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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó el “Informe de País de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador”, entre las que destacó la preocupación de la CIDH porque el Estado salvadoreño ha ido perdiendo la ruta trazada sobre las limitaciones que debe tener la Fuerza Armada, que se acordaron tras la firma de la Paz en 1992.
El padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, comentó que la CIDH hace un recuerdo sobre los problemas morales éticos del país desde la perspectiva de los derechos humanos. «La CIDH nos da una descripción que nos llama a la acción con los sectores más desposeídos de derechos en nuestro país. No podemos pensar en un país de futuro decente, si no nos comprometemos con el cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo, las poblaciones más excluidas», expuso.
Julissa Mantilla, vicepresidenta de la CIDH, habló sobre el informe en materia de derechos humanos en El Salvador, el cual es producto de la visita «in loco» que se realizó a finales de 2019 y el monitoreo constante que la comisión realiza. Con base a los hallazgos se han elaborado 50 recomendaciones al Estado Salvadoreño, que están enfocadas en las obligaciones internacionales que El Salvador tiene al ser parte de sistema Interamericano.
La Comisión ubicó 7 capítulos dentro del informe que tienen que ver con: seguridad ciudadana, memoria verdad y justicia, la situación de grupos particulares como las personas privadas de libertad, la situación de los derechos de las mujeres y población LGBTI, las personas defensoras de los derechos humanos.
El informe incluye también una preocupación «constante y creciente» de la CIDH en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como de libertad de expresión.
Mantilla informó que la Comisión encontró «con sorpresa el enorme incremento» de personas desaparecidas en El Salvador. «Solo en 2019, la FGR registró 3,030 denuncias de personas desaparecidas», pero, además, se recogió la preocupación de familiares por obstáculos al momento de presentar las denuncias, así como la demora en las investigaciones correspondientes.
Situación que poco ha cambiado hasta noviembre 2021, ya que en las instituciones de seguridad que son las encargadas de recibir las denuncias de los desaparecidos, hacen esperar a las familias las 72 horas para hacer los trámites y empezar con la búsqueda de las personas desaparecidas, al menos así se dejó ver con el caso de los hermanos Guerrero Toledo, que la madre fue a poner la denuncia a las 6 horas de no saber de ellos y la PNC no quiso tomar su declaración, si no hasta horas después. La Fiscalía, hasta mediados de octubre reporta casi las 1,200 personas desaparecidas.
Hablando sobre el Plan Control Territorial, Julissa Mantilla sostuvo que, si bien las Fuerzas Armadas han tenido una participación «prácticamente ininterrumpidas» después de los Acuerdos de Paz en materia de seguridad ciudadana, «en la última década este involucramiento se ha incrementado, lo que ha dado lugar, sin duda, a una militarización de facto, lo cual nos preocupa mucho», comentó la vicepresidenta de la CIDH.
En ese sentido, sostuvo que la seguridad ciudadana debe corresponderle a la PNC, mientras que de forma extraordinaria y de forma gradual y subordinada también a la FAES.
Misma opinión compartió Sonia Rubio, oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso, quién mostró su preocupación por el incremento de efectivos militares a través de los años, para garantizar la seguridad ciudadana, ya que es una tarea de los agentes civiles.
«En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz, y un punto central y específico de estos acuerdos era contener y extraer a las fuerzas militares adentro de los cuarteles y sacarles todas las funciones vinculadas en temas de seguridad pública. No obstante, dado algunos inconvenientes con la nueva Policía Nacional Civil, lamentablemente se recurrió desde muy temprano del proceso de transición en El Salvador a la utilización de los efectivos militares en algunas tareas de seguridad, desde entonces, lejos de contenerse la utilización, a lo largo de los años, incluso en la última década, este número ha ido incrementado considerablemente», destacó Sonia Rubio.
A esto se le suma también, la fecha que quedó en la historia reciente de El Salvador, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, junto con elementos de la Fuerza Armada intentaron dar un golpe a la Asamblea Legislativa. Ese 9 de febrero de 2020 que nunca en la historia del país, habían entrado (por la fuerza) efectivos militares a un órgano de Estado por órdenes de una persona. Muchos personajes afirmaron que, incluso, ni en los tiempos de la guerra se había dado tal acto.
En el tiempo reciente, el presidente de la República, Nayib Bukele, prometió duplicar los efectivos militares, llegando a un aproximado a 40 mil soldados. Esto bajo la excusa de la fase 4 del Plan Control Territorial.
«No solo nos preocupa el incremento numérico, sino el aumento de las funciones que los militares están asumiendo en la vida de los salvadoreños, ya no solamente se están involucrando en temas de seguridad, sino, también, para atender desastres naturales o incluso otro tipo de crisis como, por ejemplo, atender una plaga de langostas dentro de los cultivos salvadoreños», destacó Rubio.
Rubio manifestó que le preocupa «considerablemente» la “militarización” porque también se da un aumento en el presupuesto general «acosta de los aumentos en otras áreas como salud, educación o en procesos para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil”.
Justamente, el presupuesto de la FAES para el próximo año, será de $256 millones, es decir, $36 millones más que en el año 2021 que fue de $220 millones. Los aumentos no son solo de estos dos últimos años. Por ejemplo, el presupuesto de la FAES después de la firma de los Acuerdos de Paz se ha incrementado en un 300% hasta 2021.
En 1994, dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz, a la FAES se le asignó $75 millones; en 1996, $77 millones; en 1998, $79 millones y así fue incrementado el presupuesto de la institución castrense llegando a $220 millones en 2021 y (en caso de aprobar el presupuesto 2022) llegarían a los $256 millones, más incluso que el incremento del 300% desde 1994 planteado en el párrafo anterior.
Por tanto, Rubio afirmó que «los militares no pueden asumir la seguridad pública, a diferencia de la Policía Nacional Civil (PNC»; por tanto, sostuvo que es necesario el fortalecer a la institución policial, a fin de generar las bases para que la ciudadanía confíe en ella.
Incluso, se pueden ver a militares en las calles sin observación de la Policía Nacional Civil desarrollando tareas de seguridad pública. De los 20 mil efectivos que actualmente tiene la FAES, 10 mil andan en las calles asumiendo el rol de la PNC.
Por tanto, la CIDH recomendó al Estado salvadoreño publicitar el Plan de Control Territorial e incorporar instancias de participación de la sociedad civil y difusión de las políticas de seguridad ciudadana.
