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Redacción Nacionales
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Peter Nataren, líder ambientalistas, y de la comunidad Santa Marta, denunció este jueves posibles desalojos relacionados con proyectos mineros en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas. Nataren denució que más de 20 familias podrían enfrentar desalojos en una comunidad conocida como “El Tren”. La denuncia fue realizada durante una entrevista en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, en la que participaron la jurista Mirna Perla y el analista Carlos Araujo.
Según Nataren, las alertas surgieron tras conocer información proporcionada por fuentes que calificó como “muy confiables”, las cuales señalan que la empresa Minerales El Dorado S.A. de C.V., vinculada a la histórica compañía Pacific Rim, habría solicitado a la alcaldía de Cabañas iniciar un proceso de desalojo en la zona.
“Nosotros hemos conocido de primera mano que la empresa ha solicitado a la alcaldía, a través de sus abogados, iniciar el desalojo de una comunidad que se llama El Tren”, afirmó Nataren durante la entrevista.
De acuerdo con su relato, las familias afectadas viven en terrenos ubicados a la orilla de una carretera nacional, espacios que históricamente han sido ocupados por personas de escasos recursos debido a la falta de vivienda y acceso a tierras.
Nataren sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habría rechazado ejecutar directamente el desalojo, indicando que el procedimiento corresponde a la municipalidad. Posteriormente, aseguró, personal de la alcaldía comenzó a verificar la zona “con total hermetismo”, sin informar a las familias sobre las diligencias.
“Las familias, incluso, no sabe nada de esto. La alcaldía está manejando esto con hermetismo y no sabemos si van a informarles en los próximos días”, señaló.
El ambientalista advirtió que este podría ser el inicio de una serie de conflictos sociales vinculados al regreso de actividades mineras en distintas zonas del país, particularmente en áreas de Cabañas y San Vicente, donde históricamente se han identificado vetas minerales.
“Estos serían los primeros desalojados y eso implicaría un problema muy serio porque no sabemos cómo esto va a comenzar a proceder en otras comunidades”, expresó.
Recuerdos del conflicto minero
Durante la entrevista, la abogada y exmagistrada de la Corte Suprema de Jusiticia, Mirna Perla, recordó los antecedentes de Pacific Rim y las tensiones sociales generadas por los proyectos de exploración minera en Cabañas hace más de una década.
Perla señaló que la empresa fue señalada por comunidades y organizaciones sociales como responsable indirecta de un clima de violencia que coincidió con el asesinato de varios ambientalistas que se opusieron a la minería metálica en la zona.
“Pacific Rim tiene la responsabilidad de varios asesinatos en contra de ambientalistas que lucharon para impedir la exploración minera”, afirmó.
Entre los nombres mencionados por Perla figuran Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto, reconocidos líderes comunitarios y defensores ambientales asesinados entre 2009 y 2011 en medio del conflicto minero.
La jurista recordó además que las comunidades denunciaron en aquel momento daños ambientales asociados a las labores de exploración.
“Los ríos y los pozos se secaron e incluso hubo cantidad de peces muertos”, sostuvo.
Perla destacó que la presión social de organizaciones comunitarias, universidades, iglesias y movimientos ambientalistas permitió que en 2017 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
“Afortunadamente, gracias a todo un esfuerzo nacional, se logró prohibir la minería a través de una ley que contó con consenso”, indicó.
Temor por reactivación minera
Por su parte, el analista Carlos Araujo consideró que la denuncia sobre posibles desalojos revela que el Gobierno continúa avanzando en proyectos relacionados con la minería pese al rechazo social existente.
“Si algo tiene consenso nacional es el rechazo a la minería en El Salvador y al Gobierno no le importa. Siguen caminando para tratar de reabrir los proyectos mineros”, afirmó.
Araujo subrayó la vulnerabilidad de las familias que habitan en la comunidad El Tren y pidió que las autoridades prioricen soluciones habitacionales antes de ejecutar cualquier acción de desalojo.
“Son familias muy pobres que tienen que vivir en propiedades que no son de ellos. Ojalá el Gobierno trate de resolverles esos problemas de vivienda”, expresó.
El entrevistador, Marvin Aguilar, también mencionó reportes ciudadanos sobre movimientos de maquinaria pesada y restricciones de acceso en algunas zonas de Santa Rosa de Lima, La Unión, donde históricamente han existido explotaciones mineras.
Según relató, habitantes de comunidades cercanas a Santa Rosa de Lima y San Sebastián han observado presencia militar y actividades que consideran inusuales.
“Hay un hermetismo terrible sobre lo que está pasando y al parecer hay ingenieros colombianos haciendo revisiones”, dijo Aguilar.
Comunidades en incertidumbre
Hasta el momento, ni la alcaldía de Cabañas ni representantes de Minerales El Dorado S.A. de C.V. se han pronunciado públicamente sobre las denuncias.
Tampoco se ha informado oficialmente si existe un plan de reubicación o compensación para las familias que podrían resultar afectadas.
Nataren insistió en que las comunidades deben exigir información clara y transparente sobre cualquier procedimiento relacionado con desalojos o proyectos extractivos.
“Esperamos que la población comience a pedir información a la alcaldía y que la prensa se acerque a la zona para investigar más sobre esto”, manifestó.
Las denuncias resurgen en un contexto de creciente debate nacional sobre la minería metálica, y preocupación entre organizaciones ambientales y sectores comunitarios que advierten sobre posibles impactos sociales y ecológicos en un país considerado uno de los más vulnerables en materia hídrica en la región centroamericana.
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