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La fábrica del aplauso: gobiernos que sobreviven a su propia gestión

Omar Salinas

Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública

En América Latina prospera una contradicción política que debería sacudir la conciencia pública: gobiernos que hipotecan el futuro, administran el dinero colectivo como patrimonio de sus proyectos y exhiben una popularidad que parece inmune a sus decisiones. El ciudadano paga la factura; el gobernante inaugura el espectáculo. Cuando llegan las preguntas incómodas, la maquinaria de comunicación se encarga de que nadie escuche las respuestas pendientes.

No basta con llamar ineficientes a estos gobiernos. Esa palabra supone que intentaron alcanzar el bienestar general y fracasaron. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿para quién funcionan? Porque un proyecto político puede dejar hospitales sin insumos, escuelas sin recursos y trabajadores sin oportunidades, mientras distribuye contratos, privilegios, acceso y protección entre círculos cercanos al poder. El fracaso de la mayoría puede convivir con el éxito de una minoría perfectamente organizada.

La deuda pública se presenta como inversión en el mañana, aunque mañana lleguen los intereses, los recortes y las obligaciones que nadie explicó. Se anuncian obras como si su sola existencia justificara cualquier costo. Se celebran cifras descontextualizadas. Se confunde gastar con desarrollar y endeudarse con progresar. El presupuesto deja de ser una herramienta de bienestar y se convierte en combustible para sostener una imagen de grandeza.

Para que semejante contradicción sobreviva, hace falta algo más que publicidad: hace falta degradar el debate. La adulación reemplaza al análisis; el entrevistador complaciente administra preguntas inofensivas; el comentarista de alquiler convierte decisiones ordinarias en hazañas históricas. Los errores se encogen, los anuncios se inflan y los hechos incómodos desaparecen bajo toneladas de ruido digital. No se busca comprender la realidad, sino fabricar una versión conveniente de ella.

En ese mercado de apariencias, las redes de cuentas coordinadas, los mensajes repetidos y los medios alineados pueden multiplicar una consigna hasta convertirla en ambiente. La cantidad de aplausos pretende sustituir la calidad de los argumentos. El ciudadano recibe celebraciones interminables mientras el empleo, los salarios, los servicios y la seguridad económica de su familia siguen esperando explicaciones. El espectáculo no resuelve esas carencias: compite por impedir que ocupen el centro de la conversación.

También hay que mirar hacia arriba, donde se encuentran el poder político y el económico. ¿Quién obtiene las concesiones? ¿Quién gana los contratos? ¿Quién consigue exenciones? ¿Quién presta al Estado y quién cobra después? El silencio de determinados grupos empresariales no responde: exige mayor escrutinio. Una sociedad no puede conformarse con escuchar discursos sobre prosperidad sin conocer cómo se reparten sus beneficios y cómo se socializan sus costos.

La concentración institucional agrava el problema. Cuando los controles pierden autonomía, la rendición de cuentas se vuelve ceremonia y la crítica encuentra obstáculos, la supervivencia del gobierno deja de depender exclusivamente de sus resultados. Un parlamento obediente no reemplaza el escrutinio. Un tribunal sin independencia no ofrece garantías. Una elección no agota la democracia. Ninguna encuesta, por elevada que sea, puede borrar la obligación de explicar qué se hizo con el dinero de todos.

Lo más inquietante es la transformación de la ciudadanía en público cautivo de una competencia de lealtades. Se le pide escoger entre el líder y sus críticos, como si exigir cuentas equivaliera a traicionar al país. Así, la discusión abandona las políticas concretas y se refugia en identidades. El gobernante recibe indulgencia ilimitada; el ciudadano aprende a celebrar incluso aquello que debería examinar con rigor.

La región necesita una pregunta menos cómoda que la habitual disputa sobre popularidad: ¿por qué ciertas decisiones que podrían provocar una crisis de credibilidad bajo controles rigurosos apenas alteran su relato triunfal? La respuesta debe buscarse en la distribución del poder, la debilidad de la fiscalización, los intereses que reciben beneficios y la industria que convierte la política en espectáculo.

No hay democracia saludable cuando la crítica se castiga socialmente, la información se convierte en mercancía partidaria y el éxito oficial se mide por la intensidad del aplauso. El poder que necesita exagerar cada acierto y esconder cada costo revela, precisamente, cuánto teme una evaluación pública sin escenografía ni intermediarios complacientes.

La medida de un gobierno no es mantenerse en escena, sino el destino de la sociedad que administra. Cuando el poder celebra mientras la población paga, permanecer deja de ser mérito suficiente. El aplauso no cancela la deuda. La propaganda no crea empleo. La adulación no construye instituciones. La permanencia en el poder solo adquiere sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida, instituciones sólidas y oportunidades reales para todos.

 

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