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Saúl Méndez
Colaborador
La comunidad Santa Marta, en Cabañas, actualizó el estado del proceso judicial contra cinco líderes ambientalistas reconocidos por su lucha contra la minería metálica. Tras tres años de proceso penal, los acusados fueron absueltos por segunda ocasión en septiembre de 2025; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado nuevamente a la Cámara Penal de Segunda Instancia la anulación del juicio y su repetición en un tribunal distinto, con otros jueces.
Actualmente, la Cámara revisa las apelaciones presentadas tanto por la FGR como por la defensa de los ambientalistas, derivadas del fallo emitido el 24 de septiembre de 2025, que también concluyó en absolución, explicaron representantes de la comunidad.
Alfredo Leiva, vocero de la comunidad, explicó que la FGR presentó la apelación el viernes 13 de febrero, último día hábil dentro del plazo legal de 10 días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia definitiva por escrito entregada el 30 de enero de 2026 a los abogados, por lo que fue interpuesta dentro del tiempo establecido, afirmó Leiva.
No obstante, los miembros de la comunidad Santa Marta, de Cabañas, cuestionaron severamente la decisión de apelar contra el fallo absolutorio de los ambientalistas absueltos en dos ocasiones, tras dos juicios por la misma causa.
Sobre el procedimiento, explicó que la notificación del tribunal de San Vicente, a la Fiscalía y defensa, establece un plazo de cinco días para responder. Posteriormente, el expediente se remite a la Cámara, instancia que no tiene un plazo definido para emitir resolución.
La comunidad también solicitó a la Cámara Penal de San Vicente eliminar la responsabilidad civil que los jueces de sentencia establecieron contra algunos de los procesados, pese a haber sido absueltos penalmente.
El caso contra los cinco líderes ambientalistas
Los cinco acusados, entre ellos el director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, Antonio Pacheco, fueron detenidos durante la madrugada del 11 de enero de 2023 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC), bajo los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas en el contexto de la guerra civil salvadoreña. Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, los imputados eran “excomandantes” guerrilleros vinculados al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De acuerdo con la acusación, habrían participado en el secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga en 1989, presuntamente por colaborar con militares durante el conflicto armado.
Sin embargo, tras dos procesos judiciales en los que los cinco líderes comunitarios fueron absueltos, ADES-Santa Marta sostuvo que el caso constituye una “burda manipulación” de la justicia restaurativa y transicional.
“La Fiscalía General de la República decidió acusar falsamente a líderes de Santa Marta por supuestos delitos de la guerra, en lugar de investigar las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército y grupos paramilitares contra la comunidad, que para evitar el exterminio tuvo que exiliarse en Honduras durante ocho años”, denunció la organización.
“El verdadero delito fue defender el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones, gravemente amenazadas por proyectos extractivistas”, añadió.
Peter Nataren, vocero de Santa Marta, afirmó que, tras dos juicios en los que los acusados han sido absueltos, las imputaciones responden a un intento de apartarlos de sus territorios por su papel como activistas emblemáticos.
Como ejemplo, señaló que el fallo definitivo fue entregado hasta el 30 de enero de 2026, luego de cuatro prórrogas.
“Sin embargo, como ya se ha señalado en distintos medios durante estos tres años, la Fiscalía no ha logrado sostener ninguna evidencia de las acusaciones presentadas”, sostuvo.
“Ya son tres años en los que los medios de comunicación han dado seguimiento a todo el proceso judicial y a las denuncias que hicimos desde el inicio, señalando que este caso estaba relacionado con el tema minero”, agregó.
Las capturas de Antonio Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas ocurrieron en enero de 2023, en un contexto en el que aún estaba vigente la ley que prohibía la minería metálica en el país, una medida aprobada en 2017 tras años de lucha de comunidades y organizaciones sociales, explicó Nataren.
“Este caso, específicamente, estaba orientado a preparar el camino: generar miedo y garantizar que las comunidades no protestaran frente a este tema”, afirmó.
“Por eso, la captura de estas cinco personas se volvió emblemática dentro de un proceso de resistencia impulsado desde la comunidad de Santa Marta, con el respaldo de diversas organizaciones, comunidades del país y apoyo internacional”, añadió.
Advierten de más capturas por la defensa de la tierra
La comunidad Santa Marta no descartó que puedan registrarse nuevas capturas vinculadas a la defensa ambiental y al contexto minero en los próximos meses. Esto ocurre en un escenario donde Estados Unidos y El Salvador han suscrito acuerdos comerciales que incluyen disposiciones que podrían criminalizar ciertas prácticas, como la minería artesanal en zonas como La Unión.
Según Nataren, este tipo de medidas constituye una forma de criminalización de la población, por lo que considera necesarias acciones concretas.
“Ante esto, consideró que lo que las comunidades han expresado durante estos tres años debe conducirnos más hacia la acción que hacia la reflexión. Es un momento que exige organización y respuesta”, manifestó.
“Ya en 2023 advertíamos que el caso de Santa Marta podía ser el inicio de un proceso más grave. Hoy enfrentamos una situación compleja. Hemos visto persecución hacia distintos sectores, incluyendo periodistas y comunicadores sociales, muchos de los cuales se han visto obligados a abandonar el país”, señaló.
“Esto se vincula con lo que también han denunciado diversas organizaciones: un patrón que no solo se observa en América Latina, sino en distintas partes del mundo, donde los procesos de extractivismo ambiental comienzan ‘limpiando el camino’, es decir, removiendo de los territorios a líderes sociales y comunitarios”, agregó.
Nataren explicó que, además de la minería, persisten otros problemas ambientales, como el impacto de la industria cañera en comunidades expuestas a fumigaciones aéreas, así como sus efectos en la salud, entre ellos el incremento de casos de insuficiencia renal.
“La situación en La Unión también es crítica, con proyectos como el aeropuerto y los desalojos de comunidades campesinas en zonas costeras”, advirtió.
Para la comunidad Santa Marta, este escenario refleja una dinámica de explotación intensiva.
“Sin embargo, aún estamos a tiempo de actuar como país, de organizarnos y de defender el futuro de nuestros hijos y nietos. De no hacerlo ahora, las condiciones de vida para ellos serán mucho más difíciles”, expresó.
“Esperamos que la población pueda organizarse, defender sus derechos y, eventualmente, retomar el rumbo del país. El camino actual es difícil, incluso para la vida misma en el territorio”, concluyó.
