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Redacción Nacionales
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La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa inició con el estudio de la Ley de Alianzas Público Privadas. De momento, solo brindaron sus opiniones. En la mesa legislativa, la diputada Ortiz, propuso que en la ley se establezcan las exclusiones de la Ley de APP a los sectores de salud, educación y recursos hídricos, tal cual lo regula en la ley vigente.
Este martes se le dio ingreso formal a la propuesta de ley; varios de los diputados de Nuevas Ideas brindaron sus valoraciones sobre la normativa. La primera en referirse fue la diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la Comisión, Dania González.
“Queremos aclarar algunos puntos que ya lo establece la Constitución. En algunos artículos muy concretos de la Constitución de El Salvador asigna al Estado ciertas responsabilidades directas sobre servicios específicos como salud, educación, agua, etc.”, comentó Dania González; ya que diversos sectores han mostrado preocupación por que la nueva normativa, solo excluye de estos asocios público privados, a los servicios relacionados a la seguridad nacional, inteligencia y justicia.
La nueva normativa elimina la exclusión de las áreas de educación, salud y recursos hídricos.
La oficialista citó el artículo 65 de la Carta Magna, que establece que “la salud es un bien público”. Señaló que muchas personas han vertido un análisis donde “malinterpretan este tipo de leyes”.
González recordó la pirámide de Kelsen (esquema jerárquico de las normas jurídicas), donde establece que la Constitución prevalece ante las leyes secundarias. Citó el artículo 66 de la misma Carta Magna, que establece que el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general.
“¿Qué nosotros podemos interpretar de este artículo?, que es el Estado el responsable directo del sistema de salud pública. La participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación”, sostuvo González.
En cuanto al tema de educación, González citó el artículo 53 de la Carta Magna que establece que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; y es “obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión”.
“El artículo 54 nos habla de la obligación del Estado en organizar el sistema educativo. El artículo 56 nos habla de educación básica gratuita cuando la imparte el Estado”, expresó González.
“El Estado es el proveedor directo del servicio educativo. La educación privada si bien existe, no sustituye esta obligación estatal”, añadió la oficialista. El artículo 50 habla sobre la seguridad social, recordó González, quien señaló que el Estado estará a cargo de este rubro.
Sobre los recursos hídricos la parlamentaria, presidenta de la comisión, enfatizó que la Carta Magna también habla sobre el tema. “La Cn. nos habla de aguas y recursos naturales, la Cn. habla o quizás no menciona que el agua potable como servicio público; sin embargo, establece algunas bases, lo podemos ver en el artículo 117 de la protección de los recursos naturales; que el Estado tiene ese deber de proteger los recursos naturales, esto incluye el agua como un recurso estratégico”.
“El rol que tendrá la Asamblea Legislativa será liderar el proceso de construcción de ley y en el caso se defina, autorizar las alianzas público- privados”, destacó.
William Soriano, también de Nuevas Ideas, ejemplificó casos internacionales donde el Estado implementó asocios públicos privados. “En Londres, el sistema de metros fue construido bajo el modelo de asocio público privado; otro ejemplo, el aeropuerto de El Dorado en Colombia. En Perú, también la línea 1 del metro de Lima”.
“El APP es una herramienta que tienen a disposición los Gobiernos para el desarrollo de infraestructura pública, en donde el privado asume la construcción y operación de este tipo de infraestructura, lo que permite que el Estado no cargue con todo el costo financiero y poder enfocar sus recursos limitados en aquellas áreas que son de máxima urgencia”, destacó Soriano.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, señaló que “hoy por hoy” lo que está en la Constitución “no es garantía”, ya que considera que Nuevas Ideas ha convertido a la Carta Magna en una ley secundaria porque la cambian en dos horas”.
Por lo cual, propuso modificar el artículo 2 de la propuesta de la ley que llevó el Ejecutivo para que expresamente en la ley se excluyan los servicios de salud pública, inclusive los prestados por el ISSS; así también para los servicios de educación pública definidas en la Ley General de Educación, incluida la Universidad de El Salvador.
También pidió establecer en la ley la exclusión de los recursos hídricos exceptuando los servicios de saneamiento, si no, lo que tiene que ver con el consumo de agua potable y recursos hídricos en general.
De igual manera, lo que ya excluye la propuesta de ley, sobre la seguridad nacional, inteligencia y justicia. A la vez, Ortiz le tomó la palabra a Dania González para declarar en la Constitución de la República, el agua como bien público, por lo que dejó la propuesta de reforma constitucional en la mesa de trabajo.
“¿Qué pasa si lo que pedimos se deja por fuera? Estaríamos habilitando que, por ejemplo, se establezca un APP en materia de salud donde un privado llega a invertir para desarrollar infraestructura o brindar servicios. ¿Y qué pasa? El privado tiene que recuperar su inversión y una manera es cobrando”, puntualizó Ortiz.
La Comisión acordó invitar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que exponga el proyecto de Ley.
