.
Todo se puede explicar, aunque no justificar, diciendo que las crisis crean una tensión cada vez mayor. Pero responder durante las crisis con violencia endurece la crisis y acrecienta la cultura de la violencia, de larga data en el país. Si algo se le debe pedir al Gobierno y a quienes gestionan o vigilan la crisis de la pandemia, es moderación en el actuar y en el decir. La tendencia al castigo, y a culpabilizar a la víctima es mala en toda situación. Es fuente de violación de derechos humanos y multiplica la inseguridad. Y en tiempo de crisis social, como la actual, contribuye a la destrucción de los sentimientos de solidaridad. Cuando la sociedad civil pide moderación, le está diciendo al Gobierno y a sus instituciones que sean sensatos. Que ante la tensión y el estrés que producen estos largos días de encerramiento, por muy provechosos que puedan ser, no se puede responder de un modo insensato, creyendo que el castigo aplaca automáticamente la protesta o el indebido comportamiento. Si además algún sector del Gobierno se exceden en el uso de la fuerza, el tema se vuelve más complicado. La tortura es un delito muy grave y de persecución internacional. Y la facilidad de aplicar castigos crueles e inhumanos se identifican también como parte del delito de tortura. Moderar las reacciones gubernamentales en todos los estratos del ejecutivo es indispensable para que a nivel de país mantengamos la cordura y podamos enfrentar adecuadamente la crisis de la pandemia.
