Publicación de patrimonio de funcionarios despierta sospechas sobre uso político

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La reciente publicación de activos y pasivos de funcionarios públicos por parte del Ministerio de Hacienda ha abierto el debate político sobre los alcances reales de la transparencia gubernamental y el posible uso político de la fiscalización patrimonial, así lo deja en manifiesto a la abogada y activista de los Derechos Humanos Roxana Cardona en un publicación en sus redes sociales.

Aunque la medida ha sido presentada como un ejercicio de rendición de cuentas, sectores críticos consideran que ocurre en un contexto marcado por la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales, especialmente en la Asamblea Legislativa.

El análisis cobra fuerza luego de que el Gobierno mantuviera durante siete años reservas de información pública y rechazara múltiples demandas ciudadanas para transparentar el uso de fondos estatales y contratos gubernamentales. Para Cardona, el súbito interés en exponer las finanzas de funcionarios responde más a cálculos políticos que a un compromiso genuino con la transparencia.

Uno de los elementos señalados es la relación del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque el organismo internacional sugirió al Gobierno salvadoreño reducir los riesgos vinculados al bitcoin, la administración continuó comprando criptomonedas y creó mecanismos presupuestarios para respaldar dichas operaciones.

En ese contexto, la también analista consideran que la divulgación patrimonial difícilmente puede interpretarse únicamente como cumplimiento de exigencias internacionales.

“La transparencia financiera puede convertirse en un arma de doble filo”, sostienen Cardona, al advertir que mecanismos legítimos de auditoría pública también pueden utilizarse como instrumentos de desgaste político o control interno.

Las dudas se concentran particularmente en la Asamblea Legislativa, dominada ampliamente por el oficialismo desde 2021. La abogada interpretan la exposición patrimonial como una estrategia impulsada desde el propio Ejecutivo para depurar figuras incómodas, contener posibles escándalos y preservar la imagen presidencial.

La hipótesis apunta a una posible “limpieza interna” dentro del oficialismo, donde determinados diputados podrían convertirse en piezas sacrificables frente al desgaste político o cuestionamientos públicos.

Sin embargo, la crítica trasciende a una bancada específica. De acuerdo con la abogada Cardona, lo que está en el fondo es la legitimidad misma del órgano legislativo y su papel dentro del sistema democrático salvadoreño.

En redes sociales y espacios de opinión han aumentado los discursos que presentan al Parlamento como una institución costosa, ineficiente o subordinada al Ejecutivo, “los puya botones”, los califica la oposición en general. De ahí que Cardona sotiene la hipótesis de que esta acciones podrían estar preparando las condiciones políticas y sociales para impulsar reformas profundas al sistema legislativo.

Entre las preocupaciones aparece la posibilidad de promover una reconfiguración del Estado mediante mecanismos extraordinarios, como una eventual Asamblea Constituyente o reformas que reduzcan aún más los contrapesos democráticos.

La aboga da advierte que en sistemas con fuerte concentración presidencialista, la erosión de la legitimidad legislativa puede convertirse en una herramienta funcional para justificar cambios estructurales respaldados por la opinión pública.

“Primero se destruye la confianza ciudadana en los diputados; después se instala la idea de que el Parlamento es un obstáculo o un gasto innecesario”, señala la analista que además de defender Derechos Humanos, se ha convertido en fuerte crítica del actual modelo político salvadoreño.

La discusión también revive cuestionamientos sobre el acceso a la información pública en el país. Organizaciones sociales han denunciado durante los últimos años el incremento de la reserva de datos estatales, la reducción de mecanismos de fiscalización y las limitaciones al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

A juicio de sectores opositores y defensores de derechos humanos, la transparencia solo puede considerarse auténtica cuando se aplica de manera integral, permanente y sin selectividad política.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su discurso de combate a la corrupción y fortalecimiento institucional, en medio de altos niveles de popularidad presidencial y una oposición debilitada.

Pero, en la actualidad, el gobierno es también señalado de estar cometiendo graves actos de corrupción. “Estos son más corruptos que los mismos de siempre”, resuena ya en la vox pópuli.

El debate continúa abierto: ¿se trata de un verdadero ejercicio democrático de rendición de cuentas o de una estrategia política para reorganizar el poder desde dentro del oficialismo?