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Despedidos de CEPA denuncian que la autónoma no ha cumplido la sentencia definitiva, que ordena el reinstalo y pago de los salarios, más prestaciones de ley a los 13 trabajadores. Foto Diario Co Latino/cortesía.

Despedidos de CEPA denuncian desacato a orden de jueza

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

“Soy uno de los afectados en el caso CEPA/Acajutla, aquí con mi familia para pedirle de todo corazón que se cumpla la sentencia de la jueza, la cual es favorable a nuestra situación”, manifestó Rafael Alberto Ramírez, uno de los 13 despedidos por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el pasado 18 de octubre de 2020, por supuestamente haber dado positivo a un examen toxicológico.

La CEPA inició un proceso judicial en contra de los empleados ante el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate, donde pedía “finalizar el contrato laboral sin responsabilidad patronal”, es decir, dejarlos sin trabajo y sin la indemnización respectiva.

El 4 de enero de 2021 la jueza de lo Laboral de Sonsonate ordenó a CEPA restituir de manera inmediata a los empleados cesados de sus cargos, mientras dure el proceso laboral iniciado por la autónoma, sin embargo, dicha orden judicial no fue cumplida cayendo en desacato.

La jueza ordenó el reinstalo para la fecha 8-1-2021, a las 10:00 am, pero la CEPA argumentó que el fallo no estaba en firme, a partir de esa fecha pusieron fotos de los empleados en el portón de la institución para no permitirles el ingreso. Mientras tanto, el 14 de enero de 2021 la CEPA presentó un recurso de apelación al auto que ordenaba el reinstalo inmediato de los trabajadores y el pago de los salarios y prestaciones caídas hasta ese momento, por existir una relación laboral. El 9 de septiembre de 2021 la Cámara Primero de lo Laboral desestimó el recurso de apelación por considerarlo impertinente, pues la jueza ya había resuelto el fondo de lo cuestionado.

El 1 y 21 de marzo de 2021 la jueza de lo Laboral de Sonsonate, dictó sentencia definitiva en el caso, la cual fue “Desestimar la demanda y ordenar a CEPA el reinstalo y pago de los salarios, más prestaciones de ley a los 13 trabajadores”. Luego de la sentencia y los intentos fallidos de la justicia por reinstalar a los trabajadores, un representante de la autónoma enviado por Federico Anliker, les ofreció un “pago simbólico”, pero los trabajadores deberían firmar la renuncia y desistir del proceso, cosa que no han aceptado.

José Amílcar Portillo Ramírez, de 50 años de edad, tiene 15 meses de haber sido despedido por CEPA, dijo ser víctima del sistema nefasto de la administración portuaria, recalcó que el caso ya culminó cuando la jueza de lo Laboral de Sonsonate dictaminó sentencia definitiva a favor de los trabajadores, “nosotros no somos drogadictos y tampoco mareros o delincuentes, como nos han acusado”, enfatizó.

Los afectados se mostraron preocupados y temen por sus vidas, porque también han recibido amenazas de parte del crimen organizado incrustado en la institución portuaria.

Los abogados que representan a este grupo de trabajadores han presentado un escrito a la jueza de lo Laboral de Sonsonate, donde piden que libre oficio a la Fiscalía General de la República (FGR), para apoyar la ejecución y cumplimiento de la sentencia, haciendo valer la Ley.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES) no se pronunció a favor de los afectados, no recibieron ningún tipo de apoyo, al contrario, los dejaron solos y se pusieron al lado de CEPA.

Tampoco han recibido asistencia ni apoyo de parte del ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien han tratado de contactar y hasta la fecha ha sido imposible; asimismo, lamentan la actitud del presidente de CEPA, que no los ha querido escuchar, “hemos tratado de hablar con él, pero cada vez que viene a Acajutla la gente de la seguridad no nos permiten acercarnos”, lamentó un trabajador.

CEPA ha caído en desacato y hasta el momento no cumple con los trabajadores, violando gravemente sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, pues no los reinstala y tampoco les paga los salarios y prestaciones caídas en más de 15 meses que duró el proceso judicial. Varios de ellos han tenido atrasos con instituciones financieras, pagos de vivienda y cuotas alimenticias de sus hijos.

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