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NO ES TRANSPARENCIA PATRIMONIAL: ES INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Luis Rivera
Durante los últimos días, la publicación de los “activos y pasivos” de funcionarios públicos en el portal del Ministerio de Hacienda ha circulado ampliamente en redes sociales.
Para muchos, aquello parecía histórico: por fin —decían— el país estaba viendo el patrimonio de quienes gobiernan.
Pero jurídicamente las cosas son bastante más complejas.
Lo divulgado por Hacienda corresponde a información tributaria y declarativa, no a investigaciones patrimoniales realizadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Y esa diferencia jurídica cambia completamente el alcance de la información publicada.
El Ministerio de Hacienda ejerce funciones relacionadas con administración tributaria, fiscalización fiscal y control de obligaciones impositivas.
La Sección de Probidad, en cambio, tiene una naturaleza distinta.
Su fundamento deriva del artículo 240 de la Constitución de la República y de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, normativa orientada no a verificar impuestos, sino a controlar la evolución patrimonial de quienes ejercen función pública.
Porque el hecho de que determinados activos aparezcan registrados ante Hacienda no significa necesariamente que ese sea el patrimonio real de un funcionario público.
Los datos tributarios reflejan información declarada para efectos fiscales.
Pero otra cuestión completamente distinta es determinar: si existen bienes no reportados, sociedades relacionadas, terceros vinculados, incrementos patrimoniales injustificados o mecanismos utilizados para ocultar activos.
Precisamente porque el control patrimonial requiere algo más que declaraciones fiscales: requiere contrastar información, investigar congruencia patrimonial y verificar el origen legítimo del incremento económico de los funcionarios públicos.
Y mientras en El Salvador el debate público se limita a cifras tributarias publicadas en un portal estatal, varios países de América Latina han construido mecanismos mucho más sofisticados y transparentes de control patrimonial.
Uruguay, Chile y Costa Rica son algunos de los referentes regionales más sólidos en materia de fiscalización patrimonial y control de corrupción.
En Uruguay, por ejemplo, el control recae en un órgano independiente del poder político: la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), con capacidad de contrastar información bancaria y patrimonial de altos funcionarios.
Chile, por su parte, desarrolló plataformas digitales de acceso público que permiten consultar declaraciones patrimoniales, conflictos de interés y vínculos empresariales de ministros, jueces y diputados, con cruces automatizados de información estatal.
Costa Rica incluso incorporó mecanismos preventivos y alertas automáticas para detectar incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos reportados por funcionarios públicos.
En otras palabras:
mientras varios países avanzan hacia sistemas de fiscalización patrimonial integrados, automatizados e independientes, en El Salvador el debate sigue girando alrededor de información tributaria declarativa presentada como si equivaliera, por sí sola, a transparencia patrimonial.
Porque al final, publicar cifras no es lo mismo que transparentar patrimonio.
Un portal puede mostrar números.
Pero eso no significa que el país esté viendo realmente cómo evolucionó la riqueza de sus funcionarios, de dónde proviene o quién la está verificando.
Y ahí es donde la discusión deja de ser tributaria y se convierte en una pregunta de control democrático:
¿Estamos frente a una verdadera fiscalización patrimonial… o solamente frente a una vitrina de datos administrativos presentada como transparencia?
