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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Han pasado cinco presidencias, nueve legislaturas y un montón de fiscales y las víctimas estamos igual, en la impunidad total”, resumió Rolando González, del Comité de Presos y Presas Políticos de El Salvador (COPPES), en el posicionamiento de las organizaciones de víctimas del conflicto armado, ante la “Audiencia oral y pública de seguimiento” a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, el 13 de julio de 2016, que se realiza este día.
Rolando González recordó su desaparición forzada por miembros de los “cuerpos de seguridad”, que en ese momento aplicaban la estrategia de represión estatal ejercida contra la oposición política, en el marco del conflicto armado en los años ochenta.
“Pongo mi caso en concreto, me capturaron hace 39 años, me desaparecieron por quince días, me torturaron y me encarcelaron veintiocho meses. Mi denuncia está puesta desde el año 2010. Y, hasta la fecha, ni conozco el número de mi expediente de esa denuncia. Llevo diez años esperando la aplicación de justicia; pero no solo soy yo, hay una gran cantidad de miles de víctimas”, reseñó González.
Las cifras que presentan las víctimas son contundentes; a lo largo de este tiempo, según investigaciones, se han acumulado 7,000 denuncias en el órgano Judicial; 160 en la Fiscalía General de la República, en donde las acusaciones se ordenan en 129 para la Fuerza Armada de El Salvador; 88 casos atribuidos a los extintos cuerpos de seguridad (PN, GN, PH); así como, veintiún casos atribuidos a grupos paramilitares y uno por grupos guerrilleros.
A cuatro años de emitida la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (1993), se dio paso a la posibilidad de que las víctimas y las organizaciones que trabajan junto a ellas, de buscar por fin la justicia en Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra.
Esta mañana en la audiencia convocada este viernes 30 de octubre, tiene relevancia, afirmó Sonia Rubio Padilla de la DPLF (Fundación para el Debido Proceso), porque se podrá debatir sobre el Decreto Legislativo 575, denominado Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que aprobó el pleno el 26 de febrero pasado, y que vetó el presidente Nayib Bukele, señalando razones de inconstitucionalidad, quien hizo una reseña de los esfuerzos de las organizaciones de víctimas y los obstáculos que han enfrentado desde la institucionalidad del Estado, para obtener justicia y resarcimiento integral.
“Es un contexto sombrío y peligroso actualmente, porque estamos viendo que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia han sido criticadas y no acatadas. Hemos sido testigos como, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera (Morazán), Jorge Guzmán, ha sido bloqueado en el acceso a los archivos militares, en el caso de El Mozote, entonces, eso preocupa grandemente. Pero también, tenemos la esperanza de que la Sala de lo Constitucional no abandone estos casos, así como la Fiscalía General de la República, incluidos los ministerios de Defensa y Hacienda”, señaló.
En su posicionamiento, las organizaciones sociales pro derechos humanos, memoria histórica nacionales e internacionales señalaron que el mencionado decreto 575, que contiene la “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”, mantiene parámetros alejados de los derechos constitucionales en materia de justicia transicional, entre otras debilidades jurídicas, que vendrían a fortalecer la impunidad que siempre ha afectado a las víctimas.
La posible eliminación de penas a las personas acusadas de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad; así también el establecimiento de un mecanismo de archivo de casos denunciados, a criterio de la Fiscalía General de la República, que consideran podría tener un efecto “amnistía encubierta”, sumado a la inseguridad jurídica en general.
Ima Guirola (CEMUJER) afirmó en su intervención que, como las víctimas demandantes, esperan que haya un cambio y que el Estado salvadoreño asuma de forma responsable sus obligaciones con este grupo poblacional, que ha sido relegado a lo largo de la historia en su petición de justicia.
“Queremos que el Estado asuma la no repetición de estos hechos, de desmontar la impunidad y que no pretenda acciones que hagan olvidar la historia, de manipularla o relegarla. Que no pretenda crear leyendas de esa historia de país, que ha sido violenta. Como organizaciones tenemos una iniciativa colectiva para buscar la verdad como Cristosal y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en Morazán, en la búsqueda de los archivos militares en el caso de El Mozote; otras organizaciones interponiendo denuncias ante la Fiscalía General de la República, todos luchando, ante esa actitud deliberada de obstaculizar la justicia y generar impunidad”, señaló Guirola.
En sus demandas, las organizaciones anticiparon a la Asamblea Legislativa trabajar en conjunto con las víctimas y emitir una ley apegada a los estándares de justicia internacional y concluir este proceso de formación de ley, postergado injustamente.
Mientras, al presidente de la República (Nayib Bukele) demandaron el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y demostrar coherencia con su discurso reiterado en materia de respeto a los derechos humanos de las víctimas. Y continuar con el Programa de Reparaciones a Víctimas, abrir los archivos militares de la época para que las víctimas conozcan la verdad y obtener justicia. Y a la Fiscalía General de la República que, de manera diligente, investigue y judicialice los casos presentados.
Rolando González, de COPPES, reiteró: “Hasta que muramos vamos a seguir dando la lucha, porque como víctimas tenemos derechos a conocer la verdad, a la reparación integral, a tener justicia y que nos garanticen que nunca más vuelva a suceder lo ocurrido”.
