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Liderazgos de mujeres anuncian las medidas cautelares a la construcción de un cementerio cercano a fuentes de agua y río Tenquiza, Sonzacate, Sonsonate. Foto Diario Co Latino/Silvia Orellana

Comunidades y organizaciones logran medidas cautelares en protección de río Tenquiza

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Pedimos a la jueza (Juzgado Ambiental de Santa Ana) que nos tome en cuenta, en ese proceso porque ese cementerio covid nos viene afectando desde el año pasado, porque afecta al río Tenquiza”, dijo Fátima Martínez, del liderazgo femenino de las comunidades de Sonzacate, Sonsonate.

Las medidas cautelares por seis meses, ordenadas por el Juzgado Ambiental Santa Ana el 11 de marzo del presente año, permitirá una investigación sobre la falta de una consulta pública sobre el proyecto del nuevo Cementerio Municipal de Sonzacate, que afecta directamente al río Tenquiza y la Cuenca hidrográfica Sensunapán Banderas.

La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), la Junta Directiva Voluntaria Pro Medio Ambiente Caserío Flores Tepas y la Unidad Ecológica Salvadoreña, celebraron las medidas cautelares del Juzgado Ambiental, que prioriza la protección de las comunidades de Sonzacate, una parte de Izalco y Acajutla, en el departamento de Sonsonate.

Fátima comentó sobre el proyecto municipal que al realizar las primeras inhumaciones, trataron de contactar al alcalde Héctor Orellana, que asegura “les mintió” porque les prometió un “centro turístico” y no un cementerio.

“Cuando nos dimos cuenta, nos presentamos de inmediato y nos enseñó solamente una cartulina con unos dibujos diciendo que ese era el permiso ambiental, pero al consultar al Juzgado Ambiental de Santa Ana nos confirman que no tenía los permisos ambientales. Nos preocupa que entre esos seis meses de medidas cautelares el alcalde se vaya sin cumplirnos. Y con el nuevo alcalde Marvin Sánchez, ha dicho que va a cerrar el cementerio, pero una cosa es decirlo y otra que cumplan”, manifestó Martínez.

Las comunidades en la zona de Los Ríitos, cantón El Almendro y caserío Flores Tepas de Sonzacate activaron durante diez meses diversas acciones y denuncias ante el Tribunal Ambiental de Santa Ana, así como a La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Gobernación Política de Sonsonate, el gobierno municipal de Sonzacate y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que culminó en este momento con las medidas cautelares.

“En esta lucha por la protección de los ríos que bueno que la abanderen las compañeras mujeres”, manifestó Carolina Amaya, del Equipo Coordinador de la UNES, al reiterar el compromiso de la organización en seguir insistiendo en la necesidad de una “agenda de la sustentabilidad del agua”, ante la obvia ausencia de proyectos, programas y políticas sobre la temática desde el Ejecutivo.

“Reconocemos que es importante que nuestros difuntos descansen en paz, también es importante que los presentes tengamos agua en cantidad y calidad. Celebramos la conquista social de la comunidad Flores Tepas, en el cantón El Almendro, que rechazan la instalación de ese cementerio a escasos metros del manantial que abastece a más de 10,000 familias. Y que se entienda, no se está en contra de ese proyecto municipal, sino contra la cercanía de las fuentes de agua y, sobre todo, si es cementerio covid”, replicó.

Sobre esta lucha social realizada en el marco de la pandemia del COVID-19 y las restricciones de la cuarentena domiciliar, Amaya, reconoció como un “avance social” el surgimiento de liderazgos de mujeres, quienes presionaron el cumplimiento de marcos legales y pusieron a prueba la eficacia institucional del Estado salvadoreño.

En cuanto al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, las comunidades exigieron “que niegue el permiso ambiental”, que ha solicitado el gobierno municipal de Sonzacate. Y sugieren que se proceda a identificar otro espacio que sea adecuado y cumpla con los requerimientos que exige este tipo de obras.

Asimismo, exigen del MARN una inspección que permita medir, cuantificar y establecer el tipo de daño que representa la inhumación de más de 80 personas en el lugar. Al señalar que esos terrenos históricamente se han dedicado a los cultivos y producción agrícola local por su capacidad de infiltración de agua.

“Queremos que el MARN sepa que la Alcaldía de Sonzacate ha estado haciendo uso de un inmueble sin los permisos correspondientes ni las revisiones técnicas; ante esto nos interesa la instalación de una mesa de diálogo, porque la comunidad no ha sido tomada en cuenta”, expresó Ana Polanco.

En cuanto a la Fiscalía General de la República, Polanco consideró que deberán proceder a identificar la posible “comisión de delitos, así como la omisión de responsabilidades por las autoridades municipales y nacionales, que facilitaron la instalación de ese cementerio.

Hermelinda Flores, de la comunidad Flores Tepas, aclaró que buscan una salida viable a la situación del “cementerio covid”, que comenzó a funcionar el 11 de junio de 2020, sin una consulta previa con la comunidad y que afectaría alrededor de 40 caseríos a lo largo de varios municipios de Sonsonate.

“Como comunidades sabíamos que a la Alcaldía le pertenecían los terrenos, pero no mencionó nunca la instalación de un cementerio y aprovechó la pandemia, cuando no podíamos salir y oponernos a esto. Le pedimos al nuevo alcalde que mejor construyan una escuela que ayudaría más a las comunidades. Y le de un lugar más estable al cementerio porque también es importante”, manifestó.

Carolina Amaya reiteró la petición a las autoridades del Estado, a abstenerse de ejecutar proyectos sin tomar en cuenta la opinión de la gente en los territorios, y ceñirse al mandato de las leyes, que demanda una consulta pública y un estudio de impactos ambiental.

“Si el alcalde y su Concejo Municipal hubieran respetado la ley de Medio Ambiente, el estudio de impacto ambiental les hubiera dicho que no se construyera a menos de 20 metros de la principal fuente de agua que abastece a más de 40 caseríos. Las autoridades locales deben respetar a la gente, a consultar a sus poblaciones que es parte de sus deberes y derecho de la población”, puntualizó Amaya.

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