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Por David Alfaro
11/05/2026
Las víctimas del caso COSAVI ya no solo buscan recuperar su dinero; ahora buscan justicia fuera de El Salvador. Y eso, por sí solo, constituye una devastadora señal de desconfianza hacia las instituciones controladas por la dictadura de Nayib #Bukele.
Cuando ciudadanos deciden acudir a la Corte Penal Internacional no es únicamente por indignación económica. Es porque sienten que en su propio país no existen garantías de investigación independiente, transparencia ni reparación real. Es el reflejo de un sistema donde el poder político concentra instituciones, controla narrativas y reduce al mínimo los espacios de fiscalización.
El caso COSAVI expuso algo más profundo que un fraude financiero: exhibió la fragilidad institucional de un país donde las víctimas sospechan que los verdaderos responsables, en este caso funcionarios públicos, podrían quedar protegidos por conexiones políticas, económicas o por simple conveniencia del poder.
Mientras el gobierno vende una imagen internacional de modernidad, eficiencia y «nuevo El Salvador», miles de afectados enfrentan incertidumbre, pérdidas y silencio oficial. Y como suele ocurrir en los regímenes obsesionados con la propaganda, la prioridad es controlar el relato antes que esclarecer los hechos.
La ironía es brutal: un gobierno que presume reconocimiento internacional podría terminar señalado, de nuevo, internacionalmente por víctimas que consideran agotadas las vías nacionales. Porque cuando la justicia interna pierde credibilidad, los ciudadanos buscan tribunales fuera de sus fronteras.
El problema para el oficialismo no es solamente el escándalo financiero. El verdadero problema es político: cada vez más salvadoreños comienzan a entender que la concentración absoluta de poder no garantiza justicia; garantiza impunidad para quienes están cerca del poder.
