Editorial
A menos de tres semanas para que concluya el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños, y ante el silencio e inactividad total del oficialismo, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, hizo un llamado al gobierno para que “por humanismo haga gestiones bilaterales, a favor de más de 200 mil salvadoreños que ya tienen un cuarto o la mitad de su vida residiendo en los Estados Unidos.
“Para todos los gobiernos, no importa si eran de derecha o de izquierda, el TPS era una prioridad para ellos, porque saben lo importante que era para estos salvadoreños el continuar su vida en Estados Unidos”, recordó la diputada Villatoro.
El vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) está previsto para el próximo 9 de septiembre; hasta el momento, la administración de Donald Trump no ha informado sobre su extensión. Y esto es lo menos probable, dado que, una de las principales banderas de Donald Trump en su campaña electoral para el segundo mandato fue precisamente expulsar a todos los migrantes que no tuvieran la categoría de residentes o ciudadanos.
El pasado 26 de julio, el presidente Nayib Bukele y Donal Trump tuvieron una reunión en la Casa Blanca, en la que se esperaba que Bukele llevara en su agenda el tema del TPS, pero, al parecer, ese tema no estaba entre sus prioridades. Ha pasado un mes, y Bukele no ha informado de esa reunión, tampoco ha dado una postura oficial como gobierno, de cómo piensa enfrentar la llegada obligatoria de 200 mil salvadoreños después de 20, 25 o 30 años de estar en Estados Unidos cubiertos con programas especiales.
Bukele, a pesar de que se jacta de su “amistad” con Trump, no la ha utilizado para favorecer a los salvadoreños en Estados Unidos. Y es que los indocumentados no han sido prioridad para Bukele, solo los que están con documentos legales, pues esos no solo son “remeseros”, sino que se han convertido en turistas y con gran capacidad de consumo.
De hecho, ni la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos ha movido un dedo para hacer lobby a favor de los salvadoreños indocumentados o con programas como el TPS. “Nosotros tenemos una representación de El Salvador en los Estados Unidos, y yo lo que veo son desfiles de modas, pero no veo reuniones serias en las que se busque esa continuidad del TPS con los salvadoreños”, criticó la funcionaria en referencia al nulo papel de la embajadora Milena Mayorga Varela.
Ante la falta de accionar del gobierno de Bukele, han sido las diferentes organizaciones de migrantes en diferentes Estados las que han mantenido cabildeos y diversas actividades a favor de los “tepemesianos”, y han denunciado el nulo accionar del gobierno a favor de sus intereses.
Paradójicamente han sido los congresistas y senadores de los Estados Unidos los que han hecho llamados al gobierno de Trump, para que no suspenda el TPS.
Hace más de un mes un grupo de 80 congresistas de Estados Unidos, encabezado por el senador James McGovern solicitó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños.
Los argumentos esgrimidos por los congresistas fueron:
- Persistencia de crisis: Sostienen que persisten las condiciones que originaron el amparo en 2001, sumadas a nuevas crisis de derechos humanos y económicas.
- Impacto económico: Destacan que los beneficiarios aportan unos 5,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan 1,500 millones en impuestos.
- Costo de deportación: Advierten que expulsar a los amparados costaría más de 3,000 millones de dólares en gastos logísticos y judiciales.
- Familias afectadas: Protegería a más de 200,000 salvadoreños que han vivido en el país por 25 años y evitaría la separación de unos 150,000 niños ciudadanos estadounidenses.
Es sorprendente y reprochable que el gobierno de Nayib Bukele, ni por humanismo, diga nada sobre el tema, a pesar de la zozobra que viven no solo los 200 mil salvadoreños beneficiados con el TPS, sino sus familiares en El Salvador.
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