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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos realizó ayer una audiencia para tratar las consecuencias derivadas de el Régimen de Excepción implementado en El Salvador para presuntamente combatir a las pandillas, pero que ha servido para violar derechos humanos de la ciudadanía.
El influyente congresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim McGovern, fue quien presidió la sesión. En sus valoraciones, comentó que el Gobierno salvadoreño ha respondido a una crisis de derechos humanos, refiriéndose a la violencia de pandillas, creando otra crisis, “el desmantelamiento del Estado de Derecho”.
“Las personas en El Salvador sienten que no pueden decir lo que piensan por miedo y voces independientes han tenido que dejar el país. Me recuerda a historias que oí en El Salvador en 1984, durante la guerra”, enfatizó McGovern.
En la audiencia participó el director de Fundación Cristosal, Noah Bullock, la directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso, Leonor Arteaga Rubio, la subdirectora para las américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk y el periodista salvadoreño, Héctor Silva Ávalos.
Además, participaron: Emely Mendrala, subsecretaria adjunta de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, y Scott Busby, subsecretario de la oficina de democracia, derechos humanos y trabajo del Departamento de Estado. Ellos fueron los que investigaron la situación del país durante el Régimen de Excepción a petición del congreso estadounidense.
Mendrala planteó que el Departamento de Estado de EEUU ha expresado su preocupación por el Régimen de Excepción, ya que “reduce drásticamente la protección de los derechos civiles y bajo las leyes de El Salvador”.
Scott Busby sostuvo que si bien el Régimen de Excepción puede abordar objetivos a corto plazo, preocupa que no genere una solución duradera al problema de la violencia de las pandillas en El Salvador. “Si continúa, anticipamos impactos en los derechos humanos y el estado de derecho”.
Busby recordó que organizaciones sociales salvadoreñas han expresado preocupación por las actuaciones del gobierno en el marco del Régimen, pues existe un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía y el acoso y vigilancia digital de periodistas y defensores de los derechos humanos.
El funcionario estadounidense planteó que 1979 menores de edad han sido detenidos durante el Régimen de Excepción y al menos 73 personas han muerto bajo custodia del Estado hasta el 31 de agosto. Actualmente, el Gobierno ha capturado a más de 52 mil personas. Dijo que organizaciones de derechos humanos han informado sobre arrestos arbitrarios de jóvenes en comunidades empobrecidas por el simple hecho de tener tatuajes, llevar dinero en efectivo o protestar por la detención de familiares que no han sido llevados ante un juez.
Sobre el punto, el director de Cristosal, Noah Bullock, detalló que han documentado más 2,700 detenciones arbitrarias y 76 muertes bajo el Régimen de Excepción. Hechos que, el Gobierno guarda silencio total. Bullock, también habló sobre las condiciones de los detenidos a quienes se les raciona agua y comida; así como denuncias de maltratos dentro de los centros penales. Sobre la situación, el gobierno no ha dado “ninguna consideración a los detenidos con discapacidades, problemas de salud crónicos o enfermedades graves”. Según informó a la Comisión, Cristosal ha encontrado evidencias de palizas, gas pimienta y tortura de pie forzada en los penales de Izalco y Mariona.
Leonor Arteaga agregó ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de EE.UU que el Órgano Judicial de El Salvador ha jugado un rol clave en facilitar abusos durante el Régimen de Excepción, “tal como lo vimos durante el conflicto armado”. El cual, de hecho, es afín al Ejecutivo. Sostuvo que el Régimen de Excepción no es un problema creado exclusivamente por el Ejecutivo liderado por Nayib Bukele, sino que muchos jueces no han cuestionado esta medida, a pesar de que tienen el deber de hacerlo”.
Tamara Taraciuk comentó que durante el Régimen de Excepción, el presidente Nayib Bukele ha intentado justificar violaciones de derechos humanos como supuestos errores aceptables en la -guerra contra las pandillas-”Bukele también ha sugerido que las fuerzas de seguridad serán blindadas de una rendición de cuentas si participan en abusos en el Régimen de Excepción, y ha llamado a quien sea que critique las medidas de su Gobierno “defensor de las pandillas”.
En ese sentido, Taraciuk instó al gobierno estadounidense a que envíe mensaje claro, en decir que EEUU “no será aliado de gobiernos que no respetan la independencia judicial y de ataques continuos a derechos humanos, como los que se están cometiendo en El Salvador, tendrán consecuencias”.
Tamara Taraciuk sostuvo que la violencia de pandillas en El Salvador es un problema, y el Gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas serías para proteger a la población y hacer que los pandilleros rindan cuentas; pero en lugar de proteger, el Gobierno amplió el Estado de Excepción, el cual ha sido “una receta para el desastre”.
“Hemos documentado violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas durante el estado de Excepción, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas de corta duración, violaciones del debido proceso y malos tratos a los detenidos (…) muchos arrestos parecen estar basados en la apariencia física de las personas y en el hecho de que viven en barrios de bajos ingresos (…). Documentamos siete casos donde personas con problemas de salud mental fueron arrestadas y acusadas de ser pandilleros”, destacó Taraciuk.
Mientras que Héctor Silva Ávalos sostuvo que el Gobierno de Bukele pretende combatir a las pandillas cuando realmente está criminalizando a la juventud empobrecida. Además, habló sobre la situación de la prensa en El Salvador.
McGover cerró la audiencia enfatizando que, en El Salvador la democracia corre peligro y las acciones del Gobierno en torno al Régimen de Excepción no son justificables.
