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Miriam Gerardine Aldana, titular de la PGR y Yuridia Barahona representante del Consejo Noruego para Refugiados en El Salvador. Foto Diario Co Latino/Cortesía

Unen esfuerzos para atender víctimas del desplazamiento forzado

@DiarioCoLatino

Para unificar esfuerzos en la atención a personas víctimas del desplazamiento forzado interno por razones de violencia, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) establecieron acciones conjuntas que fortalezcan los derechos de las víctimas, con énfasis en la atención a la niñez y adolescencia.

Miriam Gerardine Aldana, titular de la PGR explicó que en el último año se atendieron más de 420 casos de desplazamiento forzado; de esa cifra, 230 fueron niños y adolescentes, quienes recibieron atención psicológica y legal para explicarles sus derechos como un posible grupo de migrante y generar en ellos la certeza de que la migración es la última alternativa.

“El desplazamiento forzado genera múltiples afectaciones, hay de carácter familiar, porque la familia es separada, teniendo generalmente los progenitores que buscar la migración, lo que implica dejar el cuido de los niños y adolescentes a terceras personas. También implica un impacto de carácter económico, porque el grupo poblacional activo y que trabaja tiende a abandonar el empleo y disminuyen los ingresos”, sostuvo Aldana.

Según la procuradora general, las instituciones del Estado deben estar conscientes de que el desplazamiento forzado es un fenómeno existente, aun cuando la Sala de lo Constitucional tuvo que ser quien pusiera en evidencia dicha situación y obligar a las instituciones del Estado a actuar.

“El desplazamiento forzado interno es producto de la violencia generalizada; sin embargo, la PGR atiende a estas personas porque es su mandato constitucional, aunque antes se atendían a estas víctimas por cada área que solicitaban la ayuda”, agregó la funcionaria.

Entre los compromisos adquiridos con el NRC están garantizar que, en todas las acciones ejecutadas, se respeten los enfoques de Derechos Humanos, Género, Interseccionalidad e Inclusión Social; así como, los principios de igualdad, no discriminación y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, en especial los derechos de la niñez y adolescencia.

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