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Saúl Méndez
Colaborador
La histórica comunidad Santa Marta, en Cabañas, expresó su rechazo a la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas impulsada por el Gobierno, al considerar que abriría la puerta a la privatización de servicios públicos esenciales. Además, advirtió que, en conjunto con el acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador el pasado 29 de enero, la normativa podría facilitar la explotación de recursos naturales por parte de empresas estadounidenses para su posterior exportación hacia ese país.
Peter Nataren, vocero de Santa Marta, afirmó que, a partir del convenio con Estados Unidos, enmarcado en un acuerdo de entendimiento comercial, se establece un financiamiento promovido durante la administración de Donald Trump para impulsar acciones relacionadas con la explotación de recursos naturales.
“En uno de los artículos se detalla la posibilidad de extraer recursos del territorio nacional para destinarlos a reservas en Estados Unidos. Además, bancos estadounidenses financiarían estos proyectos”, reveló Nataren.
Para el ambientalista, el financiamiento internacional atraerá a diversas empresas, muchas de ellas probablemente estadounidenses. No obstante, advirtió que este tipo de legislación también podría facilitar el lavado de dinero. Señaló que, en otros países de la región, este tipo de inversiones ha sido utilizado para canalizar fondos del narcotráfico, especialmente en proyectos vinculados a la minería.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de que el país enfrente en los próximos años problemas graves asociados al narcotráfico, incluyendo un aumento de la violencia. “Se está abriendo la puerta a dinámicas peligrosas”, manifestó.
“Hemos venido denunciando en los últimos años cómo este régimen ha avanzado gradualmente hacia la privatización”, sostuvo.
Afirmó que, a través de diversas comisiones en las que han participado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y otras agencias internacionales, se ha financiado al Gobierno mediante préstamos aprobados de forma constante.
Según indicó, estos recursos han servido para preparar la infraestructura necesaria para la implementación de la Ley de Alianzas Público Privadas, la cual, aseguró, responde a requisitos poco transparentes en convenios con organismos financieros internacionales.
“Sin duda, lo poco que aún queda en el país sin privatizar cambiará en los próximos meses”, advirtió.
Sostuvo que los sectores más afectados serán, como en otras ocasiones, las poblaciones más vulnerables.
En materia ambiental, señaló que el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar proyectos mineros de gran magnitud, por lo que considera previsible la apuesta por la privatización.
“En este contexto, el papel de Estados Unidos ha sido contradictorio: mientras promueve iniciativas de protección ambiental, como la conservación del río Lempa, también impulsa acuerdos que podrían afectar gravemente estos recursos”, agregó.
Nataren también criticó que el Gobierno ha dejado atrás promesas asociadas al lema “el dinero alcanza cuando nadie se lo roba”.
“Esto evidencia que la corrupción es amplia. La población que confió en una Asamblea Legislativa alineada con el oficialismo no ha visto respuestas a sus necesidades ni soluciones a problemas fundamentales como la salud y la educación”, afirmó.
“Difícilmente quienes votaron por este proyecto político imaginaron que se aprobaría una ley que facilite la minería y el saqueo de recursos, lo que podría generar, eventualmente, miles de refugiados ambientales”, aseguró.
La comunidad Santa Marta ha denunciado reiteradamente que muchas personas podrían verse obligadas a desplazarse en busca de condiciones básicas, como acceso a aire limpio, debido a la contaminación derivada de las actividades mineras.
“Esto podría traducirse en desplazamientos forzados”, advirtió.
“Esta ley abre ese camino y podría ser aprobada en cualquier momento, incluso en los próximos días. Existe una urgencia evidente, impulsada por la falta de recursos del Gobierno para iniciar estos proyectos, lo que los lleva a buscar inversión privada”, manifestó.
También enfatizó que existen intereses particulares de algunos actores en utilizar estos mecanismos para introducir y lavar dinero.
Ante este escenario, la comunidad Santa Marta informó que se unirá a la marcha del Primero de Mayo para continuar presionando y denunciando.
“Creemos que es la labor que nos corresponde: no guardar silencio”, expresó Nataren.
“En algún momento se darán las condiciones necesarias para procesar a quienes han cometido abusos y daños contra el pueblo salvadoreño en los últimos años”, concluyó.
