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ASPIDH exige al Estado salvadoreño la restitución y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales destinados a proteger a la población LGBTIQ+, así como el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.
Saúl Méndez
Colaborador
La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) denunció que, aunque cesaron los ataques de pandillas, ahora es el Estado y los cuerpos de seguridad quienes lideran los abusos y violaciones de derechos humanos contra la población LGBTIQ+.
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, conmemorado cada 17 de mayo, la organización pionera en la defensa de los derechos LGBTIQ+ en El Salvador se pronunció ante lo que califica como un “alarmante retroceso” en la garantía y el respeto de los derechos de esta población bajo la administración de Nayib Bukele.
Mónica Linares, presidenta de ASPIDH, aseguró que el posicionamiento antiderechos oficializado por el presidente Bukele, y sus funcionarios, se ha traducido en «retrocesos concretos y alarmantes» para las personas LGBTIQ+, quienes enfrentan una creciente marginación, exclusión y violencia institucional.
La organización ha documentado una exclusión sistemática de las personas LGBTIQ+ de las políticas públicas. Un ejemplo de ello ocurrió en febrero de 2024, cuando José Mauricio Pineda, titular del Ministerio de Educación, declaró haber «eliminado» los programas de educación sexual en escuelas públicas. Esta decisión, según organizaciones de la sociedad civil, representa un incumplimiento del deber estatal de garantizar el acceso libre y seguro a una educación sexual integral.
«Ser LGBTIQ+ no es un delito, ni un error, ni una ideología: es una realidad para muchas personas que exigimos respeto y dignidad. La invisibilización desde el gobierno alimenta un clima de impunidad y odio», sostuvo Linares.
Asimismo, la organización recibe constantes denuncias sobre el incremento de agresiones por parte de agentes del cuerpo de seguridad pública como la Policía Nacional Civil (PNC) o el Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM).
Ante este panorama, ASPIDH exige al Estado salvadoreño la restitución y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales destinados a proteger a la población LGBTIQ+, así como el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.
«Queremos una seguridad donde todos los salvadoreños podamos salir a la calle sin represalias», expresó la vocera de la organización.
El 17 de mayo conmemoramos la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Este día a nivel mundial se ha convertido en un día clave para denunciar la violencia estructural, simbólica e institucional que continúa afectando a nuestras comunidades», concluyó Mónica Linares.
Propuesta de Ley de Agentes Extranjeros deja a la deriva el trabajo de las ONG’s
La ley que busca imponer un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales (ONG) podría tener un impacto negativo en la economía del país, advirtieron expertos.
Mónica Linares, presidenta de ASPIDH, expresó su preocupación por las declaraciones del presidente Bukele. “Estamos en riesgo de perder la mayoría de los fondos con los que trabajábamos por los derechos humanos de nuestras poblaciones. Hemos quedado a la deriva, sin recursos”, afirmó.
Muchas de estas organizaciones ya han comenzado a sentir los efectos de la suspensión de la asistencia económica brindada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), luego de que el presidente Donald Trump ordenara el fin de varios programas de cooperación.
“Las organizaciones realizamos un trabajo social que debería estar a cargo del Estado salvadoreño, en defensa de los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+ y de otras comunidades vulnerables. Sin embargo, ese rol no está siendo asumido por el gobierno”, explicó Linares.
A pesar de las dificultades, ASPIDH continúa brindando servicios de asistencia psicológica y asesoría jurídica de forma gratuita. “La mayor parte de nuestro trabajo lo estamos haciendo ad honorem”, agregó.
La organización también advirtió que muchos donantes internacionales no están en condiciones de asumir el impuesto del 30 % establecido en la Ley de Agentes Extranjeros, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de múltiples iniciativas.
“Como organizaciones, lo principal que ya estamos haciendo es tejer alianzas entre nosotras para mitigar este ataque directo del Estado. Estamos dialogando con los donantes, que también se encuentran en una encrucijada”, sostuvo la presidenta de ASPIDH.
«No podemos hacer una protesta porque somos silenciadas con el régimen de excepción. Hemos visto tantas detenciones arbitrarias que lo demuestran. A personas inocentes las han detenido por el simple hecho de estar reclamando sus derechos», denunció.
“Creemos que esto marca el inicio de una cacería de brujas contra las organizaciones LGBTIQ+ y, en general, contra todas las que defienden los derechos humanos de personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”, lamentó Linares.
