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La Mesa de Impunidad de Derechos Humanos junto con otras organizaciones como FESPAD, Cristosal, UES, entre otras, se expresaron en contra del nuevo pacto de impunidad propuesto por los partidos políticos para favorecer a los victimarios de crímenes de guerra. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez.

Víctimas y organizaciones: proyecto de Ley de Reconciliación es “pacto de impunidad”

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Están engañándonos de nuevo, como víctimas no nos han llamado para conocer de esa propuesta de Ley de Reconciliación y, como víctimas, rechazamos todo lo que ellos (comisión especial legislativa) han hecho estos días, porque persiste la impunidad”, declaró Sofía Hernández, de CODEFAM, al comentar sobre el borrador de proyecto para una Ley de Reconciliación Nacional entregado este lunes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, a representantes de las fracciones legislativas.

La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica se pronunciaron sobre las recientes acciones de la Asamblea Legislativa para dotar al país de una Ley de Reconciliación Nacional; víctimas y organizaciones, al respecto, consideraron “una imposición legal para encubrir una nueva Ley de Amnistía como la emitida en 1993, que fue derogada en el año 2016”.

David Morales (Cristosal) explicó que tuvieron acceso al “borrador del dictamen” que la comisión Política de la Asamblea Legislativa buscará para aprobar la Ley de Reconciliación y que, al revisarlo, confirman que hay elementos dentro de esa normativa que les permitirá a los victimarios manipular la justicia.

“Este documento lo hemos obtenido por la vía del diputado Juan José Martell -quien tampoco lo conocía- ante sus denuncias públicas de que como legislador no conocía la propuesta de ese proyecto.

Y podemos confirmar que los mecanismos para neutralizar la justicia, que la justicia sea ineficaz ante los criminales de guerra, independiente a la atrocidad que cometieron o bando al que pertenecieron, siguen presentes en el anteproyecto de ley que buscan aprobar este día (ayer)”, manifestó Morales.

La denuncia también toca a la Fiscalía General de la República, que a través de algunos “mecanismos” podrá archivar casos y posibilita que esos archivos adquieran una condición de “cosa juzgada”, para no revisar los casos y para que ningún criminal de guerra vaya a la cárcel por salud o por edad, sin dar mayores explicaciones, y son aspectos que están dispuestos en ese marco jurídico.

“Con estas disposiciones se les dará (a los victimarios) conmutaciones u otras figuras que obviamente se han puesto en la ley (de reconciliación) con fines de impunidad y no se regula la responsabilidad civil; es decir, aunque escucharon los testimonios más desgarradores, la crueldad de los crímenes del conflicto armado y el sufrimiento de las víctimas en los foros, los señores diputados no se conmovieron a un grado suficiente para apartarse de lo que ha sido objetivo en este proceso: que los criminales de guerra no tengan penas de cárcel, que el patrimonio de los criminales de guerra no se toque”, afirmó Morales.

Asimismo, criticaron duramente que todos los partidos busquen aprobar este borrador del anteproyecto y que, cuando realizaron los foros de consulta con las víctimas, nunca discutieron el contenido de esta ley, lo que consideraron que fue una “manipulación” del presidente del órgano Legislativo.

“La Asamblea Legislativa -con esta acción- solo demuestra estar al lado de la impunidad”, acotó David Ortiz, de FESPAD, al afirmar que los diputados y diputadas están dejando de legislar de manera “coherente” y asumiendo su mandato constitucional de hacer prevalecer la equidad y acceso a la justicia.

“Les digo a las personas que han redactado este proyecto que los crímenes de lesa humanidad, que los crímenes de guerra, no prescriben en el tiempo y no es admisible desarrollar mecanismos administrativos -como pretenden aprobar- para evitar que los responsables de estos hechos sean juzgados y sean sentenciados. Hacemos un llamado fuerte al presidente de la República, Nayib Bukele, que si los diputados aún sin conocer el documento en su totalidad, pese a que tiene visos de inconstitucionalidad, lo aprueban, pedimos que vete esta arbitrariedad”, sentenció Ortiz.

Otro aspecto que fue duramente criticado por las organizaciones es la falta de asignación de fondos para las víctimas, aunque hablan de reparación frente a los proyectos de vida que fueron truncados por el conflicto armado, reprochó Eduardo García, de Pro-Búsqueda.

“Hoy los victimarios disfrazados de víctimas vuelven a negar justicia. En materia de reparación, endulzaron sus labios y les dieron comida amarga, porque las víctimas llegaron a esos foros por verdad, justicia y reparación. Y en esta propuesta preparada a espaldas de las víctimas dejan al Estado la tenencia de fondos para la reparación de las víctimas y les dicen (diputados) que ahora sí habrá reparación, pero no asignan fondos para ellas. El momento más reparador de una víctima es: primero, que crean en su testimonio, que estén delante sus victimarios y que estos reconozcan, para que haya una sanción acorde al delito y daño causado; es lamentable que haya dinero para los combatientes de uno y otro bando y no para los que recibieron el daño causado a las víctimas de estos dos bandos”, sentenció. Las organizaciones lamentaron, además, la “pasividad” del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, frente al proceso de formación de ley, que consideran “perversa” con las víctimas porque lo único que habrá serán “juicios simulados”, donde la víctima seguirá sufriendo la impunidad con la justicia.

Consideraron omisiones graves a la institución que representa la decisión del procurador de autonombrarse “vocero de las víctimas” y no pronunciarse por las irregularidades en la formación del proceso legislativo de esa ley.

En el Monumento a la Memoria y la Verdad, que es un memorial de 85 metros de longitud, hay 25,526 nombres grabados en piedra y fue construido con aportes de las organizaciones sociales y de derechos humanos, lo que constituye un homenaje y resarcimiento moral a las víctimas que fueron asesinadas, desaparecidas y torturadas durante el conflicto armado de los años ochenta; la justicia aún es una deuda pendiente del Estado salvadoreño.

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