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Por Leonel Herrera*
El encarcelamiento de Ruth López es absolutamente ilegal, injusto e inhumano; por tanto, debe ser liberada inmediatamente. Así lo han solicitado diversas organizaciones, personalidades e instituciones nacionales e internacionales.
Ruth López debe ser liberada, en primer lugar, porque no hay pruebas de cometimiento de delitos. Para ser acusada de enriquecimiento ilícito debió existir previamente dictamen de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, tal como establece la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Diario Co Latino, citando fuentes conocedoras del caso, reveló esta semana que la acusación se ha debilitado tanto que, en la práctica, “ya no hay caso” contra la reconocida defensora de derechos humanos que lleva un año en prisión.
Todo apunta a que éste es un caso inventado, como el de los líderes ambientalistas de Santa Marta, los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y otros de persecución judicial por razones políticas. La reserva de información impuesta tendría el propósito de evitar que se evidencie públicamente la debilidad jurídica del caso.
En segundo lugar, Ruth López debe ser liberada porque lo ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las medidas cautelares ordenadas en septiembre de 2025, entre las cuales está la de considerar medidas sustitutivas a la detención.
A pesar del carácter vinculante de las referidas medidas del CIDH, el Estado salvadoreño lleva ocho meses en desacato, ya que el tribunal correspondiente no ha querido realizar una audiencia especial de revisión de medidas para Ruth.
También las Naciones Unidas, a través del Grupo de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador, ha pedido la libertad de Ruth López.
Y, en tercer lugar, Ruth López debe ser liberada por su situación de salud y los peligros que esto representa para su vida. La Prensa Gráfica y Diario Co Latino revelaron que la noche del pasado 16 de mayo la abogada fue llevada al Hospital de la Mujer, donde fue operada de unos nódulos que no se sabe si son malignos.
Ambos medios confirmaron que Ruth López fue devuelta al Centro Penal de Izalco inmediatamente después de la cirugía sin seguir el debido protocolo de reposo y recuperación posquirúrgico, lo cual le podría generar complicaciones graves.
Familiares de Ruth, sus abogados defensores y CRISTOSAL denunciaron, en un comunicado conjunto, que no fueron avisados de la referida diligencia médica. Esta omisión estatal representa una flagrante violación a las Reglas Básicas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como “Reglas Nelson Mandela”.
La situación de salud de Ruth López y el peligro de morir en la cárcel amerita que el tribunal del caso otorgue de manera urgente medidas alternativas a la prisión. Los personeros del sistema judicial y demás actores estatales involucrados deberían “tener decencia” y permitir que la abogada continúe el proceso en libertad.
Para que esto suceda habría que incrementar la denuncia nacional e internacional, porque -como bien decía la propia Ruth López- “el silencio no es opción”. Y ahora lo es mucho menos, tratándose de denunciar abusos contra ella y exigir su libertad. Callar sería una traición a Ruth, a sus luchas y a todo lo que ella representa.
*Periodista, analista y activista ambiental.
