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Editorial
Los familiares y miembros de organizaciones populares y de la sociedad civil desarrollan diversas actividades, tanto frente a los centros penales como en lugares de gran afluencia de la sociedad, para denunciar y exigir la liberación de los presos políticos de El Salvador.
Es preciso recordar que, de acuerdo con el recuento de organizaciones de derechos humanos y comités de familiares, se estima que en el país hay al menos 86 presos políticos bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Organizaciones como Cristosal y el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) son las que llevan los mejores registros de los detenidos políticos, pero también de otros perseguidos políticos, quienes se han visto obligados a exiliarse.
Algunos de los reos políticos bajo de Nayib Bukele son:
Ruth López: abogada y jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, fue detenida de forma ilegal bajo cargos de peculado, pero días después, el delito fue cambiado a supuesto enriquecimiento ilícito o apropiación de fondos. Ruth está por cumplir año y medio de prisión sin que se le haya programado la audiencia respectiva, como una medida para alargar su caso y mantenerla en prisión injustamente.
Los abogados de López y los familiares han solicitado a la banca nacional un informe financiero de Ruth, para desvirtuar el enriquecimiento, pero la banca se niega a facilitar esa información que es clave para demostrar su inocencia.
El Hospital Nacional de la Mujer también se niega a entregar a la familia de López y a su defensa técnica el expediente médico, luego de que fuera operada de un tumor sin que la familia se diera cuenta, y mucho menos la defensa de la abogada.
Ernesto Muyshondt: exalcalde de San Salvador, hecho prisionero por un supuesto delito que no merecía cárcel; cuando fue declarado inocente le fueron creando otros delitos una y otra vez. Hoy guarda prisión por presuntas negociaciones con las pandillas. Lo curioso es que investigaciones periodísticas han demostrado que el gobierno de Nayib Bukele también ha negociado con pandillas y no ha habido ninguna consecuencia.
Enrique Anaya: abogado constitucionalista. Al igual que otros reos, Anaya está preso sin que su familia y defensa puedan verlo por supuestos delitos de enriquecimiento, pero el verdadero “delito” fue su insistente crítica contra el gobierno de Bukele por haber violentado una y otra vez la Constitución.
Fidel Zavala y una veintena de líderes de La Floresta están siendo procesados; el primero por denunciar abusos en prisión mientras estuvo preso en su primera ocasión, y el resto por supuesta “usurpación”. Los abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), organización de la que formaba parte Zavala, es decir, Ivania Cruz y Rudy Joya, fueron perseguidos hasta en España, luego que un juez local ordenara orden de captura internacional.
Ivania Cruz y Rudy Joya, con ayuda de organismos internacionales, fueron protegidos por el Gobierno de España al concederles asilo político por la persecución del gobierno de Bukele.
Eugenio Chicas, un político de izquierda y exfuncionario. Fue capturado el 13 de febrero de 2025, luego de dejar a su pequeño hijo en las puertas del colegio para párvulos donde estudiaba el menor.
A Chicas lo acusan de enriquecimiento ilícito, pero, en el país, todos saben que fue una medida ordenada por el ejecutivo por su valiente e insistente crítica al gobierno de Bukele por el retroceso de la institucionalidad democrática.
Chicas le ganó a Bukele un juicio por difamación el 7 de marzo de 2019, y Bukele tuvo que pagarle 50 mil dólares como compensación.
Atilio Montalvo, José Santos Melara de la Alianza El Salvador en Paz. Entre el 30 y 31 de mayo de 2024, el alto mando de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenó y desarrolló un operativo para capturar a los líderes de la Alianza El Salvador en Paz, una organización conformada por excombatientes de la guerrilla y veteranos de la Fuerza Armada.
Los capturados, además de Atilio Montalvo y José Santos Melara, son Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y el comunicador social Luis Menjívar.
Los líderes de la Alianza fueron acusados, sin prueba alguna, de preparar acciones “terroristas” durante la toma presidencial en el segundo mandato de Bukele por ser inconstitucional.
A todos estos reos políticos les han aplicado el régimen de excepción, que consiste en tenerlos en prisión de forma indefinida, sin el debido proceso, sin permitir la visita de la familia ni de su defensa. Muchos de ellos, se sabe, tienen graves problemas de salud por su edad y por la falta de medicamentos oportunos y adecuados para sus enfermedades crónicas.
