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Saúl Méndez
Colaborador
Los ahorrantes afectados por el desfalco de $35 millones y la posterior intervención estatal de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (COSAVI) afirmaron que los problemas comenzaron con la injerencia de la clase política, especialmente del partido Nuevas Ideas (NI), cuyos miembros habrían sido beneficiados con préstamos millonarios que favorecieron la campaña electoral de 2023.
Juan José Ortiz, economista y representante de los afectados, explicó en el programa Un Café con PA’IS, que los socios coinciden en que COSAVI era una cooperativa exitosa. Por ello, consideran llamativo que, pese a estar bajo investigación desde 2018 (según declaraciones del fiscal general, Rodolfo Delgado, en conferencia de prensa), no se procesara judicialmente a ninguna de sus autoridades antes de mayo de 2024, cuando se hizo público el desfalco de aproximadamente $35 millones y se imputó a 32 personas, entre funcionarios y empleados de la cooperativa.
COSAVI manejaba alrededor de $300 millones, recursos que estaban al servicio de pequeños, micro, medianos e incluso grandes empresarios, lo que para Ortiz contribuía a dinamizar la microeconomía del país y, en términos generales, al crecimiento económico de El Salvador.
El 9 de mayo de 2024, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que la cooperativa había sido intervenida debido a una serie de delitos atribuidos a 32 sospechosos, relacionados con un desfalco cercano a los $35 millones.
Ortiz sostiene que, antes de esa conferencia, la única conjunta entre ambas instituciones, el fiscal general ya había indicado que COSAVI estaba siendo investigada desde 2018. Es decir, cuando el caso se hizo público en mayo de 2024, habían transcurrido más de seis años desde que, según las autoridades, existían indicios de irregularidades.
El economista reiteró que COSAVI era una cooperativa sólida, lo que le permitió iniciar el proceso para convertirse en banco cooperativo, conforme a la Ley de Fomento y Desarrollo de las Cooperativas. La documentación de la entidad estaba siendo evaluada por la SSF cuando se anunció la intervención estatal.
“Desde el inicio he sostenido que los problemas de COSAVI comenzaron cuando la clase política intervino en la cooperativa, particularmente el partido de gobierno, Nuevas Ideas. Esto ha sido ampliamente documentado por organizaciones no gubernamentales y por investigaciones periodísticas”, afirmó Ortiz.
En 2021, COSAVI fue señalado como el segundo mayor financista del partido oficialista. Un informe de la ONG Acción Ciudadana reportó que ese año la cooperativa donó $60 mil a dicha organización política.
Asimismo, investigaciones nacionales e internacionales han documentado que funcionarios vinculados al partido de gobierno, especialmente alcaldes y municipalidades, en su mayoría administradas por este partido, aunque también por otros, obtuvieron préstamos millonarios de la cooperativa, presuntamente destinados a proyectos de desarrollo local.
De igual forma, se ha consignado que el secretario general de Nuevas Ideas solicitó a las autoridades de COSAVI un préstamo de $5 millones para financiar la campaña política de 2023.
“Quienes hemos sido afectados sostenemos que COSAVI era una cooperativa exitosa. Por ello, llama la atención que, pese a estar bajo investigación desde 2018, no se procesara judicialmente a ninguna autoridad antes de mayo de 2024. Finalmente, ese 9 de mayo se hizo público el supuesto desfalco de aproximadamente $35 millones, con la imputación de 32 personas”, manifestaron socios afectados.
Desde entonces, la cooperativa ha permanecido bajo control del gobierno a través de la Superintendencia del Sistema Financiero.
“Desde nuestra perspectiva, esta intervención ha sido abusiva, arbitraria e ilegal”, denunciaron.
Esto se debe a que, aunque COSAVI había iniciado el proceso para convertirse en banco cooperativo, este no había concluido, por lo que seguía siendo una cooperativa. En consecuencia, la entidad que debió intervenir en caso de irregularidades era el INSAFOCOOP y no la SSF, explicó Ortiz.
Por otra parte, el economista recordó que el 1 de marzo de este año se cumplieron dos años desde la intervención, entrando así en el tercer año del proceso.
“Esto no solo ha afectado a aproximadamente 10,317 socios, sino que sus consecuencias se han extendido, impactando incluso la economía nacional”, aseguró.
“Además, el caso ha tenido repercusiones en la imagen internacional del gobierno, ya que ha trascendido las fronteras del país y es conocido por instancias de la comunidad internacional”, agregó.
Al día de hoy, COSAVI continúa bajo control estatal.
Ante esta situación, Ortiz también se refirió a declaraciones del presidente Nayib Bukele, quien en su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas afirmó que en El Salvador se respeta la propiedad privada.
“Sin embargo, la intervención estatal de una entidad privada, cuyos fondos son eminentemente privados, pone en entredicho esa afirmación y evidencia, desde nuestra perspectiva, que en el país no se respeta plenamente la propiedad privada”, concluyó Ortiz.
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