Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El Salvador enfrenta un aumento sostenido de cuestionamientos en el ámbito internacional debido a informes recientes sobre presuntas violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción y a nuevas revelaciones periodísticas que retoman la hipótesis de negociaciones entre el Gobierno y estructuras criminales, expresó el analista Carlos Araujo; factores que podrían convertirse en una fuente de presión política externa.
Según el analista político, la acumulación de informes elaborados por organizaciones nacionales e internacionales ha comenzado a impactar la percepción del país fuera de sus fronteras. Entre estos destacan investigaciones presentadas por la organización Cristosal y pronunciamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como reportes sobre personas fallecidas bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen de excepción.
De acuerdo con estos informes, más del 30 % de las personas capturadas no contaban con antecedentes penales previos, lo que ha encendido alertas en organismos internacionales sobre posibles detenciones arbitrarias y falta de garantías procesales. Araujo sostiene que estas denuncias, acompañadas de testimonios directos y documentación de casos, están configurando un escenario de mayor escrutinio externo.
Investigaciones periodísticas sobre el pacto
Araujo se refirió a un reciente documental periodístico difundido por la cadena pública estadounidense PBS, en colaboración con medios de investigación regionales como El Faro, que retoma señalamientos sobre el pacto entre autoridades salvadoreñas y pandillas antes de la implementación del régimen de excepción.
El informe incluye testimonios de fiscales estadounidenses y reconstrucciones cronológicas de eventos relacionados con investigaciones previas sobre posibles negociaciones con estructuras criminales. Estas revelaciones, según el analista, podrían tener implicaciones en la relación bilateral con Estados Unidos, si continúan ampliándose las investigaciones judiciales en ese país.
El presidente Nayib Bukele ha negado reiteradamente la existencia de pactos con pandillas, mientras que su gobierno sostiene que los resultados en materia de seguridad constituyen evidencia de una estrategia efectiva contra el crimen organizado.
Sistema judicial estadounidense
Araujo explicó que uno de los factores más complejos del escenario actual es la diferencia entre las decisiones políticas de la administración estadounidense y la actuación independiente del sistema judicial federal de ese país.
En ese sentido, mencionó que mientras actores políticos como Donald Trump o Marco Rubio pueden impulsar determinadas líneas de cooperación bilateral, los procesos judiciales relacionados con estructuras criminales salvadoreñas siguen su curso de forma autónoma en tribunales federales. “El sistema judicial estadounidense puede continuar investigando incluso si existen acuerdos políticos temporales”, señaló el analista.
Araujo también dijo que, gracias al documental de PBS, se ha dado cuenta que el “Crook” (Elmer Canales Rivera, de la MS-13) es ha convertido en informante en un tribunal de Nueva York que lleve el caso.
Carlos Araujo hizo mención del denominado “Caso Catedral”, una investigación desarrollada durante la gestión del exfiscal general Raúl Melara y fiscales de los Estados Unidos, a través del grupo conjunto conocido como “Vulcano”, que indagaba presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno y pandillas.
Según Araujo, la destitución del fiscal general y de magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 coincidió con un momento clave en dichas investigaciones. La Asamblea Legislativa, dominada entonces por el oficialismo, procedió a nombrar nuevas autoridades en ambas instituciones, justamente para que, por un lado, se detuviera la investigación del “Caso Catedral”, y la Corte impidiera la extradición de líderes de pandillas, como en efecto ocurrió.
Seguridad versus derechos humanos
Uno de los aspectos que resalta en el país es el respaldo ciudadano al régimen de excepción pese a los cuestionamientos internacionales y las violaciones a los derechos humanos que este ha provocado en el país.
De acuerdo con Araujo, existe una percepción mayoritaria positiva respecto a los resultados en seguridad pública, particularmente por la reducción drástica de homicidios atribuida al régimen de excepción.
“Muchas personas consideran que el sacrificio de libertades individuales ha sido un costo necesario para alcanzar tranquilidad”, explicó. Sin embargo, advirtió que esta lógica podría generar tensiones futuras si continúan acumulándose denuncias sobre detenciones arbitrarias o fallecimientos en centros penitenciarios.
Señales económicas preocupantes
Pese a los resultados del régimen de excepción en el campo de la seguridad, la situación en el ámbito económico, particularmente en materia de inversión extranjera directa, es grave. Según datos oficiales citados en la entrevista, El Salvador registró una caída cercana al 37 % en inversión extranjera entre 2024 y 2025, manteniéndose como el país con menor captación en la región.
Para Araujo, este indicador refleja preocupaciones del sector empresarial internacional relacionadas con seguridad jurídica, institucionalidad y clima político. “El desarrollo económico requiere confianza internacional sostenida, no solo mejoras en seguridad”, señaló Araujo.
Aunque el impacto interno de los informes internacionales sigue siendo limitado, el analista considera que la presión externa podría incrementarse gradualmente, si continúan surgiendo nuevas investigaciones o testimonios.
Araujo sostiene que el escenario dependerá en gran medida del avance de procesos judiciales en Estados Unidos y del comportamiento del sistema político salvadoreño frente a las denuncias.
“Hay mucha evidencia acumulándose en distintos niveles. Es difícil que estos temas desaparezcan con el tiempo”, concluyó.
Mientras tanto, el debate entre seguridad, derechos humanos e institucionalidad continúa marcando la agenda pública salvadoreña, en un contexto donde la percepción interna y la evaluación internacional parecen avanzar por caminos distintos.
