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Organizaciones internacionales
Redacción Nacionales
@DiarIoLatino
El gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico en respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo”, señalan diversas organizaciones internacionales de derechos humanos a través de un comunicado emitido este viernes.
Las organizaciones firmantes, incluida Amnistía Internacional, consideran que dichas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.
Las organizaciones informaron que, en los primeros días de mayo, ante el descontento social por el cierre de la Carretera Los Chorros, el gobierno intentó mitigar la situación ofreciendo una semana de transporte público gratuito. Pero esto fue completamente un caos debido a la improvisación.
Ante las quejas de la población por el servicio irregular el gobierno de Bukele respondió ordenando la detención de 16 transportistas, a quienes se les atribuyen delitos “sin una base fáctica clara o sustento legal”.
Por ejemplo, señalan las organizaciones, se les imputó el delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 321 del Código Penal, el cual aplica exclusivamente a funcionarios, empleados del Estado o agentes de autoridad, y no a particulares como los concesionarios de transporte. Días después de su detención, uno de los transportistas falleció bajo custodia estatal sin conocerse la causa del deceso.
El 12 de mayo, el Estado reprimió una protesta pacífica de más de 300 familias de la comunidad El Bosque, en Santa Tecla, quienes se movilizaron para exigir una solución al gobierno frente a un desalojo inminente. Por primera vez, las autoridades desplegaron a la Policía Militar para dispersar a las y los manifestantes, junto con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil.
La intervención concluyó “con el uso abusivo” de la fuerza que resultó en agresiones físicas contra las personas manifestantes, que incluyeron golpes y empujones y la detención arbitraria del defensor y ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez, señalaron las organizaciones.
Horas después de haberse disuelto la protesta, el presidente Bukele anunció la Ley de Agentes Extranjeros que impondría un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben organizaciones no gubernamentales, bajo el argumento de que estas “manipulan” a la población. “De concretarse, esta normativa constituiría un nuevo y grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos”, señalan.
Las organizaciones firmantes exigen al Estado salvadoreño que libere a las personas detenidas arbitrariamente y a la vez que inicie una investigación sobre la muerte del transportista.
Las organizaciones firmantes son: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), IM-Defensora, Latin American Working Group (LAWG), OMCT, PRODESC, Robert F. Kennedy Human Rights (RFK), y la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
