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Los atarrayazos de la Sala de lo Constitucional

El titular de este editorial seguramente le puede parecer peyorativo a alguien, si no lo toma literal y menos metafórico. Tampoco significa una oposición de este periódico a este tipo de acciones, tan necesarias para darle claridad, sino es que seguridad jurídica a la población.

Y es que la noche del lunes, la Sala de la Constitucional declaró inconstitucional todos los decretos del órgano Ejecutivo, incluido el 29, que estará vigente hasta el viernes próximo para que el Gobierno pueda enfrentar la emergencia por la epidemia del COVID-19. También declaró inconstitucional dos decretos legislativos.

Los decretos ejecutivos declarados inconstitucionales son el número 5, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, así como la Resolución Ministerial n° 101. Incluye, por supuesto, el decreto 29 que entró en vigencia luego que la representación del Ejecutivo se retiró de la negociación en el parlamento, donde se discutía una ley de emergencia y de reactivación económica, al oponerse los diputados a “una cuarentena super especial”, que pretendía el Ejecutivo, que por cierto nunca explicó en qué consistía.

Además, la Sala declaró inconstitucionales la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, contenida en el Decreto Legislativo 611, y el Decreto Legislativo número 639, que contiene la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19.

Hasta la fecha, no hay un tan solo salvadoreño de a pie que tenga claro los decretos, ni cuál de todos es vigente; pues, no solo hay uno, en este caso el 29, sino dos o tres más que regulan o impiden otras acciones ciudadanas. Por esta razón, y por otras, creemos que es correcto el “atarrayazo” de la Sala y que ojalá, como lo mandata por segunda vez, el Ejecutivo y el Legislativo pongan todo su empeño en sacar una ley clara y precisa y que puede cumplir la ciudadanía sin zozobras, tanto para contrarrestar la pandemia como insertarse paulatinamente a la parte económica, tan apremiante después de 81 días de cuarentena domiciliaria obligatoria, como le dejamos ver en el editorial del lunes pasado. De las resoluciones de la Sala de lo Constitucional lo que nos debe quedar claro es que todos los decretos del Ejecutivo, que han mantenido a todos los habitantes de El Salvador en una cuarentena total, han violando la Constitución en preceptos o principios fundamentales: la movilización a cualquier parte del territorio, sin que haya una ley de excepción que suspenda las garantías constitucionales, que solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa, y no el Ejecutivo, mucho menos el Ministerio de Salud.

Otro principio fundamental afectado es el derecho a la libertada de información. A través de los decretos, por ejemplo, el Ejecutivo suspendió la labor de las oficinas que están obligadas a dar información a la ciudadanía que la requiere.

A las violaciones constitucionales que han permitido los decretos se pueden añadir las capturas que la Policía y los soldados hicieron de cerca de un millar de salvadoreños que violaron la cuarentena domiciliaria y que fueron confinados en centros de contención. Recientemente, la Sala ordenó la liberación de todos aquellos que ha cumplido los 30 días de confinamiento, tras resolver 40 recursos de amparo, por violar los derechos humanos de los capturados.

Las violaciones constitucionales producto de los decretos ejecutivos quedaron más claras cuando, sin argumentos sanitarios válidos, el Ejecutivo ordenó un cerco militar en el Puerto de La Libertad, que obligó, incluso, a intervenir al fiscal general de la República, cuyo proceso nadie sabe cómo va, ni cómo concluirá. Se sospecha que ya está engavetado o ese rumbo lleva.

Como decíamos en el editorial anterior, los salvadoreños lo que necesitan es información, orientación, educación, y no leyes temporales restrictivas o represivas, mucho menos miedo, pues ello afectará más la salud mental, que ya está afectando a muchos con la prolongada cuarentena.

Es curioso que en las empresas que han estado laborando no se han reportado contagios masivos, lo que significa que cumpliendo los protocolos o procedimientos se puede evitar el contagio. Mientras que en lugares de donde la gente no sale a la calle, como en los asilos, hay ya muertes por COVID-19 y cerca de un centenar de contagiados. Lo mismo ha ocurrido en la PNC y la Fuerza Armada, pues entre ambas entidades reportan más de medio millar de contagiados. Alguien debe explicar porqué, pues se supone, que al igual que el personal de salud, considerados el personal de “primera fila”, debieron tener los protocolos necesarios o especiales para evitar los contagios.

Volviendo al tema de la Sala de lo Constitucional, esperemos por un lado que el Ejecutivo no saque el decreto 30 para ganar terreno y para evitar que la Asamblea legisle y, por el otro, que el Ejecutivo y la Asamblea se sienten a elaborar la ley o decreto legislativo que el país necesite, pero respetando la Constitución.

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