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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Desde cuatro años para acá, que hemos venido buscando ayuda a la comunidad, hemos tenido amenazas de las entidades de gobierno, porque exigimos nuestro derecho a que nos ayuden porque somos comunidades en riesgo y no hemos tenido resultados de las alcaldías, ni otras entidades públicas”, relató Argentina* (nombre ficticio) defensora de derechos humanos en su territorio en Sonsonate.
Argentina agregó “No les gusta que les digamos que tenemos el derecho a pedir que ayuden a nuestra comunidad. Hemos tenido amenazas de varios y hasta la Policía Nacional Civil nos hace alejarnos, y no nos dejan trabajar y nos amenazan con demandarnos, eso quería compartir”, manifestó Argentina.
El anterior relato fue dado en el marco del Encuentro de Nacional “Reivindicando el Derechos a Defender Derechos” de las organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y la UNES, realizada entre el 17 y 18 de noviembre.
En dicha actividad se reunieron diversos liderazgos de mujeres, Pueblos Indígenas, jóvenes y población LGBTI, para abordar e intercambiar experiencias sobre la situación de las personas y organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos en el país.
Loyda Robles, abogada de FESPAD e integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, manifestó que la situación para defender derechos humanos en El Salvador era en este momento “bastante riesgosa”. No solo las personas que defienden individualmente derechos, sino también las organizaciones de sociedad civil.
“El temor principal surge porque existe una articulación de las instituciones del Estado que están en una disposición de controlar a los sectores que defendemos derechos humanos. Y principalmente, a través de la emisión de marcos jurídicos que vienen en detrimento de la labor de personas que defiende derechos humanos”, señaló.
“Por ejemplo, hay una serie de reformas al Código Penal y Procesal Penal, también la Ley contra maras y pandillas que vinculan la labor de la defensa de derechos humanos como de pandillas – claro- y la ley Antiterrorista que hace también una vinculación a las pandillas”, explicó Robles. Sobre esta articulación de los órganos del Estado, Robles, agregó que el “discurso” presidencial que acompaña a todos estos señalamientos son infundados, así como la creación de reformas y marcos jurídicos que atacan la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden la diversidad de derechos.
“Señalan al sector de organizaciones de sociedad civil como si hiciéramos financiamiento del terrorismo y en términos generales utilizan la recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en donde el Estado salvadoreño maneja un discurso que cumplen las recomendaciones del GAFI, en los estándares que los Estados deben contar para combatir el delito del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, argumentó.
Para Robles, el “uso de este discurso” que se ha generalizado frente al GAFI, sobre el cumplimiento de las recomendaciones lo que oculta en realidad es “la criminalización del sector de organizaciones”. Y que junto al instructivo de la Fiscalía General de la República (FGR), también se busca bloquear el trabajo de la defensa de los derechos humanos.
“El instructivo prácticamente criminaliza a las organizaciones, les genera gastos de los cuales, las organizaciones no están preparadas para asumir. Hay que nombrar un delegado de cumplimiento, también realizar ciertas actividades en razón de este instructivo (FGR) que requiere una erogación de fondo por parte de las organizaciones, -esndecir- un uso generalizado de la ley que viene en detrimento de las organizaciones que defienden derechos humanos”, sostuvo.
“Y esta el uso de las redes sociales no exclusivamente, pero principalmente han identificado a las organizaciones como un sector en contra de la población, a favor del terrorismo y como un sector que hacemos lavado de dinero inclusive”, aludió Robles.
En cuanto a la Asamblea Legislativa, señaló que altos funcionarios de gobierno y la Asamblea Legislativa ha retomado ese discurso que han llevado a la comisión legislativa que investiga fondos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil.
“Este discurso permea (absorve) la población, y debemos reconocer que el gobierno tiene una capacidad de uso de medios de comunicación muy fuerte y que al generalizar este discurso tenemos una población que en determinado momento estará en contra en la labor de los derechos humanos”, manifestó.
“Los periodistas es otro sector que sufre criminalización y persecución, algunos periodistas han tenido que abandonar al país por la discrecionalidad y ambigüedad de las reformas existentes donde no hay una interpretación concreta que estipule si estás o no estás transgrediendo la ley desde la función periodística”, reafirmó.
Para la abogada de FESPAD, las personas defensoras y periodistas investigativos que han tenido que salir fuera del país por una posible criminalización, termina generando toda una situación compleja para este sector que han calificado como “disidentes al discurso oficialista”, fueran estas nacionales o internacionales y al final podrían terminar en ataques y persecución.
“Y ahora, esta labor es más difícil a las personas defensoras de derechos humanos fuera de San Salvador, esto porque se articulan rápidamente, hay un impacto mediático si hay una persecución a una organización que trabaja en la ciudad”, afirmó.
