Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Leonel Herrera*
Parece que Nayib Bukele ha detenido momentáneamente la reactivación de la minería metálica, obligado por el amplio rechazo social contra la derogación de la prohibición y la promulgación de su nueva ley que abre camino a los nocivos proyectos extractivos.
Es posible que la postergación de los planes extractivistas también se deba a que el gobernante inconstitucional está muy ocupado lidiando con tantos escándalos que aparecen uno tras otro (secuestro ilegal de migrantes venezolanos en el CECOT, revelaciones periodísticas de pactos con pandillas, represión contra pobladores de la Cooperativa El Bosque, etc.).
Todo esto ha obligado al autócrata a frenar su tenebrosa marcha extractivista. Bukele no quiere generarse un escándalo aún mayor y no quiere profundizar el descontento social, sobre todo porque el rechazo a la explotación minera es compartido por su propia base de seguidores que todavía lo apoyan pero no quieren minería.
La amenaza minera no ha terminado, se mantiene. Porque la ley está vigente, no ha sido derogada, a pesar de las 150 mil firmas presentadas por la Iglesia Católica, firmas que la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo ni siquiera dio por recibidas.
Tampoco la Sala de lo Constitucional sumisa a Casa Presidencial se ha pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley minera presentado por Cristosal y otras organizaciones, recurso también respaldado por más de 50 mil firmas ciudadanas.
Las empresas extractivistas también siguen presentes en el territorio. La minera estadounidense Titán Resources Limited, junto con sus testaferros (Agrícola San José y Fundación Nueva Esperanza) y su financista (Banco Atlántida) no han anunciado que se retiran de Cabañas. Por tanto, el peligro extractivista está latente.
Además, El Salvador sigue siendo parte del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés), un consorcio de países que promueven proyectos mineros.
Por otro lado, también está vigente el convenio del gobierno con la Thorium Energy Alliance para probablemente extraer torio, un mineral radioactivo utilizado como combustible para reactores nucleares. Estudios geológicos indican que, en El Salvador, este material se encuentra en zonas volcánicas y en vetas de metales preciosos como oro y plata.
Este convenio está, además, respaldado por el Memorando de Entendimiento en Cooperación Nuclear firmado en febrero pasado con el gobierno de Donald Trump. El documento, suscrito por la canciller salvadoreña Alexandra Hill y su par estadounidense Marco Rubio, incluye la posibilidad de proyectos de investigación y experimentación con torio.
Así que el régimen de Bukele mantiene la mesa servida para darle a la minería metálica y sólo el rechazo permanente, creciente y activo de la población puede mantener al país a salvo de los nocivos proyectos extractivistas que representan una amenaza mortal para el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones.
Finalmente, los activistas ambientales de Santa Marta y ADES, criminalizados por advertir sobre la reactivación de la minería de metales, siguen siendo perseguidos. El Tribunal de Sentencia de San Vicente ha reprogramado la nueva audiencia de vista pública para el 3 de junio próximo, en la cual los defensores del agua enfrentarán un nuevo juicio a pesar de que ya habían sido sobreseídos definitivamente por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque.
Por tanto, no hay que bajar la guardia.
*Periodista y activista social.
