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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Las detenciones ilegales, centros de detención inadecuados y una respuesta desproporcionada policial y militar ante la pandemia de COVID-19 en El Salvador, son para Abraham Ábrego, director del Programa de Atención a Víctimas de CRISTOSAL, uno de los hallazgos más importantes de un análisis de investigación que se hizo en la región centroamericana.
Desde la voz de alerta de la OMS, el 11 de marzo de 2020, sobre la pandemia de COVID-19, reportada como un brote de una neumonía de origen desconocido, originada a finales de 2019 en China, los problemas no iban a ser ocasionados solo por el virus, sino por las respuestas gubernamentales también.
La nueva normalidad de los pueblos en el mundo ha dado un giro de 90 grados, así como en su relación con su entorno público y colectivo. Entre los que destaca de toda esta nueva realidad el reto de los gobiernos que fueron enfrentados en poco tiempo a brindar, ampliar y mejorar los servicios de salud de sus pueblos, y en especial en invertir.
“Hemos presentado un informe donde se analiza desde los derechos humanos, el tratamiento que se le ha dado en Guatemala, Honduras y El Salvador, a la pandemia COVID-19. Es un análisis que pretende evaluar las respuestas estatales en los tres países, y con mayor profundidad en Guatemala y El Salvador”, explicó Ábrego.
Si bien encontraron que los países de la región adoptaron medidas oportunas y adecuadas al principio de la pandemia por el Coronavirus, el pasado mes de marzo, en otros países como El Salvador, un grupo de medidas que se tomaron rayaron en lo restrictivas a derechos humanos de la población.
Asimismo, Guatemala y Honduras, que igual que El Salvador, establecieron estados de emergencia y excepción, pero no siguieron los estándares internacional, en los cuales, se establece que los Estados pueden optar en medidas de emergencias, pero deben cumplir con los derechos humanos de la población.
“El informe hace un recuento de los costos que generaron estas medidas para la población más vulnerable y uno de los hallazgos, es que a pesar que hubo bastante producción normativa, en general no se protegió a la población vulnerable en sus derechos como mujeres, niñez y población LGBTI, incluso, las mujeres que estuvieron en el encierro por la cuarentena estuvo bajo riesgo por la violencia intrafamiliar o sexual. Y no recibió ayuda como medidas de protección”, aseguró.
Otra de las observaciones -dijo Ábrego- fue en cuanto a garantizar derechos individuales y colectivos: “Pudimos analizar la desnaturalización de la respuesta, al quedarse solo en medidas de tipo sanitario y hacer un uso desproporcional de la fuerza policial y militar”, agregó.
Asimismo, reseñó que uno de los aspectos más importantes que recalcó el director de la OMS, durante el aviso de la pandemia COVID-19, fue solicitarles a los Estados del mundo a desarrollar “no solo de programas de prevención y atención para personas afectadas por el nuevo virus, sino que también se respetaran los derechos humanos de la ciudadanía”, pero que algunos gobiernos no atendieron.
El estudio se basó en tres fuentes de información: monitoreo de medios de comunicación sobre la Emergencia Sanitaria por COVID-19; el monitoreo legal o revisión de los decretos que se emitieron y adoptaron durante los últimos cinco meses y la atención de opiniones ciudadanas, luego de abrir una plataforma para denuncias en los tres países. Estas herramientas tomó Cristosal, que acompañó a las víctimas para sustentar el informe presentado en los que destacan las agresiones que sufrieron las personas en el marco de la pandemia.
“Entre las violaciones identificamos dos focos: la primera ligada al derecho de libre circulación y movilidad en donde encontramos un exceso en la normativa en detenciones.
Y, sobre todo en El Salvador, en donde más de 2,000 o 5,000 personas, fueron retenidas por violentar la cuarenta. Y que la Sala de lo Constitucional lo declaró de ilegales y arbitrarias. Y dentro del marco de las denuncias, identificamos que en esas detenciones hubo en algunos casos tratos crueles e inhumanos o degradantes, incluso, con heridas de bala y trato discriminativo con la población LGBTI”, reafirmó Ábrego.
El otro elemento en El Salvador fue crear centros de contención, una medida que no se repitió en otro países, y que generó aquí afectaciones a la salud de las personas retenidas, porque eran centros que no estaban adecuados, muchos sin productos para higienización, y lo principal sin distanciamiento social, lo que trajo que se juntaran personas que venían del exterior del país, con personas que habían quebrantado la cuarentena, lo que generó afectaciones a la salud.
Así como la falta de información sobre los resultados de las pruebas para verificar si tenían COVID-19, y el excesivo confinamiento. “Tenemos reportes de personas que estuvieron más de 40 o 50 días confinadas, que sobrepasa los estándares internacionales de salud”, reafirmó.
