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Saúl Méndez
Colaborador
Durante la Sexta Marcha Acuática y ecofestival en las orillas del Lago de Güija, realizados en el marco del Día Mundial De La Tierra, ambientalistas y comunidades de Guatemala, El Salvador y Honduras denunciaron que el proyecto minero “Era Dorada”, anteriormente conocido como Cerro Blanco, es una iniciativa sostenida sobre la ilegalidad, la corrupción y la impunidad.
El proyecto minero Cerro Blanco, propiedad de Entre Mares, subsidiaria de Goldcorp, se ubica a tan solo 3 kilómetros en línea recta de la ciudad de Asunción Mita, en Guatemala, y a 9 kilómetros de Metapán, en El Salvador.
“El área de concesión es de 15.25 kilómetros cuadrados, lo que significa que, de reactivarse, se estaría socavando con túneles el subsuelo de Asunción Mita y de las comunidades circundantes”, denunciaron ambientalistas.
Para las comunidades cercanas, este escenario representa una amenaza directa, ya que podría generar daños irreparables en la salud y la vida de miles de personas, además de comprometer la seguridad ambiental de la región.
“Al mismo tiempo, profundizaría la vulnerabilidad de las comunidades, con especial impacto en las mujeres que asumen labores de cuidado, quienes enfrentarían una carga mayor ante los riesgos derivados de la actividad minera”, indicaron activistas.
Informes señalan que el proyecto obtuvo licencia de explotación en septiembre de 2007 sin cumplir con los requisitos técnicos ni atender observaciones y recomendaciones de profesionales expertos en la materia, como la doctora Dina Larios, el doctor Rob Robinson y el ingeniero Jorge Grijalva. Además, la licencia fue otorgada sin respetar el derecho a la información ni realizar una consulta previa a la población de Asunción Mita.
Pese a ello, y tras el fracaso en la explotación de la mina por razones técnicas y naturales, la empresa Entre Mares se vio obligada a vender el derecho minero en 2021 a Bluestone Resources, que posteriormente renombró la subsidiaria como Elevar Resources.
“Hasta hoy, es un proyecto orientado al fracaso, pues en 18 años no ha logrado extraer oro ni plata. Se mantiene vigente con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) plagado de falencias e inconsistencias, entre ellas la omisión de la existencia de aguas geotermales, una de las causas del fracaso”, detallaron los activistas.
“Esta situación evidencia que la continuidad del proyecto responde más a la corrupción y negligencia de funcionarios del MARN y del MEM que a criterios técnicos o científicos”, agregaron.
Los activistas señalan que la empresa también fracasó en su intento de explotar la mina mediante la modalidad a cielo abierto, la cual ha sido cuestionada científicamente por el doctor Steven Emerman, quien recomendó revocar todas las licencias otorgadas.
Las comunidades han expresado su preocupación por la posible reactivación de la mina Cerro Blanco, debido a riesgos como la desaparición de la comunidad Trapiche Vargas, ante la ubicación proyectada para depositar los relaves filtrados (escombros) de la mina: a solo 395 metros al norte de dicha comunidad y con una altura de 175 metros.
“Dichos relaves no resistirían una tormenta tropical ni un sismo leve, eventos frecuentes en una región volcánica como la nuestra”, afirmaron.
Frente a estos riesgos, las comunidades de Asunción Mita y de El Salvador se han mantenido firmes en la defensa del agua y la vida.
“Gracias a esta resistencia, en junio de 2024 la actual ministra de Medio Ambiente de Guatemala revocó la licencia a cielo abierto otorgada por el gobierno anterior (Alejandro Giammattei), la cual se había sustentado en una actualización irregular durante la administración de Jimmy Morales”, informaron.
Además, las comunidades organizadas sostienen que existen causas suficientes para cancelar el derecho minero subterráneo por caducidad, con base en el artículo 53 de la Ley de Minería, que establece: “El Ministerio declarará la caducidad del derecho minero […] en el caso de la licencia de explotación, por suspender las actividades durante tres años”.
“Se ha documentado y difundido en medios de comunicación la suspensión de actividades de explotación por parte de la mina Cerro Blanco, lo que refuerza la exigencia de cancelación definitiva”, afirmaron ambientalistas.
No obstante, tras dos intentos fallidos de explotación por parte de empresas anteriores, advierten que ha surgido una nueva amenaza para el municipio de Asunción Mita.
“La actual empresa, tratando de ocultar y evadir el historial de corrupción, ilegalidades y conflictividad social, ha decidido cambiar el nombre del proyecto de ‘Cerro Blanco’ a ‘Era Dorada’, con el fin de engañar a la población, a inversionistas y accionistas”, advirtieron.
“Al igual que ocurrió con Entre Mares en el Valle de Siria, Honduras, bajo el nombre de Minosa, filial de Aura Minerals, la empresa ha sido señalada por destrucción ambiental, desplazamiento de poblaciones, daños al patrimonio cultural, profanación de un cementerio y persecución de personas defensoras ambientales, lo que evidencia la magnitud de los riesgos en la región”, alertaron.
Ante este panorama, las comunidades organizadas plantean una serie de demandas que incluyen garantizar los derechos humanos y ambientales de las poblaciones afectadas por el proyecto, con especial atención a las mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad, quienes enfrentarían mayores impactos por violencia y sobrecarga en las labores de cuidado.
También exigieron al Estado guatemalteco que respete la libre determinación y la consulta municipal de vecinos y vecinas realizada en septiembre de 2022.
“La consulta es legal y legítima, con la participación de más del 20 % del padrón electoral del municipio, incluyendo fiscales de la empresa minera y observadores internacionales, lo que la convierte en vinculante”, expusieron.
Asimismo, pidieron que el Concejo Municipal esclarezca los criterios y la normativa vigente en los que se basó para extender la licencia de construcción a nombre de otra empresa. Al mismo tiempo, exigieron la cancelación del proyecto minero por caducidad, conforme al artículo 53, literal f), de la Ley de Minería, tomando en cuenta la declaración de Goldcorp en la conferencia de prensa del 12 de agosto de 2013, así como el reporte de Entre Mares en 2017, en el que se reconoció que lo extraído no era mineral, sino simples muestras de material de túneles.
“Estos antecedentes constituyen tiempo suficiente para su cancelación definitiva”, denunciaron.
También se dirigieron a los Estados de la región e hicieron un llamado: proteger las aguas transfronterizas frente a megaproyectos extractivos que generan daños irreparables en la vida de las grandes mayorías. “La amenaza es clara, y para proteger la vida y el agua lo único que falta es voluntad política”, concluyeron.
