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Por Leonel Herrera*
En la cintura de mayo es oportuno recordar que éste es el mes de la represión. Hace un año hubo una seguidilla de hechos que configuraron la -hasta hoy- coyuntura más represiva y violenta del régimen autocrático salvadoreño.
El motivo de la embestida estatal fue la grave afectación a la imagen gubernamental provocada por la publicación de una entrevista con un cabecilla de pandillas que confirmó los pactos de estos grupos criminales con el gobierno (https://beta.elfaro.net/las-confesiones-de-charli-entrevista-con-un-lider-pandillero-que-pacto-con-el-gobierno-de-bukele), informes sobre violaciones a la libertad de expresión y las críticas generalizadas por el desastre en la obra vial de Los Chorros. El régimen estaba furioso y desató la represión.
El 6 y 7 de mayo fueron capturados arbitrariamente varios empresarios del transporte colectivo, uno de ellos murió días después en manos del Estado. La acusación fue: negarse a dar el servicio de transporte gratuito, la medida populista ordenada para contrarrestar las críticas de la población.
El 12 de mayo fue reprimida una manifestación pacífica de habitantes de la Cooperativa El Bosque, quienes pedían ayuda presidencial para evitar ser desalojados de las tierras que poseen desde hace treinta años. Fueron detenidos ilegalmente el presidente de la cooperativa y pastor evangélico José Ángel Pérez y el abogado ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos salieron de prisión varios meses después, tras declararse culpables de delitos que no cometieron.
El 18 de mayo fue capturada en su casa, a las 11 de la noche, con mentiras, la reconocida abogada de derechos humanos Ruth Elenora López. Desde su trabajo en la organización Cristosal, López había denunciado abusos de poder, casos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos contra personas inocentes en el marco del régimen de excepción y la ofensiva gubernamental contra las maras.
El 23 de mayo, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX). La aprobación de la normativa se justificó con un discurso de odio político contra las Organizaciones No Gubernamentales y en el texto incluyó -entre otras medias- un impuesto del 30% a las donaciones que reciban, penas de prisión de hasta 15 años para sus miembros y la posible cancelación de la personería jurídica.
Así, la LAEX hizo que varias ONGs cerraran sus operaciones y que muchas otras decidieran replegarse, callarse y desaparecer del debate público, ante el cierre casi total del “espacio cívico”. La existencia de normativas de censura como ésta son característica propia de regímenes autoritarios, represivos y dictatoriales.
Finalmente, ante esta oleada represiva y amenazas de posibles más capturas arbitrarias, decenas de activistas y de periodistas decidieron salir del país. Desde entonces viven exiliados, entre éstos los y las periodistas de medios investigativos que han revelado negociaciones gubernamentales con pandillas y casos de corrupción de la actual administración.
Un año después de aquella coyuntura represiva, la “espada de Damocles” de la descalificación, el acoso, la vigilancia y posibles nuevas detenciones arbitrarias sigue sobre la cabeza de periodistas, analistas, abogados, ambientalistas, sindicalistas y religiosos que incomodan al régimen por denunciar injusticias, defender derechos o -simplemente- no alinearse a la narrativa gubernamental. Se dice que la Fiscalía General de la República maneja listas de personas que podrían ser detenidas por motivos políticos en cualquier momento, algo que las autoridades nunca han desmentido. Así que el peligro es latente.
A finales de mayo también se cumplirán dos años de la captura arbitraria de los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, un espacio integrado por asociaciones de veteranos militares y ex combatientes guerrilleros de la guerra civil. Sólo uno de ellos ha salido de prisión, los demás siguen presos a pesar de que investigaciones periodistas han demostratrado que su caso fue “inventado” por una cúpula policial que buscaba congraciarse con su máximo jefe haciéndole creer que habían desmantelado un complot para empañar la toma de posesión inconstitucional (https://gatoencerrado.news/2025/10/15/unos-terroristas-de-carton-para-nayib-bukele/).
En mayo también se cumplen cinco años de la toma del poder legislativo y judicial por el actual gobierno, situación que ahora le permite hacer y deshacer a su antojo. Aquel aciago 1o de mayo de 2021 desaparecieron los pesos y contrapesos democráticos, la independencia judicial y el estado de derecho en El Salvador. Desde entonces, este país no es una república, sino una autocracia que se consolida como una dictadura, en pleno siglo XXI. La historia mordiéndose la cosa.
*Periodista, analista y activista ambiental.
