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Carta Económica
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Actualmente el Estado salvadoreño atraviesa por una crisis de liquidez que amenaza con detener los desembolsos para la salud pública, los programas sociales y proyectos de desarrollo; además, ha complicado la situación financiera de las alcaldías y, lo que más parece preocuparle al sector empresarial es el pago de intereses y amortización de deuda.
Bajo este panorama, hacer un análisis responsabilizando al despilfarro de las instituciones, la falta de transparencia o la débil institucionalidad democrática, muestran un nivel argumentativo superficial o sesgado. Si bien es necesario hacer más eficientes los destinos del gasto público y mejorar los mecanismos de transparencia, los problemas financieros del Estado tienen una raíz más profunda, en el planteamiento mismo de la concepción del Estado que se ha impulsado desde las reformas neoliberales de la posguerra.
Como punto de partida, es importante remarcar que en economía es necesario hacer política antes que la matemática. Y es que la ciencia económica es un proceso de producción de subjetividades políticas, y según la posición de clase que adquiera el o la economista, así es lo que investigará, la metodología de abordaje, los presupuestos epistemológicos y supuestos teóricos que utilizará. De no reconocerse la subjetividad política subyacente al análisis o postulados elaborados, las conclusiones alcanzadas, por más respaldo matemático que posean, serán meros planteamientos ideológicos sin alcanzar carácter científico, dado su sesgo
Luego de la crisis de la década de 1970, la dinamización de la economía global (esto es la valorización del capital) se ha desarrollado en base a la deuda –y todos los mecanismos del sistema financiero derivado de esta– y el estancamiento de los salarios reales. Es así que a partir de la década de 1970 el mundo comienza una etapa de transnacionalización de sistemas productivos y financieros basados en la liberalización y desregulación. De esta manera se buscaba que la clase trabajadora pagara por los costes de relanzar el proceso de acumulación de capital global.
Para El Salvador, que en ese periodo histórico afrontaba un periodo de alta conflictividad social por el aparataje represivo del Estado al servicio de la oligarquía y los intereses de los Estados Unidos, que perfilaba el interés del capital transnacional, la ola de reformas se implementó en la medida que se consolidaba un proyecto hegemónico de carácter renovador dentro de la élite económica.
De este modo, se impusieron los intereses de las élites más articuladas con el capital financiero y el capital transnacional que buscaba las mejores condiciones para invertir, esto es, una fuerza de trabajo sobreexplotada y un Estado que lo permitiera. Esto se marcó de manera más clara luego de la firma de los Acuerdos de Paz, con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programas de Estabilización Económica (PEE).
Con estas reformas se abrieron los mecanismos que buscaban apostar a la promoción de exportaciones con IED en rubros de bajo valor agregado y salarios mínimos. Gran parte de estos mecanismos se dieron a partir de la técnica tributaria. Se realizaron reformas para descargar impositivamente a las grandes fortunas y los grandes capitales, con la eliminación de impuestos como el del patrimonio y la carga impositiva se colocó sobre los hogares con una estructura tributaria cargada en los impuestos directos al consumo, como el IVA.
Además, bajo la premisa de la ineficiencia burocrática se traspasaron bienes públicos rentables al sector privado. Este proceso, impulsado por preceptos meramente ideológicos, estuvo también plagado de corrupción y apropiación ilícita por parte de miembros de la élite económica que se hizo con el control hegemónico.
La búsqueda por atracción de inversiones impulsó también esquemas fiscales de exenciones para estimular determinados sectores económicos. Esto se constituye en un flujo de ingresos que el Estado deja de percibir por las actividades que las empresas transnacionales realizan en el territorio, a esto se le denomina Gasto Fiscal y constituye, en la práctica, un subsidio al capital transnacional.
Gran parte de los beneficios fiscales han sido absorbidos por sectores que no compensan las supuestas ventajas de la inversión. Las leyes de zonas francas, por ejemplo, ha estimulado un sector maquilero textil de muy poco valor agregado, que para ser internacionalmente competitivo se fundamenta en la sobre explotación de la fuerza de trabajo. También se han beneficiado los centros de atención de llamadas que se desarrollan a partir de bajas condiciones laborales. Es decir que el Estado está subsidiando las prácticas abusivas de algunas empresas bajo una lógica de compensación por externalidades, que no se han reflejado en la realidad.
En este marco de apertura, se dolarizó la economía con el fin de facilitar las transacciones internacionales y disminuir los riesgos cambiarios para agilizar los movimientos de estos capitales transnacionales. Esta medida constituyó, sin embargo, un mecanismo para asentar un modelo exportador de capitales con mayores facilidades en la región para circular capitales hacia paraísos fiscales y empresas off shore como forma de ocultar transacciones ilícitas o evadir impuestos.
También se privatizaron los fondos de pensiones y se genera un problema fiscal que se viene arrastrando con un sistema previsional social y financieramente insostenible para la clase trabajadora y el Estado. No obstante, el monto de las utilidades obtenidas en el período 2000/2014 les permitió a las AFP recuperar el capital social invertido 8.8 veces, lo cual equivale a una rentabilidad anual promedio de 59%; indicador que no se repite en ninguna otra actividad económica.
“La privatización de las pensiones que se realizó en 1997 con la aparición de las AFP, no resolvió el tema previsional; lejos de ello, lo condujo a un diferimiento de la crisis, trasladando hacia adelante en el tiempo del estallido de la crisis fiscal. Desde muy temprano la privatización mostró su inviabilidad, se le ha realizado una serie de modificaciones, al menos cuatro, cuya finalidad fue prolongar la agonía y nunca fueron realizadas con el propósito de corregir sus deficiencias de origen” (UCA, 2016)1 .
