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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Aquí le dicen nacer con cariño, pero ahora los jóvenes crecen con terror en sus comunidades y toda la población muere con dolor por la insuficiencia renal o el cáncer por tanto agrotóxico del cultivo de la caña de azúcar”, resume Doris de Pocasangre, al describir el impacto de la industria cañera en el cantón Hüiscoloyate, Izalco, en Sonsonate.
Para esta defensora ambiental la industria cañera está elevando diariamente el riesgo de la población a no contar con acceso al agua, al señalar que son varios cantones en Izalco y el departamento de Sonsonate, que se verían impactados por la falta del vital recurso.
“Han talado el bosque cafetero para el monocultivo de caña de azúcar, se acabaron los árboles para absorben el agua, entonces, nuestras vertientes se están secando y debemos ir profundizando la búsqueda del agua, porque ya no hay suficiente agua para extraer”, explicó.
Asimismo, denunció que la tala de una treintena de árboles de cedro y cacao por la Central de Izalco, y que para compensar el medio ambiente, han decidió plantar árboles de eucalipto o teka, solo profundizan la vulnerabilidad por el acceso al agua en la zona porque estos árboles absorben mucho agua, consideró de Pocasangre.
“En los territorios los dueños del ingenio, solo arriendan terrenos y no los compran porque los van a devastar en sus nutrientes y cuando ya son estériles las devuelven a los dueños de esa tierra y cuando estos no pueden sembrar nada porque la tierra está muy maltratada ¿Qué hacen?, pues terminan lotificándola para ganar le algo y se pierde un espacio para la agricultura”, sostuvo.
Frente a esta problemática social y económica la Fundación Maquilishuat, que trabaja en 12 municipios de Sonsonate, junto a la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate, discutió el estudio jurídico sobre la “seguridad alimentaria” y la propuesta de “Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria y Nutricional”, y el impacto en la población de mujeres de la zona rural.
Adela Bonilla, consultora de FUMA, señaló que el rostro de la crisis socio económica era de mujer porque el 85% de los hogares salvadoreños es liderado por ellas, lo que se traduce que son ellas las que están a cargo de la alimentación, nutrición y provisión de alimentos, así como del agua y el cuido de hijas, hijos, padres y abuelos.
“Toda esa responsabilidad se le recarga a las mujeres, un arquetipo sencillo es respecto a la salud y las enfermedades de las mujeres, en el sentido que han sido forjadas con valores de sacrificio y abnegación -es decir- que prioriza que otros se alimenten primero antes que ella. Su grupo familiar es primero y, entonces, las mujeres jefas de hogar se van mal nutriendo a lo largo de su vida y esto lo han normalizado social y culturalmente”, afirmó.
Otro escenario en donde las mujeres se ven afectadas directamente agregó, Bonilla es la “tenencia de la tierra”, que al no ser reconocidas como agricultoras es discriminada en el proceso de distribución del paquete de insumos que da el gobierno pese que algunas alquilan parcelas para la agricultora de subsistencia.
“Las mujeres que son agricultoras y mantienen su hogar también enfrentan la realidad de un medioambiente totalmente contaminado, así como el agua que ellas deben acarrear para regar sus plantas o los oficios del hogar. Y, con un suelo y agua contaminada el desarrollo de la semilla sucumbe y, claro, su cosecha vendrá con elementos de contaminación. Es una situación difícil para ella y su grupo familiar y precisamente, por esto necesitamos una ley de soberanía alimentaria en el país”, sostuvo.
El último censo mencionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) señala que habían entregado más paquetes agrícolas a pequeños agricultores y agricultoras, pero de las licitaciones a junio, que fueron de 350 mil paquetes –una de las más bajas- porque antes entregaban 490 mil paquetes, “lo que nos hace concluir que 200 mil personas, actualmente, ya no están en esos padrones de los paquetes agrícolas y esto no es favorecer el agro”, expresó Bonilla.
Sobre la declaración del ministro David Martínez, sobre incentivar el agro salvadoreño, que enmarca al plan maestro que lanzaron entre el año pasado e inicios del 2022, Bonilla consideró que no hay acciones claras o concretas en los territorios y esté relacionada a una ruta de fortalecimiento de este sector.
“Sabemos -eso sí- que las grandes industrias por el contrario, si tienen incentivos y respaldo gubernamental. Como la industria cañera que tiene sus subsidios y sus paquetes en cuanto a la dispensa de impuestos o en la compra de insumos”, indicó.
“La industria del café ha tenido también la venia del Estado, por mucho tiempo, pero nunca se ha visto una realidad cercana a la pequeña industria o los pequeños agricultores que cultivan para su subsistencia o para vender en el mercado local”, manifestó Bonilla.
En cuanto al fenómeno de la migración de mujeres y niñas de la zona rural, Bonilla consideró que El Salvador es un país expulsor de población porque no ha podido garantizar empleos dignos, educación, seguridad ciudadana y no ha combatido la violencia delincuencial que enluta los humildes hogares. Por lo que Estados Unidos se ha vuelto en un “país meta” para realizarse aún sabiendo de los peligros que los amenazan por el Crimen Organizado y la corrupción de las autoridades migratorias de los países de la región.
“Las poblaciones vulnerables no cuentan con mecanismos legales para ir a trabajar de manera ordenada al extranjero, solo existen uno o dos convenios con Canadá y Estados Unidos, que maneja el Ministerio de Trabajo, pero solo para grupos de 30 personas y no hay nada más”, indicó.
“Y la situación se agrava, supimos de otra industria maquilera que cierra operaciones y que dejaría una gran cantidad de personas sin empleo, entonces, como podemos decir que estamos mejor -como lo anuncia la propaganda oficial- si no contamos con empleos dignos, con la garantía del derecho humano al agua o con una soberanía alimentaria para la población”, puntualizó Bonilla.
