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Saúl Méndez
Colaborador
Juan José Ortiz, economista y representante de los afectados por el desfalco de $35 millones en la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi de R.L.) informó que están evaluando llevar el caso ante instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional por una pregunta negligencia por parte del Estado salvadoreño.
Ortiz denunció que la falta de acceso a sus ahorros ha impactado gravemente sus vidas. Entre los casos expuestos, uno de los más delicados es el de un adulto mayor que, según los denunciantes, no pudo retirar parte de sus fondos para cubrir gastos médicos de su esposa, quien posteriormente falleció.
“Estamos estudiando el caso de don Luis, uno de los socios de mayor edad de COSAVI. Su esposa fue una de las primeras víctimas de esta situación. Ella se encontraba hospitalizada por graves problemas de salud, mientras él tenía retenidos más de 150 mil dólares en la cooperativa”, explicó.
Ortiz detalló que el afectado presentó una solicitud ante la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para que se le autorizara retirar únicamente 9 mil dólares con el fin de cubrir los gastos médicos de su esposa.
“A dos años de haber presentado esa solicitud, la Superintendencia no ha dado ninguna respuesta. Ante la falta de recursos, don Luis se vio obligado a sacar a su esposa del hospital y, lamentablemente, ella falleció”, afirmó.
Según Ortiz, actualmente analizan si pudo existir negligencia por omisión de respuesta por parte de las autoridades competentes.
“Si encontramos elementos jurídicos que encajen dentro de estándares internacionales sobre violaciones graves de derechos, procederemos a presentar una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Corte Penal Internacional”, advirtió.
Por su parte, Julio Flores hizo un llamado al Estado salvadoreño a agilizar la devolución de los ahorros retenidos a miles de asociados.
“Pedimos al Estado que agilice la entrega de nuestros ahorros, porque las llamadas capas de devolución que se han anunciado hasta este momento no están resolviendo nuestra problemática”, señaló.
Flores aseguró que muchos afectados, incluidos adultos mayores, continúan sin acceso a sus fondos, incluso, cuando se trata de montos relativamente bajos o certificados de aportación.
“Hay personas que tienen mil, cinco mil o diez mil dólares y no pueden disponer de su dinero. En algunos casos, si el certificado vence hasta 2030, les dicen que deberán esperar hasta esa fecha para recibir sus ahorros”, denunció.
También afirmó que, pese a múltiples solicitudes formales y verbales, los afectados no han sido recibidos por funcionarios de la Superintendencia ni por otras instituciones del Estado, incluida la Asamblea Legislativa.
“Hemos pedido audiencias y presentado nuestra problemática, pero no hemos recibido respuesta. Hay un hermetismo total sobre este caso y sobre la forma en que están siendo administrados nuestros ahorros”, sostuvo.
Flores recordó que el dinero retenido pertenece, en muchos casos, a personas adultas mayores que dedicaron toda una vida a reunir esos recursos.
Los socios coinciden en que COSAVI era una cooperativa exitosa. Por ello, consideran llamativo que, pese a estar bajo investigación desde 2018 (según declaraciones del fiscal general, Rodolfo Delgado, en conferencia de prensa), no se procesara judicialmente a ninguna de sus autoridades antes de mayo de 2024, cuando se hizo público el desfalco de aproximadamente $35 millones y se imputó a 32 personas, entre funcionarios y empleados de la cooperativa.
COSAVI manejaba alrededor de $300 millones, recursos que estaban al servicio de pequeños, micro, medianos e incluso grandes empresarios, lo que para Ortiz contribuía a dinamizar la microeconomía del país y, en términos generales, al crecimiento económico de El Salvador.
El 9 de mayo de 2024, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que la cooperativa había sido intervenida debido a una serie de delitos atribuidos a 32 sospechosos, relacionados con un desfalco cercano a los $35 millones.
Ortiz sostiene que, antes de esa conferencia, la única conjunta entre ambas instituciones, el fiscal general ya había indicado que COSAVI estaba siendo investigada desde 2018. Es decir, cuando el caso se hizo público en mayo de 2024, habían transcurrido más de seis años desde que, según las autoridades, existían indicios de irregularidades.
“No estamos hablando de dinero del Estado, sino del patrimonio de personas de la tercera edad. Ya llevamos 13 fallecidos entre los afectados, y no es justo que sigan ocurriendo más muertes sin que estas personas puedan recuperar el dinero que les costó toda una vida de trabajo”, concluyó.
