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Saúl Méndez
Colaborador
La Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, declaró inadmisibles las apelaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la defensa del procesado Miguel Ángel Gámez, por lo que se mantiene en firme la segunda sentencia absolutoria a favor de los ocho acusados en el caso Santa Marta, así como la responsabilidad civil impuesta a cuatro de ellos.
De acuerdo con la resolución emitida el pasado 7 de mayo, la FGR solicitó anular el fallo del Tribunal de Sentencia de San Vicente y repetir el juicio por tercera ocasión.
La fiscalía argumentó supuestas violaciones a las reglas de la sana crítica, específicamente al principio de razón suficiente, además de una presunta aplicación errónea de los artículos 18, 258 y 259 del Código Procesal Penal, así como la inobservancia de normas relacionadas con la congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que la representación fiscal no fundamentó de manera suficiente sus señalamientos y que sus argumentos reflejaban únicamente inconformidad con la resolución emitida. “Omiten expresar por completo de qué manera el tribunal sentenciador infringió las reglas de la sana crítica y únicamente realizan sus propias consideraciones acerca de algunos aspectos de las pruebas”, señala la resolución.
La Cámara determinó que no se acreditó un perjuicio real, concreto y actual derivado de la resolución judicial, por lo que declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la Fiscalía.
Por otra parte, el procesado Miguel Ángel Gámez también apeló la condena civil impuesta por el tribunal. No obstante, los magistrados señalaron que la defensa se limitó a citar artículos supuestamente vulnerados sin desarrollar una argumentación jurídica que respaldara el supuesto error en la aplicación de la ley.
“Al no estar suficientemente fundado el defecto por errónea aplicación de la ley penal, el referido motivo deberá inadmitirse”, establece la resolución judicial.
Con esta resolución, las partes que no estén conformes aún pueden acudir a la Sala de lo Penal mediante los recursos correspondientes o esperar la firmeza de la sentencia para promover un recurso de casación.
El caso de los líderes ambientalistas y comunitarios de Santa Marta (Cabañas) en El Salvador se ha caracterizado por la denuncia de una «farsa» judicial y la falta de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por ejemplo, en el caso del supuesto asesinato del que acusan a los ambientalista, el testigo de la fiscalía dijo en un primer momento que presenció la ejecución. Posteriormente, el testigo dijo que le contaron terceras personas.
Luego, cuando el juzgado ordenó la exhumación del cadáver, éste no fue encontrado, a pesar de que, con maquinaria pesada, excavaron una gran cantidad de terreno propiedad de la cooperativa en Santa Marta.
A finales de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente dejó en libertad a los cinco líderes comunales tras determinar que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes para acusarlos de un asesinato cometido en 1989 durante el conflicto armado. Este fue el segundo juicio, y el segunda fallo a favor de los encuausados.
Los acusados, así como los miembros de la comunidad de Santa Marta, no dudan que este caso montado por la Fiscalía era represalia por su histórico papel en la lucha antiminería en la zona, más que como una búsqueda de justicia por el conflicto armado, y, con miras a eliminar el rol antiminero de esta comunidad ante las pretenciones del gobierno de reactivar la minería.
Lo anterior quedó demostrado, cuando la Asamblea Legislativa aprobó, el 23 de diciembre de 2024, una nueva Ley General de Minería Metálica, y dejó sin efecto, ese mismo día la histórica ley que prohibía la minería vigente desde 2017, producto de una larga lucha encabezada por los cinco ambientalistas de Santa Marta.
