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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Una Iglesia en la vanguardia de la historia
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nunca ha sido un corpus estático de buenas intenciones, sino un organismo vivo que responde a los dolores de cada época. Desde que el Papa León XIII encendiera la chispa en 1891 con la encíclica Rerum Novarum —denunciando la explotación de la clase obrera en plena Revolución Industrial—, el Magisterio ha trazado una línea ininterrumpida de defensa de la dignidad humana. Hoy, al analizar el desarrollo de esta doctrina hasta nuestros días, los numerales 28 al 32 de la reciente encíclica del Papa León XIV vuelven a situar a la Iglesia en el centro de la palestra pública, recordando la plena vigencia de su labor social frente a los desafíos del siglo XXI.
En estos numerales específicos, León XIV realiza una radiografía de la relación entre la fe y las estructuras políticas. El Sumo Pontífice valida, de manera contundente, el papel de los movimientos sociales como expresiones legítimas de la sociedad civil organizada. Lejos de verlos con sospecha, la Iglesia los asume como aliados indispensables en la búsqueda del bien común. Sin embargo, el núcleo más profético de este apartado radica en su férrea advertencia contra los autoritarismos gubernamentales que, bajo el pretexto de la seguridad, la eficiencia económica o la refundación nacional, asfixian los espacios democráticos y anulan la participación ciudadana.
El péndulo ideológico frente a la dignidad humana
El análisis de León XIV resuena con una fuerza dramática en América Latina, una región históricamente fracturada por polarizaciones ideológicas. La Iglesia, fiel a su tradición magisterial, evita caer en la trampa de los reduccionismos políticos. En su encíclica, se percibe una crítica transversal tanto a las viejas como a las nuevas expresiones de la izquierda y la derecha en el continente.
Por un lado, las denominadas «izquierdas» latinoamericanas, que a menudo instrumentalizan las banderas de la justicia social y los movimientos populares, han derivado en múltiples ocasiones en regímenes hiperpresidencialistas y autocráticos. En nombre del «pueblo», se persigue la disidencia, se coartan las libertades económicas básicas y se destruye la institucionalidad democrática.
Por otro lado, las «derechas» de la región, frecuentemente aliadas con oligarquías financieras, adoptan hoy un rostro tecnocrático o populista de corte punitivo. Estas corrientes sacrifican los derechos laborales y las garantías individuales en el altar del libre mercado desregulado o del orden público absoluto. Para el Magisterio Social, ni el estatismo asfixiante de izquierda ni el individualismo desalmado de derecha responden al plan divino de justicia. El ser humano y sus derechos inalienables deben estar por encima de cualquier ideología de turno.
El Régimen de Excepción y el desmantelamiento del tejido social
Al aterrizar estas reflexiones globales en la realidad de El Salvador, las advertencias del Papa León XIV adquieren una vigencia escalofriante. El país centroamericano se encuentra hoy en el ojo del huracán internacional debido a un proceso acelerado de concentración de poder que contradice frontalmente los numerales 28 al 32 de la encíclica.
El principal instrumento de esta dinámica ha sido el Régimen de Excepción. Si bien las mayorías sociales aplaudieron inicialmente la reducción de los índices de criminalidad provocada por el repliegue de las pandillas, el costo institucional y humano ha sido devastador. La Iglesia salvadoreña, inspirada en el legado martirial de San Óscar Arnulfo Romero, mira con profunda preocupación cómo la excepción se ha convertido en la norma permanente de gobierno.
La crítica eclesial y de los organismos humanitarios hacia el Régimen de Excepción no busca defender la impunidad de los delincuentes, sino proteger a los inocentes. Bajo este marco jurídico extraordinario, se han suprimido garantías constitucionales básicas: el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso. Miles de capturas arbitrarias, denuncias de torturas y muertes bajo custodia estatal configuran un escenario de vulneración sistemática que el Magisterio Social de la Iglesia condena de forma explícita. El fin nunca puede justificar los medios; un Estado no puede combatir la ilegalidad utilizando métodos que atropellen la dignidad humana.
El retroceso en la libertad sindical y la amenaza de la OIT
Uno de los puntos más alarmantes del panorama salvadoreño actual, y que conecta directamente con la esencia de la Rerum Novarum y la nueva encíclica de León XIV, es el grave retroceso en la libertad sindical y social. Los movimientos sociales, sindicatos independientes y organizaciones de la sociedad civil organizada sufren hoy un clima de acoso, estigmatización y asfixia legal.
Líderes sindicales han sido detenidos bajo las amplias y ambiguas figuras del Régimen de Excepción, mientras que los espacios de diálogo tripartito entre el Gobierno, la empresa privada y los trabajadores han sido desmantelados o cooptados por el oficialismo. Esta realidad ha colocado a El Salvador bajo la lupa de la comunidad internacional.
Actualmente, el país enfrenta la inminente amenaza y el bochorno diplomático de abandonar o ser sancionado severamente dentro de la llamada «Lista Corta» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta lista aglutina a las naciones del mundo que violan de forma más grave y reiterada los convenios internacionales sobre libertad sindical y derecho de sindicación (especialmente los Convenios 87 y 98). Estar en este listado, o peor aún, ser expulsado de los estándares mínimos de la OIT por la negativa del Estado a corregir sus abusos, no solo aísla comercialmente al país, sino que confirma el carácter autoritario de la gestión pública frente a la clase trabajadora.
Un llamado a la coherencia
Frente a la narrativa gubernamental que califica las críticas externas como «injerencia extranjera», la encíclica de León XIV defiende con firmeza la visión universal e indivisible de los Derechos Humanos. Los derechos fundamentales no dependen de las fronteras nacionales ni de las soberanías estatales; pertenecen intrínsecamente a la persona por el hecho de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios.
La comunidad internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de diversas relatorías de la ONU, ha reiterado sus llamados de atención al Estado salvadoreño. La respuesta oficial ha sido el aislamiento y el rechazo al escrutinio externo. Sin embargo, desde la perspectiva del Magisterio Social, la soberanía de una nación se legitima únicamente cuando sirve a la justicia y protege a los más vulnerables, no cuando se utiliza como un escudo para ocultar los abusos de poder.
El rol profético e irrenunciable de la Iglesia
La nota periodística que nos hereda el análisis de los numerales 28 al 32 de la encíclica de León XIV es una invitación a la resistencia pacífica y a la coherencia ética. La Iglesia en El Salvador y en toda América Latina no puede callar ante los autoritarismos, sin importar el color ideológico de quien los ejerza.
El trabajo social de la Iglesia, encarnado en sus comunidades de base, sus pastorales sociales y su voz profética, mantiene una vigencia absoluta. En un contexto donde los partidos políticos tradicionales se han disuelto y los contrapesos democráticos han sido anulados, la doctrina social mariana y eclesial se erige como el último faro de esperanza para los perseguidos, los sindicalistas criminalizados y las familias de los inocentes encarcelados. La historia demuestra que los regímenes autoritarios pasan, pero la palabra de Dios y la exigencia de justicia social permanecen inalterables.
