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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Nuevas Ideas se negó a estudiar una propuesta de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, para aprobar la “ley de fomento a la vivienda mediante equilibrio del alojamiento turístico”, con la cual se cargaría con el 3 % a los alquileres turísticos de casas, para crear un fondo que financie programas de viviendas accesibles.
La legisladora expuso que “el mercado de alquileres de corta duración mediado por plataformas digitales ha experimentado un crecimiento exponencial en El Salvador, generando un desequilibrio estructural en el mercado de vivienda al competir directamente con el hospedaje formal, sin asumir los mismos costos regulatorios ni contribuciones por uso de infraestructura pública”.
Por ello, es necesario corregir ese desequilibrio, “mediante un impuesto específico de tasa moderada pagado por el consumidor final, con retención automática por las entidades emisoras de tarjetas de crédito y demás instituciones financieras, y destinación exclusiva a un fondo de incentivos a la vivienda asequible”.
La propuesta de ley crea el Impuesto al Alojamiento Turístico (IAT) y el Fondo de Incentivos a la Vivienda (FIV); la aplicabilidad sería en todo el territorio nacional. En sí, se crea un impuesto del 3 % sobre el costo de alojamiento turístico que se cargaría a la tarjeta de crédito del visitante; es decir, del huésped o del turista, y con lo que se recaude se crearía el fondo para la vivienda accesible.
Mientras que el incentivo consistiría en que si el propietario de una vivienda, en lugar de destinarla al alquiler turístico, la alquila como vivienda, recibirá un descuento del 50 % del Impuesto Sobre la Renta que le corresponde pagar por dicha actividad. Ortiz destacó que los alquileres de corta duración o alquileres turísticos no pagan impuestos.
“Hoy por hoy existen plataformas digitales mediante las cuales los propietarios de casas o apartamentos pueden ofrecerlas en alquiler a turistas por una o varias noches, se les llama alquileres de corta duración o vivienda de uso turístico. El propietario cobra al turista a través de la plataforma y le hace el cargo a su tarjeta de crédito; este tipo de alquileres compite en el mismo mercado que los hoteles, pero no pagan los mismos costos regulatorios, ni contribuyen con impuestos”, expresó Ortiz.
La funcionaria señaló que para los propietarios es mucho más rentable cobrar el alquiler turístico por noche a $20, $50, $100 o más la noche, que alquilar la casa por varios años a una familia para vivienda; “ahí donde están las distorsiones del mercado y reduce en la práctica, la oferta de vivienda disponible para los salvadoreños”, explicó Ortiz.
El FIV se crearía con un patrimonio autónomo, separado del Presupuesto General del Estado, sin perjuicio de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos del FIV serán el 100 % del monto total recaudado por el Impuesto al Alojamiento Turístico; las donaciones, herencias, legados y aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas; los rendimientos financieros generados por sus recursos.
El FIV será administrado por un Consejo Gestor integrado por el ministerio de Vivienda, Turismo y tres vocales electos por la Asamblea Legislativa a propuestas de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro dedicadas a promover la vivienda y de las universidades.
“La vivienda accesible es uno de los problemas más complejos, más urgentes y más sentidos por la mayoría de los salvadoreños y nadie está hablando de esto hoy por hoy; de hecho, ninguna institución pública está haciendo algo contundente para trabajar y promover la vivienda social, ni siquiera el mismo Ministerio de Vivienda”, lamentó Claudia Ortiz en el pleno.
Ortiz añadió que el papel del Estado es generar las condiciones e incentivos para que el mercado de vivienda brinde opciones accesibles para la mayoría. La parlamentaria informó que El Salvador tiene la tasa más alta de Centroamérica en el crecimiento del sector de la construcción, un 21.8 % al 2026.
“¿Por qué en el país donde el sector de construcción ha crecido como nunca antes tenemos al mismo tiempo la crisis de vivienda más grave como nunca antes?”, cuestionó Claudia Ortiz.
A manera de ejemplo, Ortiz sostuvo que antes una pareja de clase obrera podía comprar su casa o acceder a una casa; pero en la actualidad, una pareja de profesionales “ni juntando sus dos salarios pueden comprar una casa”; sobre el tema “hay mucho que corregir”.
Ortiz sostuvo que 9 de cada 10 salvadoreños consideran que es difícil acceder a una vivienda ya sea alquilada o comprada. “Los ingresos promedio de los salvadoreños no alcanzan para cubrir el costo de la vida y además el costo de la vivienda; el salario mínimo son 408 dólares, pero después de descuentos son alrededor de 360 dólares; los alquileres de vivienda, en los casos más modestos, no bajan de los $200”.
Claudia Ortiz pidió al Pleno enviarla a estudio de la Comisión, pero el oficialismo se negó.
