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Saúl Méndez
Colaborador
Juan José Ortiz, economista y representante de los afectados por el desfalco de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.), expresó su preocupación por el riesgo de que la investigación del caso Credicash se estanque, como ocurrió con COSAVI. Además, cuestionó la decisión de conformar un equipo de 70 especialistas, entre fiscales y analistas, para examinar evidencias y esclarecer el presunto esquema Ponzi vinculado al empresario salvadoreño Gerson Orellana.
Ortiz sostiene que existe una contradicción evidente al comparar ese despliegue con los avances en el caso COSAVI. “Antes de las vacaciones de Semana Santa, el fiscal anunció que había incorporado 70 fiscales adicionales para esa investigación. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cuántos fiscales más se necesitan para esclarecer lo ocurrido en COSAVI?”, manifestó.
El economista expresó su preocupación ante la posibilidad de que en el caso Credicash se repitan prácticas que, a su juicio, han obstaculizado la transparencia en la investigación de COSAVI. Recordó que el 8 de mayo de 2024 el fiscal afirmó que ese caso era investigado desde 2018; sin embargo, al momento del desfalco ya habían transcurrido seis años sin resultados, y dos años después aún no se ha esclarecido.
“Mientras tanto, la cooperativa permanece intervenida por el gobierno y, lejos de avanzar en la resolución del caso, la Fiscalía solicita más tiempo para investigar a los 32 supuestos implicados”, señaló.
En Credicash, Orellana ofrecía a los inversionistas una rentabilidad mínima del 10 % mensual sobre el capital aportado. El esquema operaba pagando las supuestas ganancias de inversionistas antiguos con los fondos de nuevos ahorrantes, dice la fiscalía.
En el caso de Credicash, el fiscal indicó que solo los ahorrantes que logren demostrar su condición de víctimas podrán acceder al mecanismo de reintegro de fondos que diseña la institución. Esta situación, según Ortiz, guarda similitud con la de los afectados de COSAVI, quienes aún esperan retirar sus ahorros de forma escalonada; actualmente, solo quienes poseen menos de 80,000 dólares pueden hacerlo.
Hasta la fecha, los afectados de COSAVI denuncian que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), al igual que la Fiscalía en el caso Credicash, no ha explicado públicamente la base legal, técnica o financiera que sustentó la intervención de la cooperativa.
Esto, subrayaron, resulta más preocupante al considerar que existen más de una docena de cooperativas con problemas similares, pero únicamente COSAVI ha sido intervenida por la SSF.
“Han pasado más de dos años en los que la superintendenta Evelyn Gracias ha brindado conferencias, pero nunca ha explicado con claridad cuál es el fundamento legal o técnico que justificó esta intervención, especialmente cuando la ley no lo permitía hasta 2024”, afirmó Ortiz.
Por otra parte, el economista sostiene que COSAVI era una institución legalmente constituida, ya que contaba con la autorización de las entidades estatales encargadas de regular el sistema financiero cooperativo.
“Ya sea en 2012, 2021 o 2023, lo relevante es que COSAVI tenía la autorización del INSAFOCOOP para operar. Es decir, no comenzó a funcionar de manera arbitraria”, explicó.
“COSAVI inició operaciones porque las instituciones del Estado, creadas precisamente para supervisar y controlar, autorizaron su funcionamiento. Por eso, más allá de los años de experiencia, lo fundamental es que no surgió al margen de la ley ni por decisión aislada de una junta directiva. Funcionó bajo la supervisión del INSAFOCOOP, que es la instancia facultada para regular el sistema financiero cooperativo”, agregó.
Ortiz considera que una de las principales falacias en torno a la intervención de la SSF es que la ley le permite actuar sobre bancos, instituciones financieras y bancos cooperativos, pero no sobre cooperativas. Estas, insistió, deben ser supervisadas e intervenidas, en caso de conflicto, por el INSAFOCOOP.
Además, sostiene que los problemas de COSAVI se originaron cuando la clase política intervino en las cooperativas. Actualmente, dijo, está documentado que 21 municipalidades adeudan cerca de 32 millones de dólares a la entidad. Asimismo, investigaciones periodísticas señalan que el secretario general del partido de gobierno solicitó agilizar un préstamo de 5 millones de dólares a la cooperativa.
También hay instituciones del Estado involucradas: por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales (DOM) mantiene deudas con COSAVI.
“Si COSAVI comenzó en 2012, para 2018 ya tenía seis años de funcionamiento. Sin embargo, el fiscal ha declarado que desde ese año se inició una investigación. Entonces surge una pregunta lógica: si ya se investigaba, ¿qué ocurrió durante todo ese tiempo?”, cuestionó.
“Más aún, si sumamos los seis años entre 2018 y 2024, llegamos al momento del colapso sin respuestas claras. Y ahora, dos años después, la Fiscalía ha solicitado al juez un año más para continuar investigando”, añadió Ortiz.
“Si se afirma que la investigación inició en 2018, ya han pasado ocho años sin resultados concluyentes”, agregó.
A la fecha, mientras continúan las investigaciones, los afectados por el caso Credicash siguen a la espera de respuestas sobre la devolución de su dinero. Muchos aseguran que depositaban dinero proveniente de remesas o de negocios informales y temen no ser reconocidos como víctimas por la Fiscalía.