Este esquema en el que el Estado provoca que los amplios niveles de corrupción entre las nuevas élites estatales tecnócratas es una consecuencia lógica de oportunidades para un enriquecimiento ilícito que se ha hecho patente por el modelo neoliberal mismo, que se enfoca en la privatización y desregulación del sector público y en el papel extremadamente reducido del Estado, incluyendo sus funciones internas de vigilancia. La corrupción ha sido una respuesta racional a las condiciones generadas por el proyecto trasnacional. Esta corrupción se refleja en el sector privado en los altos niveles de evasión y elusión fiscal que implica una pérdida de recursos al Estado de cerca de 2.5 mil millones de dólares anuales.
Luego de estas reformas, la consecuencia lógica es un Estado desfinanciado para llevar a cabo programas que, por lo menos, sean capaces de paliar los efectos de un modelo neoliberal que amplía las brechas distributivas y, como efecto, profundiza la polarización en términos de subordinación ante la clase hegemónica que ha impulsado esta transformación.
Los actuales problemas financieros del Estado son un reflejo del agotamiento de este modelo. Este fenómeno se repite incluso en la periferia del centro de la geoeconomía global.
En Europa, los rescates de los bancos por parte de los gobiernos europeos impulsaron el déficit público a partir de la absorción de la deuda privada, generada en la dinámica de las finanzas estructuradas. Sin embargo, las instituciones financieras internacionales, los organismos tecnocráticos y los representantes de los intereses del capital afirman en cada oportunidad que este incremento en el déficit fue ocasionado por el aumento en el gasto público y el mantenimiento del Estado de Bienestar.
Bajo este argumento han llevado a países como Grecia, España, Países Bajos, Italia, Portugal a estrictos programas de austeridad para controlar el Gasto Público. En Grecia, que había seguido firmemente los lineamientos de austeridad dictados por la Troika (Comisión Económica de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) entre 2010 y 2013, el PIB cayó un 25.6% acumulado y creció 2.7% en 2014. La tasa de desempleo ha pasado de 12.7% en 2010 a 26.6% en 2014. El 13% del desempleo es de largo plazo y el desempleo juvenil alcanza el 49.7%. La inversión ha caído entre 2010 y 2013 a una tasa promedio anual del 19%. La deuda pública ha alcanzado el 177% del PIB en 2014, aún con los recortes en pensiones y servicios públicos recomendados por la Troika.
Esto le llevó a un nuevo programa de rescate con la Troika con condiciones aún más fuertes en las que se incluye la venta de activos públicos como puertos y aeropuertos, privatización de la red eléctrica, elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, la revisión de los contratos colectivos de los trabajadores y despidos en la política industrial.
El Congreso estadounidense se ha visto en una discusión similar, a partir del desacuerdo entre republicanos y demócratas en cuanto a la condición del aumento del techo fiscal (esto es un problema de fondos) por ajustes en los programas de la reforma de salud promovida por Obama. Cuando la Reserva Federal ha realizado un programa de inyección de liquidez de más de 3.5 billones de dólares para estabilizar los mercados financieros.
Con estas consideraciones, el análisis de la crítica situación financiera del Estado salvadoreño no puede estar simplemente vinculado a la composición del Gasto Público. La privatización de las pensiones ha supuesto una fuerte presión sobre el endeudamiento, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha pasado de 9,332.52 millones de dólares en 2009 a 12,233.7 millones en 2015, un aumento del 31%, pero que le permite estabilizarse alrededor del 46% del PIB. Sin embargo, la deuda del Sistema Público Financiero, donde están incluidas las pensiones, ha incrementado un 61%, pasando de 1,634.1 millones de dólares en 2009 a 4,196.4 millones de dólares en 2015, que implica un aumento del peso de esta deuda de 7.9% del PIB a 16.2%.
Las actuales negociaciones que se generan por un acuerdo para una Ley de Disciplina Fiscal, es simplemente otra forma en la que se busca ocultar el verdadero centro del problema fiscal que pasa por un replanteamiento total de la estructura tributaria. El respaldo que estas iniciativas tienen desde organismos financieros internacionales como el FMI resulta del interés para ofrecer programas de rescate, o acuerdos financieros que condicionan el desarrollo del país a los intereses del capital trasnacional.
Las experiencias de otros países han demostrado que aplicar ese tipo de programas no resuelve los verdaderos problemas de la gente y sí el de los tenedores de bonos o acreedores de los mercados financieros. Tanto en Europa como en Estados Unidos lo que se prevé es el estallido de una nueva burbuja especulativa basada en la deuda pública como mecanismo de refuncionalización de la acumulación en la que los afectados son los pueblos, perdiendo programas de seguridad social y derechos conseguidos a través de fuertes procesos de lucha, bajo la bandera de la austeridad o disciplina fiscal.
La apertura con la que El Salvador se inserta en los mercados globales y la dependencia de su régimen monetario dolarizado lo vuelven más vulnerables a los movimientos de la economía global.
Ante la problemática actual del país, es necesaria una política fiscal que incluya los retos de justicia tributaria, donde las mayorías populares no sean las benefactoras fiscales del capital.
Este propósito requiere de una reforma fiscal, no solamente tributaria, donde se reconozca la lucha política detrás del manejo de la técnica fiscal y se tome el lado de las demandas históricas de la población.
